El gobierno de Bolivia rechazó este martes la propuesta del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, de otorgar asilo político a la que fuera su par de Bolivia Jeanine Áñez, condenada a 10 años de prisión por tomar el mando irregularmente tras la renuncia de Evo Morales en 2019.
“Lamentamos las desafortunadas declaraciones (...), que son absolutamente impertinentes; hacen una inapropiada injerencia en asuntos internos”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta. “Bajo ningún concepto se puede aceptar la injerencia en las decisiones que soberanamente le corresponden a la justicia boliviana”, añadió.
Además, Mayta defendió la condena e informó que Bolivia presentará un “reclamo diplomático” al país vecino. Bolsonaro había dicho el domingo que haría “lo que fuera posible” para que Áñez vaya a Brasil “si el Gobierno de Bolivia acepta” y que la exmandataria (2019-2020) está “presa injustamente”.
Áñez, que se define como presa política, agradeció a Bolsonaro en Twitter desde el penal de La Paz donde se encuentra recluida, pero aseveró que “no se fue ni se irá del país”.
La justicia considera que Áñez, de derecha, alcanzó la presidencia de forma inconstitucional en noviembre de 2019 tras la renuncia del izquierdista Morales (2006-2019) en medio de protestas multitudinarias por un supuesto fraude electoral denunciado por la Organización de Estados Americanos (OEA). La condena contra la expresidenta fue rechazada por la oposición, Estados Unidos y la Unión Europea.
Por su parte, un relator de la ONU sobre la independencia judicial aseguró que Áñez, juzgada por la vía ordinaria, tiene “derecho a un juicio de responsabilidades” ante el Congreso “al margen de cómo surgió su mandato”.
Áñez, la entonces poco conocida segunda vicepresidenta del Senado, llegó a la presidencia con el fin de organizar nuevas elecciones después de que renunciaran todos los que tenían que suceder a Morales: el vicepresidente, la titular de la Cámara Alta y el presidente de la cámara de diputados. El Tribunal Constitucional avaló el procedimiento por el cual Áñez alcanzó la presidencia.
Brasil fue de los primeros países en reconocer su Gobierno, a lo que se sumaron Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia, entre otros. Los comicios se celebraron en octubre de 2020 tras dos aplazamientos debido a la pandemia, y tuvieron como ganador a Luis Arce, delfín de Morales.
Áñez fue detenida en marzo de 2021 y condenada el 10 de mayo. También es señalada por “genocidio”, que conlleva penas de cárcel de entre 10 y 20 años, a raíz de la denuncia de familiares de víctimas de la represión de noviembre de 2019.
Por su parte, Estados Unidos comparte la preocupación de la ONU sobre “el debido proceso” en el juicio de la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez, condenada a 10 años de prisión, afirmó este miércoles el jefe de la diplomacia para América Latina y el Caribe.
“Compartimos las preocupaciones de @UNIndepJudges y @UNHumanRights respecto al debido proceso” en el juicio de Jeanine Áñez, afirmó Brian Nichols en un tuit refiriéndose al relator de la ONU sobre la independencia de magistrados y jueces y la oficina de Naciones Unidas para los derechos humanos.
Áñez, una exsenadora derechista, fue condenada este mes a 10 años de prisión por actos inconstitucionales e incumplimiento de deberes al asumir el mando en noviembre de 2019, dos días después de la renuncia del presidente Evo Morales en medio de protestas. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OCNUDH) y la Unión Europea sostienen que el juicio se vio empañado por vicios procesales.
El Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido de Morales y de su delfín, el actual presidente Luis Arce, estima que Áñez violó normas y perpetró un “golpe de Estado” contra el exmandatario izquierdista (2006-2019). Según Estados Unidos, el sistema judicial boliviano está politizado.
Con información de AFP.