En las últimas horas la Fiscalía y la Policía Nacional capturaron a 11 personas que estarían implicadas en una millonaria defraudación a un grupo de campesinos de Mompox, Bolívar. Las investigaciones indican que se habrían apropiado de un lote ubicado en el Mamonal (Cartagena) con el que las víctimas serían indemnizadas.
Los hechos tuvieron lugar en 1998, cuando la empresa de servicios públicos Corelca amplió sus redes eléctricas a zona rural de Mompox y otros municipios de Bolívar sobre unos predios que eran propiedad de particulares. Según las pesquisas, en ese momento la entidad no acudió a los procesos judiciales necesarios para extender sus redes y tampoco indemnizó a los propietarios por hacerlo.
Por esto, en el año 2000, 63 familias afectadas demandaron civilmente a Corelca. Solo 13 lograron que la empresa fuera condenada. Fue así como a partir del 2009, mediante procesos ejecutivos, la electrificadora fue obligada a pagar indemnizaciones por 14.000 millones de pesos. Ante la sanción, la compañía ofreció dar en pago el terreno de el Mamonal, ubicado en zona industrial de Cartagena. Este estaba avaluado en 18.000 millones de pesos, para esa época. No obstante, los campesinos nunca recibieron la indemnización.
Esto, porque el defensor de los demandantes sustituyó el poder a dos personas que no eran abogados. Ellas recibieron el predio, lo hipotecaron, lo vendieron y dividieron las ganancias, según la Fiscalía.
El lote fue comprado por la firma Conequipos LTDA. El gerente de ese entonces era Luis Orlando Barragán Gómez, quien pagó 7.000 millones de pesos por el terreno, una cifra mucho menor del valor real del terreno.
En la investigación las autoridades lograron determinar que para materializar la venta irregular del predio se habrían concertado un juez de Mompox, el abogado de las víctimas, el notario 10 de Barranquilla, el gerente de Corelca, personas particulares, un veedor ciudadano, la Registradora de Instrumentos Públicos de Cartagena, el gerente de Conequipos y su abogado asesor Naryan Fernando Alonso Bejarano.
Según la fiscal general, María Paulina Riveros, esas personas cometieron los delitos de prevaricato, falsedad en documento público y privado, fraude y cohecho por dar u ofrecer, al engañar a los campesinos beneficiarios de las condenas a Corelca.
“Dentro de los procesos ejecutivos que se iniciaron en Mompox contra Corelca se embargaron 10 predios en la Isla de San Andrés. Luego de iniciadas las investigaciones y de que Corelca en liquidación se constituyó en víctima en los procesos penales, la empresa solicitó y logró de forma irregular el desembargo de estos bienes para anexarlos al trámite liquidatorio”, agregó Riveros.
Estas fueron las personas capturadas:
1. Saúl Mondol González, secretario de un juzgado del Circuito, a quien se le imputará como coautor impropio los delitos de prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación en favor de terceros.
2. La Notaria Quinta de Cartagena, Elith Isabel Zúñiga Pérez, y Emerson Torres Bolaño, empleado de esa notaría. A ellos se les imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción y cohecho propio.
3. La Registradora de Instrumentos Públicos de San Andrés, Carmen Violeta López Cárdenas. Se le imputará el delito de prevaricato por acción y fraude a resolución judicial.
4. Néstor Raúl Yepes, empleado de la oficina de reparto de los juzgados civiles, laborales y de familia de Bogotá. quien en dos oportunidades recibió dinero para vulnerar el reparto de una acción de tutela y direccionarlo a dos jueces específicos.
5. Tres exempleados de la Fiduprevisora: Carlos Alberto Parra Satizábal, Gerardo Mauricio Cortés Pomar, Javier Alexander Colmenares Ardila, encargados de la liquidación de Corelca. Se les imputarán los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, fraude a resolución judicial y coautores impropios de prevaricato por acción.
6. El abogado y exalcalde del municipio del Guamo (Bolívar), Javier Eduardo Angulo Romero. Se le imputarán los delitos de cohecho por dar u ofrecer, y falsedad ideológica en documento público.
7. El veedor ciudadano No a la Corrupción, Arnulfo Molina Polo, por haber contribuido en forma irregular al trámite de una acción de tutela y solicitar por ello una fuerte suma de dinero. Se le imputarán los delitos de concusión y coautor de prevaricato por acción y peculado por apropiación.