El Gobierno japonés planea verter agua residual de una planta nuclear al océano después de haberla tratado con un sistema de descontaminación que elimina los elementos radiactivos, a excepción del tritio, que será diluido.
El proyecto ya había sido aprobado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), pero el Gobierno japonés había declarado que el vertido del agua no comenzaría hasta después de la “revisión completa” cuyos resultados fueron presentados por el jefe de la organización Rafael Grossi.
La OIEA indicó en las últimas horas en su informe final sobre la liberación al mar del agua tratada procedente de la central nuclear de Fukushima que el plan trazado por el Gobierno japonés “cumple con los estándares” a nivel internacional para verter este tipo de residuos nucleares.
El informe, de vital importancia para el inicio del procedimiento, ha sido presentado por el director general del organismo, Rafael Grossi, durante una visita al país asiático, donde se ha reunido con el primer ministro, Fumio Kishida, precisamente para abordar este asunto.
Así, ha destacado que la liberación del agua, tras ser sometida al Sistema Avanzado de Procesamiento de Líquidos (ALPS), supone un “impacto radiológico bajo” para la población y el medio ambiente. El informe llega tras casi dos años de trabajo de los especialistas del OIEA, que han revisado los estándares de seguridad japoneses con la vista puesta en la protección y la seguridad.
“Basándonos en el informe exhaustivo, el OIEA ha concluido que estas operaciones para liberar agua mediante el sistema ALPS cumplen con importantes estándares de seguridad a nivel internacional”, ha manifestado Grossi, que ha recordado que fue Japón, precisamente, quien solicitó al OIEA realizar esta revisión detallada.
El triple terremoto-tsunami-accidente nuclear del 11 de marzo de 2011 provocó la fusión de tres reactores de la central de Fukushima, en el accidente nuclear más grave desde el de Chernóbil. La catástrofe provocó fugas radiactivas que obligaron a decenas de miles de habitantes de las zonas circundantes a evacuar sus hogares con urgencia.
Aunque se espera que la descontaminación y el desmantelamiento de la central duren varias décadas, Japón se enfrenta al problema inmediato de almacenar alrededor de 1,33 millones de toneladas de agua de lluvia, las aguas subterráneas y las inyecciones necesarias para enfriar los núcleos de los reactores nucleares en el emplazamiento de la central, que pronto se saturará.
Para la purificación y el tratamiento de esta agua antes de su liberación al mar, Japón la somete al ALPS, que permite eliminar las sustancias radiactivas en su práctica totalidad, a excepción del tritio (un isótopo natural del hidrógeno), de forma que esté diluida y los niveles de radiación cumplan con los estándares internacionales.
Durante los dos últimos años, el grupo de trabajo del OIEA ha realizado cinco misiones en Japón y ha publicado seis informes técnicos sobre el asunto. Además, los equipos de expertos han visitado la zona en varias ocasiones para analizar la situación.
Desde Tokio insisten en que la reconstrucción es fundamental para la central, un proceso que pasa por adquirir más espacio en los tanques en los que se encuentra almacenada esta agua, especialmente ante la preocupación de algunos expertos que temen que estos colapsen en caso de que se produzca un nuevo desastre natural doce años después de que se produjera la catástrofe nuclear de 2011.
“El OIEA seguirá ofreciendo transparencia a la comunidad internacional mediante datos verificables e informes científicos que permitan mostrar su entendimiento durante todo el proceso”, ha manifestado Grossi antes de manifestar que las revisiones del organismo continuarán “a medida que se lleva a cabo el vertido”.
En este sentido, ha destacado que eso permitirá “garantizar que los estándares de seguridad se siguen aplicando de cara a un proceso que podría durar décadas”, si bien ha matizado que el informe no es “ni una recomendación ni una forma de respaldar la política” adoptada por Japón.
“El OIEA seguirá realizando sus revisiones imparciales, independientes y objetivas durante todo el proceso”, ha asegurado Grossi, que ha añadido que seguirá adelante con la “monitorización vía online” mientras los equipos del organismo “siguen en el terreno”.
*Con información de Europa Press y AFP.