Organizaciones alemanas y expertos europeos saludan el anuncio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre el reinicio de la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes del magisterio de la Escuela Rural de Ayotzinapa, pero dudan de la voluntad política para investigar a fondo el papel de Ejército mexicano. La fiscalía general mexicana anunció el 18 de septiembre pasado que reiniciará desde cero la investigación por la desaparición de los estudiantes, debido a las serias anomalías y negligencias de la pasada administración.
"Es una buena noticia que un gobierno diga vamos a empezar de nuevo y que reconozca que la investigación no se hizo bien. Eso es saludable, interesante. El gran riesgo es que desgraciadamente sea un anuncio simbólico y político más. No estoy seguro de que el gobierno actual tenga la disposición de investigar el papel del Ejército, con el que está trabajando muy estrecha y muy estratégicamente. No creo que al Ejército mexicano le caiga muy bien si López Obrador anuncia que se va a empezar a interrogar a toda la gente que estaba en esa noche en Iguala", afirma el politólogo francés Romain Le Cour Grandmaison, que dirige el centro de investigación Noria Research en París. El investigador galo destaca que la cifra inoficial de las desapariciones aumenta y la incapacidad de las autoridades para investigar en materia penal, jurídica y policial sigue siendo tan desastrosa como hace cinco años.
Conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la presencia de los padres de los estudiantes desaparecidos, en diciembre de 2018 . Las fuerzas armadas gozan de un fuero efectivo La falta de transparencia en las investigaciones es para el politólogo alemán Günther Maihold un síntoma de las dificultades para lograr establecer un Estado de Derecho en México. El subdirector de la Fundación Ciencia y Política, un think tank con sede en Berlín, considera que las fuerzas armadas siguen gozando de un fuero efectivo en la investigación. "Es muy difícil imaginarse que puedan salir nuevas pruebas a cinco años de los hechos. El interés político de López Obrador por distanciarse del gobierno anterior es una medida oportuna para generar apoyos, pero no necesariamente promete que en realidad lleguemos a la verdad en este caso". Maihold criticó la incapacidad de la comunidad internacional para presionar a México para que siguiera las recomendaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su informe presentado en 2016.
Maihold destaca la necesidad de mejorar el funcionamiento de las agencias de seguridad del Estado, con transparencia en su actuación y una mayor capacidad en el manejo de pruebas y escenas del crimen, así como un interés real del Estado por reconocer a las víctimas e indemnizarlas oportunamente.
Numerosos policías municipales fueron detenidos tras la desaparición, ahora están siendo liberados debido a las declaraciones bajo tortura y a la manipulación de las pruebas. ¿Logrará una nueva investigación una narrativa creíble? El académico británico Rupert Knox, de la Universidad de Sheffield, coincide. "Las señales son positivas hasta ahora, pero no han conducido a un resultado fiable. La pregunta es si una nueva investigación logrará una narrativa creíble de los sucesos ocurridos en septiembre de 2014 y podrá llegar hasta la verdad sobre lo que sucedió a los jóvenes y sobre su paradero. Posiblemente una pista es el Ejército, que cerró los ojos ante lo que sucedía o tuvo una mayor participación, así como la actuación de las autoridades federales, que encubrieron a los criminales y sus actividades". Knox destaca que las investigaciones tienen que estar respaldadas por evidencias para llevar a la justicia a los perpetradores, incluyendo a las autoridades que pervirtieron la investigación en un inicio. Debido a estas anomalías, han sido liberados más de 70 inculpados, entre ellos Gildardo López Astudillo, "El Gil", señalado de ser el líder local de la organización criminal Guerreros Unidos. "Hay otros 50 o 60 más que siguen en prisión, pero también podrían ser liberados debido a que los jueces dictaminaron que las evidencias no son admisibles", dice Knox.
Protestas en Alemania contra el fabricante de armamento Heckler & Koch Rastro de impunidad La noche del 26 de septiembre de 2014 un grupo de estudiantes que se desplazaban en autobuses fueron atacados a tiros por policías en el municipio de Iguala, en el sureño estado de Guerrero. En el ataque murieron seis personas y 43 jóvenes fueron supuestamente detenidos por policías municipales que los entregaron a criminales del cártel Guerreros Unidos. Los estudiantes habrían sido asesinados y sus restos incinerados en un vertedero de basura. Todo esto según la versión oficial, conocida como "verdad histórica".
El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó pruebas sobre la imposibilidad de que los 43 cuerpos fueran quemados en un basurero al aire libre, y reveló que parte de la versión oficial se basaba en testimonios de detenidos torturados. La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, techo de unas quince organizaciones alemanas que tienen un foco en México, afirma que Ayotzinapa es un caso ejemplar de la impunidad sistemática frente a las más de 40 mil víctimas de desaparición forzada en México. Pero señala en un comunicado que el rastro de impunidad llega hasta Alemania y recuerda que en la noche del ataque fueron utilizados fusiles de asalto Heckler & Koch, por lo que destaca la responsabilidad del gobierno alemán. "Aunque el fabricante alemán de armamento fue obligado a pagar una multa millonaria, no se demostró la culpabilidad de los principales responsables y el papel de los funcionarios alemanes en la operación no fue suficientemente aclarado", dice el comunicado.