El grupo parlamentario tomó declaración a Alexandre Marques, un funcionario del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) que admitió ser el autor de un “papel de trabajo” que Bolsonaro citó como si fuera un documento oficial de ese órgano fiscalizador, para afirmar que el país tenía al menos “un 50% menos de muertos” por covid.
El mandatario hizo esa declaración en junio pasado, cuando ya el país sumaba 475.000 muertos por coronavirus (hoy son casi 570.000) y acusó a alcaldes y gobernadores de “inflar” esas cifras a fin de recibir más recursos financieros del Estado para atender la crisis sanitaria.
La información fue desmentida en su momento por el TCU, pero aún así, Bolsonaro insistió en que “documentos” de ese organismo admitían la posibilidad de que los muertos por covid-19 fueran “exagerados” en forma fraudulenta.
El funcionario del TCU precisó ante la comisión que ese “papel de trabajo” era sólo parte de una discusión “preliminar” que fue dejada de lado cuando se constató que no había fraudes en las cifras de muertos, que por el contrario podían sufrir una “subnotificación” por falta de test en muchas zonas del país.
“Era una discusión muy inicial”, explicó el funcionario, quien confesó que le envió ese “papel de trabajo” a su padre, el coronel Ricardo Silva Marques, que a su vez se lo transmitió a Bolsonaro. “Mi padre es amigo del presidente y se lo envió. Me indigné con eso, porque jamás imaginé que lo compartiría con alguien”, declaró.
Marques también aclaró que en el “documento” que el mandatario hizo circular en unos grupos de mensajería se había “agregado” el logotipo del TCU, que no figuraba en el “papel de trabajo” que le había enviado a su padre y luego le había llegado a Bolsonaro.
“El discurso del presidente” sobre la base de ese “papel de trabajo” fue “totalmente irresponsable”, añadió el funcionario, quien incluso calificó de “indebido” su uso.
De acuerdo al senador Randolfe Rodrigues, vicepresidente de la comisión, la inserción del logotipo del TCU “para darle carácter oficial” a ese documento puede suponer algo más grave que la propia difusión de información falsa. “Podemos estar frente a un crimen contra la fe pública y un caso de falsificación de documentos”, declaró Rodrigues, secundado por otros senadores de la oposición.
La comisión parlamentaria, que investiga posibles omisiones del Gobierno frente a la pandemia, ya ha descubierto negociaciones irregulares con vacunas así como otros asuntos sospechosos, como la distribución de medicamentos sin efectividad contra el coronavirus en la red de salud pública.
Antecedentes en noticias falsas
Al presidente Jair Bolsonaro ya se le investiga por parte de la justicia de Brasil en una investigación sobre grupos “digitales antidemocráticos”, que siembran desconfianza en las instituciones a través de la internet.
La decisión de investigar al mandatario en ese proceso, iniciado en 2019, fue adoptada por el juez Alexandre de Moraes, uno de los miembros de la Corte Suprema, a un pedido del Tribunal Superior Electoral (TSE).
La solicitud fue remitida el lunes y se basa en una muy dura y continúa campaña de descrédito, desatada por el líder de ultraderecha contra las urnas electrónicas usadas en los comicios que se celebran en Brasil desde 1996.
Tras varias semanas de ataques casi diarios contra el sistema de votación, el TSE también decidió el pasado lunes iniciar un proceso “administrativo” contra Bolsonaro por esa continúa descalificación de un sistema electoral que, en las últimas dos décadas, no ha sido objeto de una sola denuncia de fraude.
Sin embargo, el mandatario sostiene que el voto electrónico no es confiable, ha propuesto que se retome el sufragio en papeletas junto con el actual sistema y ha insinuado que el presidente del TSE, Luis Barroso, también miembro del Tribunal Superior, prepara un “fraude” para las elecciones de 2022.
Con información de DW.