Los británicos, que inventaron el concepto de la primacía de la ley sobre la política, acaban de demostrar que, en tiempos de brexit, las reglas nada valen. El primer ministro Boris Johnson presentó, el 9 de septiembre, un proyecto de ley que haría estallar el acuerdo con la Unión Europea que el Reino Unido aprobó a comienzos del año, ignorando así el marco legal internacional. ¿Maniobra populista para hacer olvidar su impopularidad creciente o técnica maquiavélica de negociación? ¿O ambas?
El Internal Market Bill preservaría la armonía de las reglas comerciales entre las naciones que componen el Reino Unido, es decir Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Gracias a él, el país sería un mercado único con las mismas normas en todas partes. Pero también permitiría a los ministros británicos establecer medidas contra el Acuerdo de Retirada con la Unión Europea.
Este convenio aborda temas esenciales del divorcio, como las cuestiones fronterizas, aduaneras y los derechos de los ciudadanos, y salió de las intensas negociaciones entre el Reino Unido y Bruselas desde junio de 2017. La primera ministra Theresa May lo propuso sin éxito tres veces a la Cámara de los Comunes y, ante el fracaso, tuvo que dejar Downing Street. Su sucesor, Boris Johnson, enmendó el texto y, luego de obtener una mayoría parlamentaria sólida, logró aprobarlo. El brexit entró en vigor la noche del 31 de enero y abrió paso a un periodo transitorio de negociaciones suplementarias hasta el 31 de diciembre de 2020.
El principal problema del Internal Market Bill es que, al consolidar el territorio aduanero británico, revive el principal escollo que el tratado firmado había resuelto: la frontera dura entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. El tratado evitaba que reaparecieran controles internacionales en la isla, cuya desaparición constituyó uno de los pilares de la paz de Viernes Santo que puso fin, en 1998, al conflicto en Irlanda del Norte entre unionistas, partidarios de seguir siendo parte del Reino Unido, y nacionalistas, que favorecen la integración con la república.
Lo pactado en enero estipula que Irlanda del Norte se beneficia del mercado europeo sin dejar de hacer parte del territorio aduanero británico. Las mercancías producidas en ese país entrarían a la Unión Europea sin restricciones. Las exportaciones destinadas al mercado europeo desde el Reino Unido que pasan por Irlanda del Norte serían controladas en la frontera de esa nación con Gran Bretaña y no en su frontera terrestre con la República de Irlanda.
Pero el proyecto de Boris Johnson rompe estas disposiciones. La ley permitiría a los ministros británicos tomar decisiones unilaterales sobre la reglamentación aduanera entre sus naciones, incluso no hacer ningún control. “Si Londres se niega a controlar las mercancías entre Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, necesariamente los controles se harían en la entrada al territorio de la Unión Europea, es decir, en la frontera irlandesa”, explica a SEMANA Pauline Schnapper, especialista del brexit de la Universidad Sorbonne Nouvelle, en París.
Para Johnson, esta ley permitiría proteger al Reino Unido de las supuestas veleidades de la Unión Europea. “No podemos dejar a los europeos pensar que tienen el poder de dividir a nuestro país”, declaró. En realidad, lanzó esta bomba por múltiples razones. El Internal Market Bill serviría para presionar a Bruselas para que ceda en las negociaciones, que deben concluir antes del 31 de diciembre, pero tambalean por desacuerdos sobre dos puntos sensibles.
El primero de ellos es la pesca. Los europeos quieren acceder a las aguas territoriales británicas con condiciones similares a las prebrexit, lo que Londres no acepta. En segundo lugar, Boris Johnson quiere autonomía en la atribución de subvenciones públicas a las empresas, pero la organización transnacional exige que el Reino Unido respete las normas comunitarias sobre las ayudas del Estado si quiere un acceso privilegiado al mercado único.
Johnson también buscaría, con la ley, recuperar el terreno político que ha perdido desde el comienzo de la pandemia. Según las encuestas, desde ese momento la popularidad de los conservadores ha bajado 26 puntos. Johnson lanza grandes máximas nacionalistas de autonomía y de defensa de la patria para promover su proyecto de ley como una manera de seducir de nuevo a su electorado.
Pero la jugada le podría salir cara. Cuestionar un acuerdo con la Unión Europea, segunda potencia económica del globo, equivale a perder la confianza de la comunidad internacional. El conservador Brandon Lewis, secretario de Estado para Irlanda del Norte, dijo eufemísticamente que el proyecto “rompe la ley internacional de una manera muy específica y limitada” y al hacerlo admitió que el Reino Unido sale del marco legal mundial. Por ello no sorprende que Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, haya advertido que no aprobaría un tratado comercial entre su país y Londres si este no respetaba los compromisos del brexit.
La maniobra de Johnson también pone en peligro la unión del Reino, pues podría avivar los ánimos de los nacionalistas norirlandeses que buscarían, a largo plazo, integrarse con la república para permanecer en la Unión Europea. “El Market Bill pone en entredicho los acuerdos de paz y fortalecerá el sentimiento nacionalista, pues existirá una presión fuerte en favor de la reunificación de Irlanda”, explicó Schnapper.
En Escocia, donde 62 por ciento de los ciudadanos votaron por permanecer en la Unión Europea, podría presentarse una situación aún más radical. A comienzos del año, Boris Johnson rechazó la posibilidad de celebrar un segundo referendo de independencia. Hoy, la mayoría de las encuestas muestran que alrededor de 50 por ciento de los escoceses votaría por la independencia, 40 por ciento en contra y 10 por ciento se muestra indeciso. Muchos de los partidarios de la independencia temen que las nuevas ordenanzas les quiten prerrogativas y los liguen aún más a Londres.
El texto pasó, la semana anterior, en la Cámara de los Comunes y ahora lo deberá examinar la Cámara de los Lores. Su aprobación, en ese contexto, no parece una buena noticia para nadie. En su discurso del Estado de la Unión esta semana, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, resumió las consecuencias negativas del proyecto de ley con una frase pronunciada por la primera ministra Margaret Thatcher en 1975: “Gran Bretaña no rompe tratados. Sería malo para Gran Bretaña, malo para las relaciones con el mundo y malo para cualquier tratado futuro”.