El panorama político en Brasil dio un giro esperado pero reñido tras los comicios presidenciales de este domingo –30 de octubre– cuando el líder de izquierda, Inácio Lula da Silva, obtuvo el respaldo para regresar al Palacio de Planalto con el 50, 9 % de los votos frente al 49, 1 % alcanzado por Jair Bolsonaro.

Después de dos días sin ningún pronunciamiento oficial, el actual jefe de Estado rompió el silencio y, aunque no aceptó abiertamente que había sido derrotado, sí dio vía libre para que comience el proceso de transición con la administración entrante. El ultraderechista dijo que recibía “con indignación y tristeza” los resultados, pero que continuaría cumpliendo con “los mandamientos de la Constitución”.

Con Lula en el poder (cuya posesión se espera para enero de 2023), empiezan a escucharse discusiones sobre el futuro del actual presidente y cuán viable es la posibilidad de que sea procesado y pueda terminar en prisión. “Tengo tres posibilidades de futuro: ir preso, ser asesinado o la victoria” dijo el conservador a mediados del año pasado, cuando su eventual candidatura ya empezaba a figurar.

“Pero pueden estar seguros de que la posibilidad de que vaya preso no existe” añadió quien representó al Partido Liberal (PL) y que veía como casi segura su continuidad en el cargo. Pese a que procesos en su contra pueden tardar años, algunos analistas no descartan la posibilidad de que sí empiecen a tomar curso.

150 pedidos de ‘impeachment’

La presunta difusión de información falsa fue uno de los señalamientos que lo centró en el ojo de las críticas, especialmente sobre la pandemia de coronavirus (que cobró la vida de casi 690.000 personas en todo Brasil). Al Congreso se presentaron 150 pedidos de juicio político (impeachment), en su mayoría relacionados con el Covid-19; no obstante, estos no tuvieron avance.

El riesgo sobre su continuidad en el Palacio de la Alvorada no ha tenido hasta ahora ninguna repercusión, pues la decisión ha pasado a revisión de dos “actores” que la han mantenido solo como una amenaza. Uno de ellos es el fiscal general Augusto Aras, quien ha rechazado interponer cualquier denuncia penal; así como el que encabeza la Cámara de Diputados, Arthur Lira, quien tiene la “potestad” para comenzar o no cualquier trámite de destitución.

La pregunta sobre lo que pasara, luego de que Jair Bolsonaro entregue las llamas presidenciales gira en torno a la pérdida de fueros. En esa línea, podría empezar a ser juzgado por la justicia ordinaria, mas no por la Corte Suprema.

Familia de Bolsonaro, en la lupa

El ojo también se ha puesto sobre los negocios de la familia del conservador, pues a finales de 2020, la fiscalía en Río de Janeiro denunció al senador Flávio Bolsonaro (hijo mayor del jefe de Estado) por supuesta malversación de fondos públicos. La acusación reposa en una sospecha de que hizo contrataciones “fantasma” (cuando ejercía como diputado regional) y terminaba recibiendo parte de salarios de quienes no hacían ninguna actividad en su oficina.

“Cuando su mandato termine, Jair Bolsonaro podrá responder (...) y la fiscalía podría abrir nuevas investigaciones” explica el jurista, Rogério Dultra dos Santos, de la Universidad Federal Fluminense.

El mandatario rechaza cualquier acusación y ha llegado a tildarlas como parte de una “persecución política”. Su queja ha tomado mayor fuerza, luego de que el portal UOL divulgara que entre 1990 y 2022 él y su círculo más cercano habría adquirido 51 inmuebles por un total de 4,8 millones de dólares.

*Con información de AFP.