Desde 2019, Chile viene arrastrando una serie de dificultades con respecto a su proceso constitucional, que han puesto al país austral entre la espada y la pared. Esta semana se aprobó una nueva propuesta de carta magna que podría darle un definitivo giro hacia la derecha en medio de una gran impopularidad del presidente Gabriel Boric, pero el proceso pinta más complicado de lo que se puede pensar.
Para entender el largo trámite constitucional de Chile durante los últimos años, hay que volver hasta 2019 cuando, en medio de un gran descontento hacia el Gobierno de Sebastián Piñera, miles de personas salieron a las calles a manifestarse. La causa inmediata era la subida de los precios de los pasajes del transporte público, pero rápidamente se terminó pidiendo un cambio de la Constitución de 1980, redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet, como posible solución a muchos de los males del país.
Esto vino acompañado de la posterior elección de Gabriel Boric como presidente en 2021. El pueblo chileno parecía impulsado a dar un giro hacia un progresismo de izquierda, que tuviera como cabeza al nuevo mandatario, acompañado de una constitución congruente con el momento del país. Pero la cosa se empezó a torcer nada más llegar el líder alternativo al poder.
En primer lugar, Gabriel Boric se convirtió rápidamente en un mandatario sumamente impopular a pesar de llevar muy poco en el Gobierno. Sus niveles de aprobación se fueron al piso y su incapacidad para concretar las promesas hizo que sus votantes fueran su perdición. La primera propuesta fue desechada por su misma naturaleza de izquierda. Contenía apartados acerca de una profunda autonomía para las regiones, reconocimiento histórico de exclusión a las minorías, que The Economist calificó como “una lista de deseos de izquierda físicamente irresponsable”.
Como era de esperarse, la propuesta fue rechazada masivamente en septiembre del año pasado por el 61 por ciento de los votantes, por lo cual el mismo Gobierno abrió la puerta a la redacción de un nuevo texto, finalmente escrito por partidos mucho más cercanos a la derecha chilena que consiguieron la mayoría de escaños en la renovada convención constituyente. Esto tampoco significa una victoria para los conservadores, ya que su propuesta tiene unos vacíos más que grandes.
Existe el temor dentro de las filas de la derecha de que la nueva propuesta sea igualmente rechazada y las encuestas ven probable ese escenario. Por ejemplo, la firma Cadem publicó su más reciente sondeo en el que afirma que el 31 por ciento de los chilenos votaría a favor del nuevo texto, mientras que el 54 por ciento lo rechazaría, tendencia que se ha confirmado con cada una de las nuevas publicaciones de la encuestadora.
Las razones del rechazo hacia la nueva propuesta se pueden explicar en que es un texto totalmente opuesto, pero no menos radical que el anterior. Por ejemplo, la izquierda chilena afirma que no incorporan a las minorías excluidas históricamente, así como tampoco consignan derechos claves para la población, como la salud, la pensión o la educación, una línea roja para los partidarios más progresistas del país.
“Se aprobó por unanimidad, desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano, la definición de Chile como un Estado social de derecho, como el resguardo de la democracia, una serie de puntos fundamentales para un marco constitucional razonable”, contó Mariana Aylwin, exministra de Educación de Chile.
Pero los puntos polémicos no paran ahí, ya que el texto afirma que protegerá “la vida de quien esté por nacer”, lo cual seguramente chocaría con las leyes de aborto legal en Chile, vigentes con tres causales: salvar la vida de la madre, inviabilidad fetal o por violación. Esta medida podría ser la más controversial, pues la legislación de interrupción del embarazo en el país no es la más liberal de la región y existen muchas voces que piden ampliarla.
Otra ley que expone la nueva propuesta de constitución es “la expulsión en el menor tiempo posible de migrantes que ingresen por pasos no habilitados, con pleno respeto de la dignidad humana, los derechos y garantías fundamentales y las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado de Chile”.
Igualmente, las personas condenadas a una pena de cárcel podrán solicitar al tribunal la reclusión domiciliaria “siempre que se acredite conforme a la ley la existencia de una enfermedad terminal y que el condenado no represente un peligro actual para la sociedad”. Esto podría beneficiar a 134 militares condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet, encarcelados en Punta Peuco, donde el 80 por ciento de ellos supera los 70 años.
El líder de la derecha chilena es José Antonio Kast, quien ya se enfrentó en las urnas con Boric en 2021. El hombre de 57 años se ha vuelto la cara visible de la nueva propuesta de la constitución. Incluso, la izquierda llama al texto “la Constitución de Kast” en medio de las críticas por la falta de acuerdos para la redacción final. “Con este texto no solo estaríamos a favor, sino que trabajaríamos intensamente para poder convencer a todos y cada uno de los chilenos de que es lo mejor para Chile”, dijo Kast en una entrevista con El Mercurio.
Sin embargo, algunos movimientos de centro han mostrado su apoyo, mientras que en otras filas de la derecha rechazan la propuesta, queriendo que se mantenga la carta magna actual. “Acá se establece un Estado social de derecho, se hace en democracia, está dentro de un marco que cumple los estándares de una buena constitución”, dice Mariana Aylwin.
Es de tal nivel la división que los funcionarios más cercanos al Gobierno de Boric han mostrado su férreo rechazo hacia la propuesta de nueva constitución, mientras que el mandatario intenta mantener su neutralidad, aunque es más que evidente su disgusto por la propuesta y sus ganas de que sea otro el texto que se apruebe. En caso de ser rechazado, es factible que el proceso constituyente tenga que volver a empezar de cero ante la insistencia de la necesidad de hacer dicha reforma.
“Lo que va a pasar es que Chile va a seguir igual. Estamos con crecimiento económico cero hace mucho tiempo, sin inversiones, con un sistema político que ha sido incapaz de lograr acuerdos para resolver problemas largamente postergados, como el tema previsional, salud, educación, seguridad. Vamos a seguir como estamos. Este país ha ido deteriorándose en la última década. Y ese deterioro va a continuar”, manifestó Aylwin acerca de qué podría venir ante la posibilidad de que el texto no se apruebe en las urnas.
Por ahora, el escenario más probable es que la propuesta sea rechazada en las urnas, sumiendo al país nuevamente en la incertidumbre. El tiempo dirá si la propuesta logra convencer a Chile de aquí a diciembre. Lo cierto es que ha quedado muy lejos la promesa de cambio que se les hizo a los chilenos y no tendrán miedo en mostrar su inconformismo.