El espectáculo circense de los separatistas para forzar una negociación con el gobierno español de Mariano Rajoy se convirtió en un juego del ratón y el elefante, ambos contorsionistas y malabaristas. El martes, luego de sugerir que declaraba la independencia en una frase ambigua, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, le pidió a su Parlamento suspender la medida para permitir el diálogo con el gobierno central.Es que la independencia de Cataluña no está radicada en un documento oficial con membrete, sello y firmas, sino en un simple discurso. Por eso, el presidente español, Mariano Rajoy, tuvo que pedir a Puigdemont que, en los próximos días y por escrito, comunique si declaró o no la independencia de Cataluña. Resulta por lo menos curioso que desde cuando subió al poder en 2016, Puigdemont y los líderes separatistas se han cuidado mucho de no firmar documentos oficiales relacionados con el proceso independentista, para no darle chance al gobierno de Madrid de que los lleve ante los tribunales. Esta precaución se debe a que ninguno de ellos quiere ser víctima de lo que le sucedió al anterior presidente catalán, Arthur Mas.Le sugerimos: ¿Seguirá en proceso la declaración de independencia de Cataluña?En marzo de este año, Mas fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a dos años de inhabilitación para ejercer un cargo público y a pagar una multa de 36.500 euros como culpable de un delito de desobediencia por haber convocado un referéndum el 9 de noviembre de 2014, en el que participaron más de 2 millones de votantes. Esta consulta le costó al fisco 5,2 millones de euros, que Mas está obligado a pagar al Estado antes del próximo 9 de noviembre. Si no lo hace, todos sus bienes quedarán embargados.“Los Estados operan con documentos oficiales expedidos por las autoridades respectivas y en el caso catalán esos documentos no existen. Puigdemont declaró la independencia de palabra, el Parlamento catalán no votó ni expidió ningún documento oficial en ese sentido y lo único firmado que existe es una declaración parlamentaria de algunos partidos independentistas, que igual hubiesen apoyado la lucha contra el hambre en África, pues dichos documentos políticos no son vinculantes”, explicó a SEMANA Joaquín Mendoza, experto en derecho constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. “De ahí la importancia de obtener un documento firmado por Puigdemont, que, por más malabarismos que haga, tendrá que expedir tarde o temprano”, precisó.Ahora todo depende de la respuesta de Puigdemont a Rajoy, ya que a partir de ella se abren dos caminos.Si Puigdemont dice “Sí”El “Sí” de Puigdemont significa la activación inmediata del temido artículo 155 de la Constitución española, que permite al Estado central inhabilitar al actual gobierno catalán y convocar elecciones regionales. Algunos analistas creen que esto es lo que desean los independentistas para mostrarse ante el mundo como víctimas de un “Estado represor” y lograr con ello más votos en las nuevas elecciones y un mayor control del poder en Cataluña. De hecho, los separatistas más radicales, como la CUP (Candidatura de Unidad Popular), exigen a Puigdemont “la proclamación de la república” porque estiman que es la mejor vía para conseguir la intervención de actores internacionales y que el nuevo Estado de Catalunya sea reconocido como sujeto político.El artículo 155, aplicado con furia, supone que el elefante aplaste al ratón. Así, todos los funcionarios y líderes independentistas serían llevados a los tribunales con riesgo de prisión, serían castigados con multas y tendrían que pagar con sus patrimonios todo el gasto del tesoro público que se ha invertido en este año de deriva extrema hacia el separatismo.“Sin embargo, hay una opción intermedia. No es lo mismo convocar elecciones en Cataluña por una orden superior y aplastante desde Madrid, que hacerlo desde el propio gobierno catalán, pero esta opción necesita una negociación larga y meditada entre las dos partes”, señaló a SEMANA el politólogo Lluís Nogués, de la Universidad de Barcelona. Para él, “lo mejor sería que el propio Puigdemont convocara esas elecciones; así se evitaría una humillación para el pueblo catalán que podría tener unas consecuencias imprevisibles, incluso con sangre”.Si dice “No”En el caso de que Puigdemont diga “No”, o siga utilizando el malabarismo de afirmar que “todavía no”, se abrirá un proceso de diálogo y negociación lento y lleno de curvas peligrosas. Decir “Sí” significa para los independentistas perder el poder real en Cataluña que le otorgaron legalmente las urnas en las elecciones de 2015 y que los llevó a constituir una mayoría absoluta en el parlamento regional. Y ninguno de ellos parece dispuesto a ceder ese poder para regalárselo a los partidos constitucionalistas en unas futuras elecciones.Puede leer: Mariano Rajoy da ultimátum de cinco días a CataluñaEn opinión de algunos expertos y analistas, lo más probable es que Puigdemont diga “Aún no”, porque no puede negar lo ocurrido en las semanas anteriores ni aumentar la frustración entre sus votantes que esperaban una independencia exprés. Decir “Sí” es un suicidio político del bloque independentista, salvo que los separatistas quieran presentarse como mártires e ir a la cárcel con el fin de ganar la independencia y la gloria más adelante.Lo cierto es que este circo independentista le está costando caro a Cataluña. En el último año los ocho bancos catalanes han trasladado su sede social y fiscal a otros lugares de España, y el desangre de empresas que se marchan de allí no ha parado de crecer. Las companías más importantes en huir en los últimos días son el banco Caixabank (el tercero más grande del país), Gas Natural y el Grupo Planeta. Los independentistas siembre dijeron que ninguna empresa se iría, pero este éxodo masivo que toca los bolsillos de todos ha comenzado a minar la confianza de los votantes independentistas en sus líderes.Por lo pronto, la estrategia de Rajoy es debilitar y romper la férrea cohesión del bloque independentista catalán. La Audiencia Nacional, el mayor tribunal de España, ha decidido abrir investigaciones por sedición contra el mayor de los Mossos d’ Escuadra (la policía regional de Cataluña), Josep Lluís Trapero, por la inacción de sus hombres en el referéndum ilegal del 1 de octubre pasado; y contra los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, por la financiación encubierta para realizar el referéndum y la posterior movilización de las masas a favor de la independencia. No obstante, los partidos independentistas saben que han llegado tan lejos porque son un monolito y no están dispuestos a perder el poder ganado hasta ahora.Por su parte, el Partido Socialista (Psoe) ha vuelto a ganar protagonismo al forzar a Rajoy a constituir una comisión parlamentaria con el fin de modificar la Constitución de 1988 en un plazo de seis meses. Para muchos catalanes, esto se ve como una oportunidad de conseguir una mejor relación frente al todopoderoso gobierno de Madrid.Los partidos políticos nacionales tienen posiciones diferentes con respecto al proceso independentista del gobierno catalán. El conservador partido Ciudadanos, que nació en Cataluña, exige la aplicación plena del 155 y el aplastamiento de la “sedición” de los independentistas. El partido de izquierda Unidos Podemos, que logró un gran caudal de votos en Cataluña (la actual alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pertenece a una plataforma de varios grupos asociados a Unidos Podemos), es el único que se muestra a favor de permitir pronto un referéndum para que los catalanes puedan decidir su pertenencia o no a España.En contexto: El incierto panorama para la independencia de CataluñaPero los dos partidos tradicionales de la democracia española, el conservador Partido Popular de Rajoy y el Psoe, liderado por Pedro Sánchez, se han unido para defender el orden constitucional y se muestran proclives a aplicar de manera “suave” el artículo 155 ante la desobediencia delgobierno catalán. Esta aplicación “suave” significa una negociación con Puigdemont para evitar un mayor desastre de todo este circo independentista.“La aplicación salvaje del 155, que los más radicales de ambos lados quieren, es el despliegue del Ejército y la ocupación militar del territorio y las instituciones catalanas, pero eso es una locura que solo podría ocurrir en un caso muy, pero muy excepcional”, comentó Mendoza a SEMANA. “Los independentistas, con todos sus malabarismos, siempre han querido forzar a Rajoy a una negociación y ahora están más cerca de lograrlo que hace un año. Quizá esto se les puede adjudicar como un éxito suyo, así como que los grandes partidos estén dispuestos ahora a realizar cambios en la Constitución, pero esto no les garantiza que logren la victoria y la independencia de Cataluña en el corto plazo”.