El expresidente de Perú Pedro Castillo solicitó a la delegación de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos (OACNUDH), que se encuentra estos días en el país, que le visite en la cárcel, alegando la necesidad de que el exmandatario les exponga los detalles jurídicos por los que no se estarían cumpliendo sus derechos.
Así lo ha manifestado Castillo en una carta difundida en sus redes sociales y en la que requiere al alto comisionado de la ONU, Volker Turk, para que autorice una visita a la prisión de Barbadillo, en las afueras de Lima, lugar donde se encuentra “arbitrariamente detenido”.
Según el equipo legal del expresidente, otros organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no le han concedido dicha reunión, lo que desestimaría el derecho de Castillo a garantizar su defensa y a denunciar violaciones de Derechos Humanos.
“(Quisiera) comentarle a esta Misión de la OACDH que nuestro país está viviendo una dictadura en el gobierno usurpador de la señora Dina Boluarte en el que se ha quebrantado la paz en nuestro país, ya que se ha utilizado como estrategia estatal enviar a agentes del Estado a disparar a los ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta”, se lee en la misiva del expresidente peruano.
Asimismo, se habrían perpetrado “detenciones arbitrarias”, la criminalización de las protestas pacíficas, así como ejecuciones extrajudiciales, enumerando a más de 50 civiles presuntamente asesinados, cientos de heridos y detenidos durante las protestas.
“Mi patrocinado es víctima de esta dictadura instaurada bajo la dirección de Dina Boluarte y el Congreso”, esgrime la defensa de Castillo en el comunicado, motivo por el que sostiene que en la actualidad “no existe un Estado de derecho en Perú” que garantice el ejercicio efectivo de la defensa.
En tanto, Castillo ha reiterado la necesidad de una reunión con la OACNUDH para que tenga conocimiento de “todas las graves violaciones a los Derechos Humanos”.
“Insto a su honorable presencia a que pueda establecer contacto con todas las víctimas de esta dictadura que está quebrantando el orden social y la paz de nuestro país sumergiéndonos ante la pérdida de la vida y la libertad de ciudadanos inocentes”, defendió.
“Es necesario que el alto comisionado Volker Türk denuncie, sin ambigüedad, ante el Consejo de Derechos Humanos la violación sistemática de los Derechos Humanos y solicite la creación de una misión internacional de investigación para determinar los hechos”, añadió.
Fiscalía peruana llevará a cabo investigación para que se “respeten” los DD. HH. en protestas que dejan al menos 43 muertos
La Fiscalía de Perú informó que respeta el derecho a la protesta siempre y cuando excluya la violencia, advirtiendo de que llevará a cabo una investigación para que se respeten los enfoques de Derechos Humanos e interculturalidad.
Así lo afirmó el Ministerio Público en un comunicado, en el que resaltó que lamenta las muertes ocurridas durante las protestas sociales iniciadas cuando el Congreso depuso al expresidente Pedro Castillo después de que este anunciase la disolución del Parlamento andino.
“El Ministerio Público se reafirma en su compromiso y obligación de prevenir y perseguir el delito. Es así que se respeta el derecho a la protesta dentro del marco de protección de los derechos humanos que excluye a los actos de violencia”, se leyó en la misiva difundida por el organismo judicial.
En este sentido, la Fiscalía resaltó que respeta la autonomía de los poderes y órganos constitucionales del Estado peruano, recordando que le impide de intervenir en las decisiones de los órganos de Gobierno.
“Dicho respeto mutuo también impide la intervención en las decisiones de los órganos de gobierno y en los criterios jurídicos que adoptan los fiscales en el ejercicio de sus funciones, conforme a sus competencias reconocidas en el ordenamiento convencional, constitucional y legal vigente”, añadió la Fiscalía.
Asciende a 43 la cifra de fallecidos en las protestas
Al menos un muerto dejó el miércoles un enfrentamiento entre manifestantes y policías en Macusani, en el sur de Perú, aumentando la tensión en vísperas de una gran marcha que convocará a cientos de inconformes venidos de los Andes hasta la capital, Lima, para protestar el jueves por la tarde.
Con este deceso asciende a 43 el número de fallecidos desde que inició la crisis el 7 de diciembre.
“A las 18:20 (23H20 GMT), una persona de sexo femenino, de alrededor de 35 años, que no presentaba signos vitales, llegó a urgencias”, señaló en un comunicado el hospital San Martín de Porres de Macusani, ciudad andina de la región de Puno, cerca de la frontera con Bolivia.
El comunicado también mencionó un “pronóstico reservado” para un hombre de 30 años herido en el tórax.
Según las fotografías difundidas por medios locales, la comisaría de la ciudad fue quemada durante los enfrentamientos.
Agentes de policía fueron rescatados por un helicóptero para salvar sus vidas durante el ataque a la comisaría, señaló el canal N de televisión, sin mostrar imágenes.