Rocas, bloques de cemento, neumáticos carbonizados. Cuando llegué a El Alto, municipio adyacente a la ciudad de La Paz, a cada cruce de caminos, se erguían los restos de las barricadas edificadas para protestar contra el golpe que ha forzado al presidente Evo Morales a renunciar a la presidencia el 10 de noviembre y a abandonar Bolivia. Los bloqueos y las protestas se han extendido hasta el 25 de noviembre, con un saldo de 30 muertos, cientos de heridos, violaciones de derechos humanos y arrestos. Desde entonces Bolivia ha entrado en tregua, un interregno que se parece a la tierra de nadie entre facciones en conflicto.
En El Alto, los muros son cubiertos de mensajes de apoyo al expresidente, ahora solicitante de asilo en Argentina. Al borde de la carretera que se dirige al norte, yacían vehículos quemados. Las maquinarias habían logrado despejar sólo un carril y la micro tenía que avanzar zigzagueando. Dos días antes, la vía estaba cerrada. Una estudiante de la universidad para regresar a su municipio tuvo que salir a las tres de la mañana, llevando consigo solo el bolso de mano: “Los de las trancas no dejaban pasar nada. El conductor tuvo que pagar ocho o diez veces a los del bloqueo para poder transitar”. A mi llegada, las mercancías empezaban a fluir nuevamente hacia las ciudades, así como el combustible. Los problemas de abastecimiento se iban superando, y las personas miraban al futuro con cierta calma. La aprobación por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional de la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales, que anula los resultados de las elecciones generales del 20 de octubre y encarga el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de establecer un nuevo calendario electoral, ha brindado las condiciones mínimas para el restablecimiento de la paz social. En una esquina de la Plaza de Sorata, un municipio a la falda del macizo del Ancohuma, y al oeste del Lago Titicaca, bajo una carpa de un vendedor de películas, un grupo de hombres miraba las imágenes de un video de moda “Noviembre negro”. El documental cubre la violencia política desencadenada después de la renuncia forzada de Morales y los abusos cometidos contra los manifestantes. “¿Es optimista o pesimista?” pregunto a un hombre. “Optimista.” “Por qué?” “Las elecciones”, responde. Para Bolivia, los procesos electorales no sólo gozan de una historia pacífica, sino que se han usado para salir de crisis institucionales profundas y para la reconciliación. Esto podría no ser el escenario en las elecciones previstas para 2020, ya que la polarización étnico-política y el cierre de la participación política para candidatos del MAS podría desencadenar un nuevo conflicto.
Otro chico, de unos veinte años, no está de acuerdo: “Los collas (nda: las personas del altiplano) están enfadados”. Dice que Evo Morales ha devuelto la dignidad a su gente, y que ahora tienen miedo de perder lo que han logrado. Dice que el gobierno de transición está tomando decisiones y firmando decretos que sobrepasan lo que debería ser su rol. Evo Morales, el presidente que se quiso eterno Evo Morales, líder cocalero del MAS (Movimiento al Socialismo), fue elegido presidente por primera vez en 2005. Su llegada al poder se inscribe en el espíritu de la época; gobiernos de izquierda y progresistas ganaron las elecciones en gran parte de los países de América Latina en un sismo político que se definió como “la marea rosa”. Para Bolivia, el país más pobre de América del Sur, la presidencia de Evo Morales significó la toma del poder de los pueblos indígenas, de los excluidos; una ruptura en la cadena de gobiernos que representaban las oligarquías político-económicas del país. Evo prometió el fin de las políticas neoliberales, el inicio de un gobierno del pueblo, cuyo desarrollo se fundaba en el respeto de la diversidad étnica y de la madre tierra. El apogeo de Evo Morales se alcanzó en enero de 2009, cuando un referéndum ratificó la nueva constitución. La constitución de Bolivia refundó un Estado plurinacional, incluyendo disposiciones de retiro para todos los funcionarios públicos elegidos, la nacionalización de ciertos sectores económicos como la industria del gas, la descentralización del poder con cuatro niveles de autonomía y la centralidad de la etnicidad en la carta magna. Evo Morales fue reelegido en 2009 y de nuevo en 2014. A lo largo de su periodo de gobierno, la economía creció a una tasa promedio anual del 4.85 por ciento, la pobreza cayó del 60 al 36 por ciento y la pobreza rural del 80 al 55 por ciento; la prevalencia de retraso del crecimiento en niños menores de 5 años se redujo del 27 al 16 por ciento. Las desigualdades también disminuyeron (el índice de Gini pasó de 58.5 a 44) con un beneficio particular para poblaciones rurales e indígenas, históricamente excluidas de los dividendos del desarrollo. En 2015 Bolivia ha sido el primer país de la región a alcanzar la paridad en la participación de las mujeres en la política.
En febrero de 2016, Evo Morales perdió el referéndum en el que buscaba habilitarse para un cuarto mandato. Ese fue el punto de quiebre. La señal que la población, en su mayoría, pretendía una renovación del liderazgo político. Morales ignoró los resultados del referéndum y, por medio de una sentencia controvertida del Tribunal Constitucional, validada por el Tribunal Supremo Electoral, se abrió el camino para que él y su fórmula vicepresidencial, Álvaro García Linera, participaran como candidatos por el MAS en las elecciones primarias que se realizaron en enero de 2019. La oposición a la reelección se consolidó previo a la jornada electoral. Nacieron movimientos cívicos regionales, promoviendo marchas antigubernamentales y bloqueos institucionales. El Informe desfavorable de la OEA, con relación al análisis de integridad electoral puso de manifiesto los intentos de manipulación de los resultados de dicha elección. El mismo destaca que “el análisis estadístico reveló que la victoria en primera vuelta de Evo Morales fue estadísticamente improbable”. Los indicios de un fraude electoral, la oposición política, las amenazas a su círculo cercano y la intromisión del alto mando militar han causado la dimisión forzada de Evo Morales, su salida del país, la ruptura del orden constitucional y la creación de un gobierno de transición. El deterioro de la popularidad de Evo Morales está a la raíz de este golpe blando. Durante sus 14 años de gobierno, Evo Morales nunca quiso o logró consolidar su rol como mandatario de todo el país. “Su gobierno fue marcado por un fuerte sentimiento de revancha”, me explica un dramaturgo de Potosí. Es la revancha de los pueblos indígenas, de los collas, habitantes las regiones del altiplano. En su mayoría pertenecen a grupos étnicos Aimara y Quechua. Representan el caudal electoral del cual se ha nutrido el MAS. Si no se ha tratado de una revancha, el gobierno de Morales, por lo menos, ha tenido para los collas el mandato de saldar una deuda histórica. “Para ingresar a un edificio público, los collas debían hacerse acompañar por un abogado”, dice un conductor de la vereda de San Pedro. “Con Evo esto cambió.” Y el precio de este cambio los pagaron los cambas, los que viven en las regiones de clima más temperado de los valles, en las regiones de Santa Cruz y del Beni. Entre los cambas, que detienen fuerte poder económico en el oriente del país, se ha cimentado la oposición política al gobierno de Morales. Pero también en zonas urbanas de ciudades como La Paz, Cochabamba, Potosí, Tarija y Sucre. Los tres lustros de desarrollo económico han hecho crecer una clase media que ha accedido a oportunidades de estudios, empleos de buena calidad, cuyas aspiraciones no son recogidas en el discurso y las políticas del MAS. Al interno de las fuerzas militares, algunos oficiales nunca aceptaron de buen grado la alineación del gobierno con la ideología del ALBA. Las diferencias entre collas y cambas reflejan las de su territorio. Los indígenas del altiplano viven regiones frías, polvorientas, donde la tierra es seca y las mujeres que cargan bultos de aguayos con sus hijos se agachan para cultivar papas y habas utilizando herramientas que de poco o nada se diferencian de las de sus antepasadas. Los collas son personas austeras, parcas, cuya organización de vida se basa sobre estructuras comunitarias. Las ciudades de los collas, todas construidas más arriba de los 4,000 metros, han crecido por el desarrollo de la minería y las periferias urbanas son monótonas. Las calles de tierra son estrechas, pobladas de perros callejeros, con redes eléctricas anárquicas y sistemas de alcantarillados casi nulos. Mientras en el oriente, la tierra de los cambas, al piedemonte andino, las tierras son verdes, se producen frutas, flores, hay amplias extensiones para la ganadería, se explotan fincas agrícolas tecnificadas, la población en su mayoría habla castellano como primera lengua, es de descendencia europea, y se parece étnicamente a la población y las costumbres de las llanuras de Brasil. Son dos mundos, con tradiciones y economías distintas, con brechas de desarrollo que requerirán de mucho tiempo para reducirse.
Es difícil determinar lo que ha empujado a Evo Morales a buscar una nueva reelección. Puede haber elementos de apego al poder junto a la voluntad de perseguir con un proceso de transformación de país. Su decisión pudo ser determinada por la presión de los grupos de intereses a él afiliados acompañada por el sentimiento de ser el padre de la nación. Su culto personal es intoxicante. He recorrido por tierra más de mil kilómetros de Sorata a Tarabuco, pasando por Sajama. La imagen de Evo es presente cada doscientos metros. En los poblados que bordean las carreteras polvorientas del altiplano, su nombre está en cada muro, en cada obra, cada escuela. He presenciado algo similar solo en Cuba, antes de la muerte de Fidel, y en la Venezuela de Chávez. Es posible que Evo Morales no haya sido capaz de medir hasta qué punto había madurado la oposición política, sino también el descontento dentro de las fuerzas armadas y al interno del mismo MAS. Ya que quedó claro, ahora, que su propio partido, que tenía la mayoría en la Asamblea, sentía el rol despótico del poder ejecutivo sobre el legislativo al punto de aprobar por unanimidad de Ley de Régimen Excepcional y de tergiversar, esta semana, sobre la aprobación de un proyecto de Ley de garantías constitucionales, cuyo fin es el de conceder inmunidades al expresidente Evo Morales. A pesar de sus desaciertos, hay que reconocer que la salida de Evo Morales de Bolivia ha salvado centenares de vidas. Si el expresidente, en vez de refugiarse en México, hubiera decidido permanecer en Bolivia, llamando a sus bases a proteger su mandato constitucional, el país se hubiera enfrentado a un choque violento de gran magnitud. Este escenario, desactivado por el momento, es una posibilidad real en caso en el cual se cierren los espacios de participación política en la nueva contienda electoral. La transición, tres mujeres al poder y los riesgos de un nuevo conflicto En el vacío de poder creado por la renuncia forzada de Evo Morales, tres mujeres están ocupando las posiciones claves del Estado. En medio de la peor crisis institucional y política de Bolivia de los último 37 años, la senadora del partido de la oposición Unidad Demócrata Jeanine Añez asumió la presidencia temporal de Bolivia. Eva Copa, senadora del MAS, ha tomado la presidencia del Senado Nacional y la magistrada Cristina Díaz es al mando del Tribunal Supremo Electoral. Las expectativas de la población frente al gobierno de facto son dos: preparar la ruta a un nuevo proceso electoral y mantener la paz social que permita el desarrollo de las elecciones en condiciones de seguridad. Sin embargo, el gobierno de Jeanine Añez ha asumido desde su instalación una actitud revanchista. Añez firmó un decreto que eximió de responsabilidad penal a las fuerzas del estado en las funciones de restablecimiento del orden, lo que ha representado sin dudas uno de los factores que ha fomentado el uso desproporcionado de la fuerza contra las bases masistas y populares. En segundo lugar, mientras la fiscalía no está investigando los casos de violaciones de derechos humanos ocurridas después de la instalación del gobierno de facto, su poder está siendo desplegado para la persecución política de Evo Morales y de los representantes de su Gobierno. Contra Morales la fiscalía ha emitido una orden de arresto por sedición y terrorismo, lo que de hecho impide el retorno de ex presidente y su participación en actividades políticas. Esta cacería de brujas puede convertirse en una mecha de conflictividad relevante. El ejecutivo se arriesga a aumentar la polarización étnica y política, ampliar el conflicto entre collas y cambas, así como de radicalizar el debate preelectoral. Sus integrantes, en vez de transmitir un mensaje conciliador, dan muestra de actitudes racistas y clasistas. Las fuerzas armadas respaldan el gobierno de facto. El 4 de diciembre, han eliminado la consigna de “patria o muerte, venceremos”, que implantó Evo Morales inspirado en una frase de Fidel Castro, y han retomado el grito “subordinación y constancia, viva Bolivia”. Una anécdota que escuché por radio mientras me dirigía a Oruro, cargada sin embargo de contenido ideológico. La policía ha activado el plan de seguridad integral “Todos por Bolivia”, cuyo propósito es un fuerte despliegue de sus efectivos para asegurar el orden hasta la instalación del nuevo gobierno. En cuanto al Tribunal Supremo Electoral, la semana pasada se ha cerrado el proceso de inscripción de personas candidatas a los puestos de vocales (magistrados). Una vez se escojan los seis vocales nacionales, el TSE tendrá un periodo de 120 días para llamar a las elecciones. Las elecciones se prevén por eso entre finales de marzo y abril. El rol del nuevo TSE será clave para garantizar la transparencia del proceso electoral y la legitimidad del ganador. Entre los movimientos cívicos que han protagonizado la oposición a Morales en octubre, están surgiendo algunas figuras que es probable que se lanzarán a la presidencia, entre ellas las dos más destacadas son el cruceño Luis Fernando Camacho y el potosino Marco Pumari. Los dos, unidos para reclamar la renuncia de Eva Morales, ya se han separado y están buscando alianzas y fórmulas para competir en la contienda electoral. El 7 de noviembre el congreso masista se ha reunido en Cochabamba. El Congreso ha elegido Evo Morales como jefe de campaña del MAS para las elecciones del 2020, sin embargo, amenazado con una orden de arresto, parece improbable que Morales pueda regresar y tomar el liderazgo de la campaña. El partido todavía no ha nombrado su candidato presidencial y la fórmula vicepresidencial. Entre los jefes de fila, suenan con fuerza los nombres de Diego Pary, ex canciller, José Alberto Gonzales, embajador ante la OEA, Luis Arce, exministro de Economía, Eduardo Rodríguez Veltzé, ex delegado de Bolivia en la Haya y el dirigente cocalero Andrónico Rodríguez. En Sojama, una provincia a 4,200 metros de altitud, a la falda del homónimo volcán, hablo con la dueña de una tienda en la esquina de la plaza central quien alquila piezas a los forasteros. Cuando la interrogo sobre la crisis política, dice que la gente esperará los resultados de las elecciones. En el pueblo la mayoría de los hombres todavía no habían regresado de La Paz, donde se habían dirigido para sumarse a las protestas. Estos mismos hombres aimara son los que pueden volver a las barricadas en el caso en el cual: el legislativo no apruebe una ley que permita a Evo Morales de regresar a Bolivia para liderar la campaña de los candidatos del MAS, se consolide la persecución judicial contra los candidatos del MAS a la presidencia, o si hubiera dudas sobre la legitimidad de la victoria electoral. ¿Y las mujeres? A las mujeres parece que Bolivia le haya confiado los remos para transbordar el país en las aguas convulsas de la tregua, pero ningún nombre de mujer emerge cuando se mira el espectro de los posibles candidatos a la presidencia. El fin de semana, el mercado central de Sucre es animado, se vende fruta, verdura, queso, huevos, las vendedoras son locuaces. Por la tarde, las parejas de enamorados suben a ver el atardecer a La Recoleta y las familias llevan los niños para que suban y se tomen fotos usando como monturas los leones de bronce a los pies de la estatua del Gran Mariscal. Y sin embargo, esta es una calma densa. Los próximos dos meses serán clave para saber si Bolivia logrará transitar a un nuevo orden democrático, o si el conflicto étnico-político se reavivará. Mi percepción es que la afiliación política de las personas no dependa solo de sus ideas, en Bolivia, sino de su origen étnico y territorial. El gobierno de facto está exacerbando la fractura sobre la cual se construyó el botín político del MAS. El riesgo es que, de ganar un candidato de la región de Santa Cruz, la mayoría poblacional del altiplano, no viéndose representada, y sintiéndose destronada después de casi 15 años, pueda sentir que lo que ha ganado hasta la fecha se pueda revertir. Y que entonces nuevas barricadas serán erguidas para defender el Estado plurinacional y los derechos de los pueblos indígenas. En un país donde la venta de la dinamita es libre, un conflicto político deriva con facilidad en una confrontación violenta. Y, desafortunadamente, en el ajedrez político no se identifican personalidades con liderazgo suficiente para acompañar Bolivia en un proceso de regreso pacífico a la democracia. El caso de Evo Morales es paradigmático para el continente. Deja en evidencia el daño que provocan a las democracias latinoamericanas los sistemas políticos que permiten las reelecciones presidenciales. Las democracias requieren alternancia para permanecer saludables. La reelección crea un desequilibrio de poder que afecta la regla de peso y contrapeso, debilitando los poderes legislativos y judiciales, cuya función se desgasta de forma progresiva mientras se extiende el periodo presidencial. Los gobiernos democráticos no se pueden basar sobre cultos de personas y no hay presidentes eternos en democracia.