Las autoridades de El Salvador informaron que han detenido a 30.506 pandilleros, esto desde que el presidente Nayib Bukele inició al cierre de marzo una guerra contra esas agrupaciones criminales con el fin de detener una ola de asesinatos, informó este lunes la Policía del país centroamericano.
“536 terroristas fueron capturados el domingo 15 de mayo, fecha en la que se cumplieron 50 días de régimen de excepción. Total de capturas desde que comenzó la guerra contra pandillas es de 30.506″, aseguró la Policía Nacional Civil (PNC) en Twitter.
Bukele le declaró la guerra a las pandillas que operan en su país, tras el asesinato de 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo, crímenes que las autoridades atribuyen a estas agrupaciones delicuenciales. Todo respaldado en un régimen de excepción decretado por el Congreso el 27 de marzo a solicitud del mandatario, la ofensiva de seguridad ha detenido sin orden judicial a los pandilleros que desde el 28 de marzo frenaron la escalada de homicidios.
El 26 de abril entró en vigencia una prórroga por 30 días del régimen de excepción, una medida que restringe también la libertad de asociación, el derecho a la defensa, amplía el plazo de las detenciones mientras se investiga y faculta intervenir las comunicaciones.
A pedido del mandatario, el Congreso, controlado por el oficialismo, también aprobó a inicios de abril una reforma para castigar con hasta 45 años de prisión a los miembros de las pandillas. La reforma también incluye sancionar con hasta 15 años de prisión la difusión de mensajes de pandillas en medios de comunicación.
El Salvador sufre el asedio de la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, entre otras, que suman 70.000 miembros, de los cuales con la ofensiva de arrestos ahora un poco más de 46.000 están encarcelados. El régimen de excepción recibe críticas de diferentes organismos humanitarios por la detención masiva de jóvenes sin el debido proceso.
El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, justificó el 5 de mayo ante delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) el derecho del Estado a mantener la ofensiva contra las pandillas. “Al Estado salvadoreño le asiste el Jus ad Bellum para defender al pueblo de la violencia criminal de las pandillas (...). El Jus ad Bellum es la rama del derecho humanitario que define las legítimas razones que un Estado tiene para hacer la guerra de manera legítima y justa”, aseguró Ulloa.
El vicepresidente también explicó a la delegación del CICR, encabezada por David Quesne, la aplicación de “jus in bello” (el derecho en la guerra) bajo el estado de excepción. “Las seis condiciones para una guerra justa: autoridad legitima, causa justa, intención justa de parte del que inicia la guerra, ultima ratio [último recurso], debe conducir a la paz, y proporcionalidad entre la amenaza y los medios empleados. Todas se reúnen en la guerra contra las pandillas”, aclaró Ulloa.
Según la vicepresidencia, Ulloa, junto a los representantes del CICR, “acordaron la posibilidad de presentar al mundo esta experiencia [contra las pandillas] como un modelo internacional de solución ante conflictos sociales”.
La medida ha sido criticada por grupos de oposición y algunas entidades humanitarias. Para Amnistía Internacional, la medida de Bukele desató una “tormenta perfecta de violaciones a los derechos humanos”, con detenciones arbitrarias, incluso de menores de entre 10 y 12 años, de poblaciones pobres.
Por su parte, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, pidió a Bukele combatir el crimen protegiendo los derechos civiles. El Salvador sufre el asedio de la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, entre otras, que suman 70.000 miembros. De estos, casi 41.000 están prisión, luego de la ofensiva del gobierno.
Con información de AFP.