La ONG de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) aseguró este miércoles que el presidente Jair Bolsonaro “amenaza el sistema democrático” en Brasil, con sus frecuentes ataques a la corte suprema y al sistema electoral.
En un comunicado, HRW afirma que el mandatario “ha intentado intimidar al Tribunal Supremo, indicando que podría cancelar los comicios de 2022 (...) y violado la libertad de expresión de personas que criticaron su gestión”.
Todo ello es “parte de un patrón de acciones y declaraciones que parecen orientadas a socavar derechos fundamentales, instituciones democráticas y el Estado de derecho en Brasil”. Por ello, la ONG le acusa de “amenazar el sistema democrático”.
La campaña de Bolsonaro contra el Supremo Tribunal Federal (STF), que abrió varias investigaciones contra él y su entorno, y contra la fiabilidad del sistema de voto electrónico brasileño tuvo su apogeo el pasado 7 de septiembre, cuando se conmemoraba en el vecino país el Día de la Independencia.
Frente a miles de seguidores que salieron a las calles a manifestarle su apoyo en Brasilia y Sao Paulo, el mandatario anunció que rechazará las decisiones del juez del STF Alexandre de Moraes y arremetió contra el voto electrónico, según él fraudulento, afirmando que “sólo Dios” podría sacarlo del poder.
“El presidente Bolsonaro, ardiente defensor de la dictadura militar de Brasil, es cada vez más beligerante contra el sistema democrático de separación de poderes”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, en el comunicado.
El pasado jueves, Bolsonaro, un exparacaidista del Ejército, dio marcha atrás y aseguró que sus ataques y amenazas fueron pronunciadas “en el calor del momento”. “Sin embargo, no se retractó de su acusación infundada de que el sistema electoral brasileño no es confiable, una afirmación que reiteró el 7 de septiembre”, recordó la oenegé.
Asediado también por la inflación, el desempleo y una caótica gestión de la pandemia que erosionó su popularidad, Bolsonaro lleva meses desacreditando, sin pruebas, la urna electrónica, que se usa desde 1996, y pidiendo que se usen también papeletas impresas.
Según los sondeos, Bolsonaro sería ampliamente derrotado en las elecciones de 2022 por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien todavía no ha confirmado su candidatura.
Sin nada a favor
El presidente del Senado de Brasil rechazó este martes un decreto con fuerza de ley firmado por el presidente Jair Bolsonaro la semana pasada, que alteraba las reglas de moderación de contenido en las redes sociales y, según sus críticos, dificultaba la lucha contra la desinformación.
Rodrigo Pacheco, jefe de la cámara alta, explicó que el decreto de Bolsonaro contrariaba reglas constitucionales y generaba “inseguridad jurídica”, por lo que lo devolvió al presidente, dejándolo sin efecto. Casi simultáneamente y por los mismos motivos, una jueza de la corte suprema ordenó suspender cautelarmente los efectos de la medida presidencial.
La norma, que tenía efecto inmediato pero para ser ley necesitaba tramitarse en el Congreso y ser aprobada, alteraba disposiciones del Marco Civil de Internet. Según el gobierno, buscaba combatir “la remoción arbitraria e inmotivada de cuentas, perfiles y contenidos por parte de los proveedores”.
El texto establecía una serie de hipótesis en las que habría “justa causa” para remover contenidos o suspender usuarios (comisión de delitos, violencia, entre otras) e imponía a las plataformas nuevos protocolos para aplicar estas suspensiones.
Pacheco advirtió que cuestiones relativas a “derechos políticos, a la libertad de expresión, comunicación y manifestación de pensamiento” no pueden ser abordadas en un decreto con fuerza de ley, de efecto inmediato, y que le corresponde al Congreso analizar un asunto de “alta complejidad técnica” como este.
Facebook, otras compañías afectadas y organizaciones de la sociedad civil, ya habían advertido que se trataba de un decreto inconstitucional, mientras que legisladores de la oposición acudieron a la corte suprema para frenarla.
El mandatario ultraderechista, a quien ya le han eliminado contenidos de sus redes por difundir información falsa sobre el covid-19, califica como “censura” la suspensión de cuentas o remoción de contenidos que las plataformas han aplicado, basadas en sus normas, a él y sus partidarios.
Con información de AFP.