El presidente de Chile, Gabriel Boric, manifestó este viernes 10 de junio su desagrado por la exclusión de países como Nicaragua de la Cumbre de las Américas de Los Ángeles, lo que impidió discutir la liberación de los “presos políticos” del gobierno de Daniel Ortega.

“Es importante que cuando estemos en desacuerdo nos lo podamos decir a la cara. La exclusión solo fomenta el aislamiento y no da resultados, como históricamente hemos aprendido”, dijo el izquierdista Boric durante su discurso en la plenaria de la cita continental.

“Aquí debiéramos estar todos y no estamos todos. No me gusta la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua”, agregó. El anfitrión Estados Unidos excluyó a estos tres gobiernos, bajo el argumento de que no respetan la democracia.

“Sería distinto sostener en un foro como este con todos los países presentes, incluso aquellos que decidieron restarse. La urgente necesidad de la liberación de los presos políticos de Nicaragua o también la importancia moral y práctica de terminar de una vez por todas con el injusto e inaceptable bloqueo de Estados Unidos al pueblo de Cuba”, dijo el gobernante chileno.

Daniel Ortega, un exguerrillero de 76 años, obtuvo en noviembre su cuarto mandato consecutivo desde 2007, en unas elecciones donde la mayoría de sus opositores y rivales estaban presos o exiliados. La organización Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua contabiliza 182 presos políticos en Nicaragua.

El presidente los acusa de complotar para derrocarlo con el apoyo de Washington. Opositores y la comunidad internacional consideran que son maniobras para permanecer en el poder.

Durante la semana, algunas organizaciones de exiliados nicaragüenses reclamaron porque el tema no se abordó en la Cumbre.

“Nos sentimos como doblemente torturados”, dijo Óscar González, de la Unidad Médica Nicaragüense (UNM), conformada por profesionales de la salud que argumentan haber sido despedidos del sistema sanitario estatal o recibido represalias por atender a personas que resultaron heridas en las protestas contra el Gobierno en 2018.

“Fuimos víctimas de la represión y ahora somos víctimas porque nos sentimos disgregados y no escuchados desde el punto de vista organizacional de la Cumbre [de las Américas]”, agregó González, quien vive en Ecuador.

Migración

Los dirigentes latinoamericanos adoptan este viernes, último día de la Cumbre de las Américas, una Declaración de Los Ángeles que aplica el principio de responsabilidad compartida para una migración “ordenada”, como reclama Joe Biden, pero que se queda en algo simbólico frente a la amplitud del problema.

El presidente estadounidense defendió esta semana en Los Ángeles “una migración segura y ordenada” como posible catalizador para el crecimiento sostenible, pero insistió en que la migración irregular es “inaceptable” y su gestión debe compartirse.

El término clave para Biden es responsabilidad compartida, debido a que Estados Unidos no quiere cargar con todo el peso del flujo migratorio.

Y aún menos a pocos meses de las elecciones de medio mandato de noviembre, en momentos en que la alta inflación hace caer su índice de aprobación entre la opinión pública.

Parece haber convencido a los dirigentes latinoamericanos que este viernes firman la Declaración de los Ángeles sobre Migración y Protección, en la que, según un comunicado de la Casa Blanca, cada país aporta su grano de arena.

Estados Unidos acogerá a 20.000 refugiados de América Latina en 2023 y 2024 (tres veces más que este año) y desembolsará 314 millones de dólares en ayuda para migrantes en la región.

Son muchos menos que los 100.000 ucranianos que Estados Unidos se dispone a recibir después de que Rusia invadiera su país.

Unos 7.500 migrantes irregulares, en su mayoría de Centroamérica, pero también de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, intentan cruzar a diario la frontera con Estados Unidos, según datos oficiales del mes de abril.

México aumentará de 10.000 a 20.000 el número de Tarjetas de Trabajador Fronterizo y lanzará un nuevo programa de trabajo temporal para entre 15.000 y 20.000 personas de Guatemala cada año que espera extender a Honduras y El Salvador.

Belice, Costa Rica y Guatemala, entre otros, también colaboran, pero estas iniciativas están lejos de aliviar a los migrantes que huyen masivamente de la pobreza, la violencia y la corrupción.

*Con información de la AFP.