En una de las decisiones políticas más cuestionables de la historia reciente de la región, el ahora expresidente de Perú Pedro Castillo, intentó hacer un autogolpe de Estado al anunciar la disolución del Congreso que se preparaba para votar el tercer intento de vacancia contra el mandatario de izquierda, a pesar de que no contaban con los votos necesarios para sacarlo del poder.
Castillo, mal asesorado o cegado por los conflictos que tenía con el Parlamento de su país, se la jugó por intentar posicionarse como un dictador, un chiste que le duró pocas horas y que terminó con su detención cuando intentaba huir a la Embajada de México, donde parecía tener arreglado el asilo político, pero que ahora queda totalmente en el limbo, y a hoy parece que el expresidente estaría más cercano de pagar cárcel en su país.
Desde hace tiempo se viene rumorando que México quería recibir a Pedro Castillo si, dado el caso, tuviera que huir del país por sus escándalos de corrupción e intentos de vacancia. Y al verse acorralado, el expresidente intentó huir hacia la embajada, pero tras la orden de las fuerzas del orden, fue capturado en la calle y llevado a instalaciones policiales.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya había dado instrucciones a su embajador de recibir a Castillo, pero ante la captura del exmandatario se tuvo que iniciar un trámite con el Gobierno mexicano para que puedan brindarle asilo político.
“Solicito considerar otorgar asilo al ciudadano Pedro José Castillo Terrones (...) Ello frente a la persecución infundada de órganos de justicia que han tomado un carácter político en sus actuaciones respecto a esa persona, a tal extremo que pretenden procesarlo por meros anuncios de voluntad o intención que no configuran ningún ilícito”, dice el comunicado.
Todo esto ignora los graves casos de los que se acusan a Pedro Castillo y su círculo cercano, pues desde hace meses se denunció al expresidente, su esposa, dos de sus sobrinos y varios de sus funcionarios de liderar y estar detrás de una organización criminal dedicada a defraudar a la nación a través de actos de corrupción que actualmente se están investigando por la justicia peruana y cuya resolución podría determinar el futuro del político de izquierda.
Por ahora, todo está en manos de la nueva presidenta, Dina Boluarte, exvicepresidenta del mismo Castillo, ya que podría depender de ella y del gabinete que forme decidir si acepta la solicitud de asilo que el Gobierno mexicano ya ha hecho eco. O si, por otra parte, se la juega con que tenga que responder ante la justicia peruana y sean los jueces quienes dicten la suerte del polémico exmandatario.
México ha confirmado que está acompañando al expresidente en su detención preliminar de diez días, que fue dictada por los cargos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública por su breve aventura golpista como mandatario de Perú. El embajador del Gobierno de López Obrador verificó el estado de Castillo y aseguró que tiene todas las garantías jurídicas y está en buen estado de salud.
El expresidente Pedro Castillo enfrenta un total de entre 10 y 20 años de prisión por intentar quedarse en el poder por la fuerza, esto sin contar lo que pueda ocurrir con los escándalos de corrupción que se le investigan y que podrían darle más tiempo tras las rejas. ¿Se animará México a recibir a un delincuente golpista que intentó amarrarse al poder? Parece cuestión de tiempo saberlo.