El máximo tribunal de Canadá revocó por unanimidad una prohibición sobre el suicidio asistido por médicos para aquellos pacientes mentalmente competentes con enfermedades terminales, y declaró este viernes que "la respuesta de una persona a una afección médica grave e irremediable es algo fundamental para su dignidad y autonomía". La decisión del Tribunal Supremo revirtió su propia decisión hace dos décadas y otorga al Parlamento un año para redactar una nueva legislación que reconozca el derecho de aquellos adultos que soportan un sufrimiento intolerable a buscar ayuda médica para poner fin a sus vidas. La prohibición actual sobre el suicidio asistido por un médico se mantendrá hasta que se apruebe esa legislación. Según la sentencia, la prohibición actual vulnera la calidad de vida, la libertad y la seguridad de las personas garantizada por la Constitución de Canadá. Hasta hoy, asesorar, ayudar o instigar a alguien a buscar suicidarse en Canadá es un delito que conlleva una sentencia máxima de 14 años de prisión. "La ley permite que las personas en esta situación soliciten sedación paliativa, rechazar alimentación e hidratación artificial, o solicitar el retiro de equipo médico de soporte vital, pero niega el derecho a solicitar la asistencia de un médico para morir", subrayó el texto de la decisión. El suicidio asistido es legal en Albania, Alemania, Colombia, Japón y Suiza, así como en ciertos estados de Estados Unidos: Washington, Oregon, Vermont, Nuevo México y Montana. La eutanasia es legal en Holanda, Bélgica y Luxemburgo. La decisión del viernes revierte una decisión de la Corte Suprema de Canadá que data de 1993. En ese momento, los magistrados estaban preocupados principalmente de que las personas vulnerables no pudiesen ser protegidas adecuadamente bajo un suicidio asistido por un médico. "Para los canadienses con enfermedades graves o incurables y para los valientes que trabajaron codo a codo con nosotros durante tantos años en este caso, esta decisión significará todo para ellos", dijo visiblemente contenta Grace Pastine, directora de litigios de la asociación de derechos civiles de Columbia Británica.