El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ofreció este martes en la Asamblea General de la ONU “abrir sus puertas” a los religiosos católicos que “sufren persecución” por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua”.
“Brasil abre sus puertas para acoger a los padres y monjas católicos que han sufrido persecución del régimen dictatorial de Nicaragua”, aseguró el mandatario en un discurso en el que mencionó los logros obtenidos por su gobierno y en el que aseguró su respeto a la libertad de expresión y al derecho religioso en su país.
El caso más reciente de ataques a la Iglesia católica en Nicaragua está relacionado con la detención del obispo Rolando Álvarez luego de que la Policía allanara su residencia y lo pusiera en arresto domiciliario.
Las autoridades acusan a la Diócesis de Matagalpa, que dirige el obispo Rolando Álvarez, de “incitar al odio” para desestabilizar el país, por lo que se inició la apertura de una investigación contra lo que consideró “actos delictivos”.
“Las altas autoridades de la iglesia católica, Diócesis de Matagalpa, encabezada por el obispo monseñor José Rolando Álvarez, (...) están intentando organizar grupos violentos e incitándolos a ejecutar actos de odio en contra” del gobierno, dijo la policía en un comunicado.
Según esa institución, están usando “su condición de líderes religiosos” y los “medios de comunicación y redes sociales” para crear “zozobra” y provocan “un ambiente de zozobra y desorden, alterando la paz y la armonía en la comunidad con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua”.
El obispo exigió en sus misas que se respete la “libertad” religiosa y acusó al Gobierno de querer “una iglesia muda”.
“Pecado de lesa espiritualidad”
La investigación en su contra fue anunciada horas después de que la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, dejara entrever que las críticas del obispo podían considerarse un “delito”.
Lo que hace es “generar descrédito hacia esas instituciones que merecen respeto (y eso) también es un delito, es pecado de lesa espiritualidad”, advirtió.
Los sacerdotes nicaragüenses han sido fuertemente criticados por el gobierno desde las protestas opositoras de 2018, por haber dado refugio a los manifestantes que resultaron heridos o huían de la represión a las manifestaciones.
“Recordemos que él dirigió junto con otros curas el fallido golpe”, según el diputado oficialista Wilfredo Navarro.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la represión dejó 355 muertos. Unos 190 opositores están presos acusados de “menoscabo a la integridad nacional” y otros delitos.
Ortega consideró las protestas como parte de un fallido golpe de estado promovido por la oposición con apoyo de Washington, en el cual, dijo, los obispos fueron cómplices.
Pero no solo los altos prelados y sacerdotes han sido objeto de persecución del régimen de Ortega, cinco emisoras de su Diócesis en Matagalpa fueron cerrados por parte de las autoridades, por supuestas ilegalidades.
La clausura de estos medios se suma al cierre, en junio pasado, del canal de la Conferencia Episcopal, así como de TV Merced de la Diócesis de Matagalpa y el canal católico San José de Estelí (norte).
Otros siete sacerdotes están también en la cárcel por cargos que van desde supuesto abuso infantil hasta la alteración del orden público, aunque ninguno ha sido condenado hasta el momento.
En marzo pasado, el Vaticano informó que Nicaragua retiró a su nuncio en Managua desde 2018, Waldemar Sommer, el beneplácito para permanecer en el país.
Llamado del Parlamento Europeo
Por su parte, el Parlamento Europeo pidió a Nicaragua la liberación inmediata del obispo Álvarez y condenó la detención de miembros de la iglesia católica, de acuerdo con una resolución no vinculante aprobada por amplia mayoría.
En la resolución, los eurodiputados condenaron “en los términos más enérgicos la represión y las detenciones de miembros de la Iglesia católica de Nicaragua, en particular la detención del obispo Rolando Álvarez”.
El documento aprobado por 538 votos a favor, con 16 en contra y 28 abstenciones, “pide la liberación inmediata e incondicional de todas las víctimas de detención arbitraria, incluidos el obispo Álvarez y los detenidos junto con él”.
Demanda también que “se anulen todos los procedimientos judiciales contra ellos, y las sentencias impuestas”.
La resolución recordó que Álvarez ha desempeñado “un papel importante como mediador en el diálogo nacional de 2018 y ha pedido constantemente un diálogo pacífico y razonado en Nicaragua”.
Este año, el Parlamento ya había aprobado por amplia mayoría otra resolución no vinculante en que pidió sanciones a jueces considerados responsables por actos de represión en Nicaragua.
Es la sexta resolución del Parlamento Europeo dedicada a Nicaragua en su actual legislatura, que comenzó en 2019.
*Con información de AFP.