El Gobierno de Canadá prohibirá a los extranjeros sin residencia en el país adquirir inmuebles en el país como inversión. El propósito de la medida será controlar los precios del mercado inmobiliario.
“A través de esta legislación, estamos tomando medidas para garantizar que las viviendas sean propiedad de los canadienses, en beneficio de todos los que viven en este país”, aseguró el ministro de vivienda, Ahmed Hussen, en un comunicado.
Los inversionistas que busquen invertir en el país norteamericano para lograr réditos económicos no podrán hacerlo entonces.
La prohibición no es permanente; en principio, está estipulada para una duración de dos años.
La BBC reporta que el precio promedio de una vivienda en Canadá es de cerca de 770,000 dólares canadienses, unos 2.800 millones de pesos, lo cual equivale a una cifra 11 veces mayor al ingreso familiar promedio.
Promesa de campaña de Justin Trudeau
De acuerdo con muchos líderes canadienses, el aumento de precios del mercado inmobiliario en Canadá se debe a la participación de los compradores extranjeros, que fueron los responsables de apropiarse de la oferta de viviendas como opción de inversión. La normativa fue de hecho una promesa de campaña de Justin Trudeau, primer ministro canadiense.
“El atractivo de las casas canadienses está atrayendo a especuladores, corporaciones ricas e inversionistas extranjeros”, dijo el año pasado el sitio web de la campaña del partido Trudeau, Liberal ca. “Esto está generando un problema real de viviendas infrautilizadas y desocupadas, especulación desenfrenada y precios que se disparan. Las casas son para las personas, no para los inversionistas”.
De acuerdo con el propio sitio, el propósito de esta norma será disminuir específicamente las inversiones, así que si se trata de una persona que planea vivir en Canadá en el corto plazo, estará exenta de la prohibición.
Se aplicará a “una propiedad residencial no recreativa en Canadá durante los próximos dos años, a menos que se confirme que esta compra es para empleo futuro o inmigración en los próximos dos años”, aclara el sitio.
Igualmente, la normativa propone aumentar el impuesto “Sobre propietarios no residentes ni canadienses de viviendas desocupadas e infrautilizadas”.
Así mismo, lograr que las regiones trabajen para desarrollar un marco en el cual, la compra de viviendas de parte de extranjeros no impida que los propios canadienses puedan acceder a las viviendas del país.
¿Una medida efectiva?
Expertos en el mercado inmobiliario han planteado dudas sobre la posible efectividad de la medida en el control de precios de los inmuebles, considerando que la proporción de extranjeros que invierte en inmuebles en el país es muy baja, como para que el cambio logre impacto real en los precios.
“Creo que esto es en gran medida una política, más que una política económica”, dice a CBC Canadá, Brendon Ogmundson, quien trabaja como economista jefe de la Asociación de Bienes Raíces de la Columbia Británica.
“Gran parte del público se ha convencido en los últimos años de que son los inversores extranjeros y el dinero extranjero los que están impulsando los precios de las viviendas, en lugar de lo que realmente lo está haciendo: las bajas tasas de interés y la oferta muy baja”, asegura.
Algunos expertos han hablado sobre el mercado de Nueva Zelanda, en donde se implantó una medida similar en 2018, sin que se haya visto un verdadero impacto en el mercado.
“Si está buscando pruebas de que la prohibición de los compradores extranjeros en Nueva Zelanda tuvo algún efecto en el mercado de la vivienda, literalmente no encontrará nada”, dice también a CBC, Brad Olsen, economista principal y director de Infometrics, una consultora económica ubicada en Wellington, Nueva Zelanda”.
En el caso de Nueva Zelanda, por ejemplo, cerca del 2,9 % de los compradores de vivienda eran no residentes en el momento de la prohibición, actualmente el porcentaje se ha reducido al 0,4 %, sin que haya significado una disminución de los precios de la vivienda, ni siquiera una estabilización.