El cierre de 2022 y comienzo de 2023 estuvo permeado para el presidente de Chile, Gabriel Boric, por una polémica al decidir indultar a los denominados “presos de la revuelta”. Se trata de un grupo de 12 personas que quedaron detenidas en el marco del estallido social de 2019, uno de los episodios más álgidos en la historia reciente del país.
Además de este grupo, el indulto también amparó al exguerrillero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) Jorge Mateluna (de 48 años), según la cadena televisiva T13. Aparte de este hombre, el Gobierno detalló en un comunicado que todos los arrestados son varones entre los 21 y 38 años de edad.
Mateluna fue condenado en 2003 a 16 años de cárcel, al ser encontrado responsable de un robo en una sucursal bancaria en la comuna de Pudahuel, a las afueras de Santiago de Chile (la capital). En ese momento, su defensa alegó que la sentencia estuvo basada en “pruebas falsas”.
Respecto a su indulto, Boric se escudó en la carta magna, al enfatizar que el texto daba la potestad para otorgar ese tipo de beneficios. “El indulto a Jorge Mateluna se fundamenta en las atribuciones que me otorga la Constitución y las leyes (...). Es una atribución de la que, quienes me antecedieron en este cargo, han hecho uso en diversos momentos”, sostuvo el mandatario.
Este jueves, Boric se refirió otra vez a su decisión y aseguró que no ponía en duda las atribuciones de la rama judicial. Justamente ese poder del Estado alegó recientemente que “son los tribunales de justicia los facultados para conocer las causas civiles y criminales, resolverlas y hacer ejecutar lo juzgado”, recopiló Clarín.
Boric busca terminar polémica
En otra declaración, el chileno recordó que el expresidente, Patricio Aylwin (1990 -1994), concedió 928 indultos; Eduardo Alfredo Frei: 343; Ricardo Lagos (2000 -2006): 240; la exmandataria y anterior comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, 67 indultos en su primer periodo. También evocó que su predecesor, Sebastián Piñera, aprobó en su reelección 24 indultos particulares.
Sin embargo, la decisión no saltó a la polémica y choques en la esfera política; pues, por ejemplo, la Unión Demócrata Independiente (UDI) se levantó de la mesa de diálogo del próximo acuerdo de Seguridad, recogió la emisora Bio Bio Chile. Clarín señaló que al no lograr en el Legislativo el respaldo necesario para aplicar la amnistía, decidió recurrir al indulto.
Cuando se oficializó el anuncio, el jefe de Estado ya había defendido ese impulso que aseguró tomar por “el bien” de la nación austral. “Fue una decisión muy meditada, algo que no es sorpresa, un compromiso, yo cumplo mis compromisos a 13 personas (...). Es una decisión difícil, pero lo hago pensando en el bien de la patria, creo que tenemos que sanar estas heridas. Vivimos un proceso que fue tremendamente complejo y estos jóvenes no son delincuentes”, declaró a la prensa.
El tema de los indultos ha sido una constante de controversia en otros países como Colombia y los llamados miembros de la primera línea y su designación, por ejemplo, como voceros de paz. Un proceso para el que Gustavo Petro aseguró que no habría incidencia en los trámites que le competen a la justicia.
“El juez, su procedimiento, si es el caso de la Fiscalía, sigue, continúa (...). En la ley se habla del conflicto social, y se nombran voceros cuando ese conflicto social ha terminado con muchas personas en la cárcel”, dijo el mandatario Gustavo Petro en entrevista con SEMANA a mediados del mes pasado.
“La propuesta hizo pensar que nosotros íbamos a meternos en el proceso judicial y a sacar gente de la cárcel rompiendo los procesos judiciales. Para nada. Es igualito que cuando el presidente Álvaro Uribe sacó de la cárcel a la señora Karina. La nombró gestora de paz. Y así con varios. El procedimiento es igualito. Solo que la ley se amplió y no es únicamente para organizaciones armadas”, afirmó el presidente colombiano.