El canciller venezolano, Yvan Gil, anunció la decisión del gobierno de “suspender las actividades” de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país, instalada en 2019, y ordenó la salida de su personal en 72 horas.
El anuncio sigue a un comunicado de la entidad de la ONU que expresó “profunda preocupación” por la detención de la activista venezolana Rocío San Miguel, crítica del presidente Nicolás Maduro y acusada de “terrorismo”.
“Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que, lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular del grupo de golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”, dijo Gil, quien indicó que la decisión se mantendrá “hasta tanto rectifiquen, públicamente, ante la comunidad internacional, su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas”.
Gil señaló que el Gobierno realizará “una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la carta de entendimiento firmada con dicha oficina en los próximos 30 días”, y ordenó “que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas”.
La oficina técnica de asesoría del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se instaló en Venezuela en 2019, cuando la expresidenta chilena Michelle Bachelet ocupaba esa posición. Antes de dejar el cargo, Bachelet dijo que veía progresos en materia de derechos humanos en Venezuela, pero que aún quedaba “mucho por hacer”.
Su sucesor, Volker Türk, visitó Venezuela en enero de 2023, cuando se acordó que la oficina seguiría operando por dos años más. Durante su estancia, animó a las autoridades a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente e insistió en tomar medidas para poner fin a las torturas.
El comisionado se reunió entonces con diversos sectores de la sociedad civil, así como con autoridades del Gobierno, y atendió denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales. Señaló que hubo restricciones para acceder a algunos centros de detención en el país.
La labor principal de la oficina técnica consiste en “brindar apoyo para la implementación efectiva de las recomendaciones emitidas” en los informes que el alto comisionado presenta al Consejo de los Derechos Humanos. Desde 2019, suman al menos seis reportes sobre la situación en Venezuela.
Cabe recordar que el secretario general de la ONU, António Guterres, se reunió ayer 14 de febrero con el presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, para hablar sobre la situación respecto a Venezuela y la disputa respecto al Esequibo, territorio guyanés que Caracas reclama como propio y que, además, coincide con la presidencia de Guyana del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
El caso San Miguel
Rocío San Miguel es directora de la ONG Control Ciudadano, que registra casos de violaciones de derechos humanos en civiles y militares. Es, además, una autoridad en temas de la Fuerza Armada.
Fue detenida el 9 de febrero cuando se disponía a viajar al extranjero junto a su hija, quien también había sido detenida pero quedó en libertad condicional.
La fiscalía la acusó de “traición a la patria”, “terrorismo” y “conspiración”, al vincularla “de manera directa” con un supuesto plan para asesinar a Maduro. Su exesposo, el coronel retirado Alejandro José Gonzales, también fue capturado bajo sospecha de “revelación de secretos políticos y militares”.
Sus dos hermanos y el padre de su hija también fueron detenidos, aunque luego serían excarcelados. Estados Unidos y la Unión Europea, al igual que la oficina de derechos humanos de la ONU, expresaron “profunda preocupación” por el caso.
“Si está preocupada por los derechos humanos de los venezolanos lo primero que tiene que hacer (la oficina de la ONU) es cooperar de manera estrecha con el Gobierno nacional”, manifestó Gil, que tachó a la representación de “oficina hemipléjica”.
*Con información de la AFP.