En medio de la tensión que se derivó en Brasil por cuenta de la revuelta popular del pasado 8 de enero, donde simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro se tomaron sedes de los diferentes poderes del poder público en la ciudad de Brasilia, se ha conocido una serie de acciones emprendidas por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva que van orientadas a propender por un espacio apto para su gobernabilidad.
En ese sentido, y frente a una tensa relación con la cúpula de las Fuerzas Militares de su país, el actual mandatario ha venido adelantando una suerte de ‘purga’ al interior de la Fuerza Pública que ha significado, a la fecha, la destitución de cerca de 80 uniformados, en su mayoría pertenecientes a los cuerpos de seguridad de las instituciones públicas.
Según refieren medios locales, una de las principales razones que habrían motivado al mandatario, en medio de la tensa convivencia, es limpiar a los cuerpos de seguridad de individuos que él ha sospechado podrían obrar como ‘infiltrados’, dada su cercanía con su antecesor, Jair Bolsonaro, advirtiendo que algunos de ellos podrían resultar más obedientes al expresidente que a la misma institución a la que pertenecen.
En ese sentido, otro de los síntomas que daría cuenta de la tensa realidad en el palacio del Planalto, sede de Gobierno del Ejecutivo brasileño y residencia de los presidentes, es que, transcurridos cerca de 20 días tras la toma de posesión de Lula, el mandatario y su primera dama aún no se han instalado oficialmente en su nueva residencia.
Algunos medios internacionales han asegurado al respecto que una de las razones es que Lula no termina de sentirse del todo seguro debido a las fichas bolsonaristas que aún circulan en el contexto.
No obstante, el mismo Lula ha señalado que están adelantando algunas adecuaciones, pues a su llegada de nuevo a la casa de gobierno no encontró “ni cama”.
Desde la misma institución castrense también se ha hecho evidente un malestar frente a la permanencia de algunos uniformados, más aún después de que en medio de las investigaciones sobre los asaltos a las sedes de los tres poderes públicos se hiciera evidente la participación o intervención de uniformados.
En el contexto también son recordadas las masivas concentraciones de simpatizantes de Bolsonaro que se tomaron lugares cercanos a las guarniciones militares posterior al conocimiento del triunfo de Lula, donde la masa con ideología de derecha se manifestó ante los militares abogando por que estos no permitieran la posesión de Lula, llamando incluso a que se tomaran el poder, en lo que se ha calificado como una incitación golpista.
Precisamente, durante los hechos violentos registrados en Brasilia el pasado 8 de enero, uno de los edificios gubernamentales que intentó ser tomado por la masa bolsonarista fue precisamente el palacio del Planalto, sede de la Presidencia, en medio de un cuestionado actuar de las autoridades encargadas de su custodia, donde, pese a la existencia de informes de inteligencia que daban cuenta del riesgo de revuelta popular, se optó por desmontar un operativo de refuerzo de seguridad enviando a los uniformados a descansar.
Los uniformados solo volvieron a ser llamados al servicio cuando la operación de la revuelta ya estaba consumada.
Visiblemente molesto por los ataques golpistas, pese a que estos no tuvieron éxito, Lula se manifestó el pasado miércoles a través de medios nacionales de Brasil, más precisamente en una entrevista otorgada al canal Globo, advirtiendo que buscará hacer justicia y cobrar la responsabilidad de todos los que participaron de las acciones para quebrar el orden constitucional, señalando que quienes depusieron sus armas contra el Gobierno serán objeto de castigo.
“Quien quiera hacer política que se quite el uniforme”, afirmó Bolsonaro al irse lanza en ristre contra uniformados a los que calificó de fieles a Bolsonaro, advirtiendo que quizás el expresidente había planeado retomar el poder a través de la fuerza luego de haber perdido el derecho a la continuidad al ser derrotado en las urnas.
Para algunos analistas citados por medios internacionales, como Fabio Víctor, existen rasgos que evidencian la simpatía de algunos altos militares frente a lo ocurrido el pasado 8 de enero, pues ante las protestas derivadas del triunfo de Lula, algunos habían manifestado que eran simples ejercicios de libertad de expresión, y que en ese orden debían ser respetados.
Para el experto, citado por el diario El País de España, dichas protestas podrían haber sido vistas como el ‘embrión’ de lo que finalmente terminó por suceder la semana anterior en Brasil, advirtiendo que la inoperancia de las autoridades para ahogar las protestas son signos de su beneplácito, recordando incluso que algunos familiares de los mandos castrenses también estaban tomando parte de ellas.
Actualmente, avanzan las investigaciones para determinar las responsabilidades en las tomas a los distintos edificios oficiales, en hechos que dejaron cerca de 350 personas detenidas, a los que se suman otros 220 que son investigados en libertad.
En medio de las enemistades planteadas entre Lula y los militares, el mandatario también llegó incluso a insinuar que los militares favorecieron la toma del Planalto, e incluso habrían abierto las puertas para facilitar el acceso de los manifestantes, siendo consciente además de que, desde que ganó su regreso al poder, las relaciones con el Ejército serán más complejas que en sus primeros períodos presidenciales, pues la institución castrense viene de un cuatrienio marcado por el alto poder político que tenían durante la era Bolsonaro, siendo este un militar retirado.
En ese sentido, medios internacionales destacan cómo el gabinete de Bolsonaro también contaba con presencia de uniformados retirados, en un escenario garantista y lleno de beneficios para el Ejército de su país.