Una comisión de expertos independientes acusó este lunes a instituciones mexicanas de obstruir sus investigaciones alrededor la desaparición de 43 estudiantes en 2014. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) aseguró que esos organismos, a los cuales no identificó, se resisten a entregar información necesaria para avanzar en las investigaciones, incluidos datos de inteligencia.
A su juicio, hay “simulación” por parte de algunas autoridades para hacer creer que cumplen la orden del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de facilitar las pesquisas, cuando en realidad no lo hacen.
“Hubo personas que generaron una simulación a la orden de entregar los documentos. Hoy todavía hay instituciones que no entregan” ese material, dijo Ángela Buitrago al presentar el tercer informe de trabajo del GIEI.
La comisión fue creada en noviembre de 2014 por un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado mexicano para esclarecer la desaparición de los alumnos de la normal de Ayotzinapa (estado de Guerrero, sur). Claudia Paz, también integrante del GIEI, señaló que los investigadores han pedido especialmente informes de inteligencia que no han sido entregados.
Los 43 jóvenes desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala (Guerrero), en uno de los peores casos de violación de derechos humanos en México, que generó una amplia condena internacional. Hasta ahora solo han sido identificados los restos de tres víctimas por parte de expertos del Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Innsbruck (Austria).
Paz manifestó que miembros del Ejército seguían los movimientos de los estudiantes dos días antes de la desaparición. “Las autoridades en aquel momento contaban con información prácticamente minuto a minuto de lo que estaba ocurriendo”, detalló.
Dijo que por ello, la misma noche del 26, las autoridades tanto a nivel local como nacional sabían “qué estaba ocurriendo en el momento de la detención y posterior desaparición de los estudiantes”, aunque esa información no fue entregada para las indagatorias.
“Esta información hubiera sido importantísima para poder esclarecer el caso, pero no fue entregada a las autoridades sino hasta ahora”, subrayó. El día de los hechos, decenas de normalistas se dirigieron a Iguala para hacerse con autobuses que querían usar en unas manifestaciones.
Según la llamada “verdad histórica” que planteó el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), los jóvenes fueron detenidos y entregados por policías locales a narcotraficantes del Cártel Guerreros Unidos, al ser confundidos con integrantes de una banda enemiga.
Tras ser baleados, sus restos fueron incinerados y arrojados a un basurero, de acuerdo con esa tesis, rechazada por familiares de las víctimas, el GIEI y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Según la versión que defienden las familias y las ONG, los jóvenes fueron asesinados y desaparecidos en complicidad con las autoridades mexicanas y de la zonas donde fueron vistos por última vez, cuando se movilizaban hacia una manifestación.
Desde entonces, las autoridades han intentando encontrar los restos de los estudiantes, sin embargo, no han se ha dado resultado hasta el momento, a pesar de múltiples intentos con fosas comunes encontradas en la zona y restos de cuerpos incinerados hallados también a través de testimonios con los habitantes y supuestos testigos.
Con información de AFP.