Las autoridades chilenas firmaron este miércoles 26 de enero un convenio que permite incluir en el nuevo proceso constituyente a personas privadas de la libertad en diferentes cárceles del país. Chile sería el primer país de América Latina en tomar en cuenta a la población carcelaria en un proceso político de este tipo.
Según informa la cadena de noticias CNN, Hernán Larraín, ministro de Justicia y Derechos Humanos; Sebastián Valenzuela, subsecretario del departamento, y Christian Alveal, director nacional de Gendarmería, aprobaron dos protocolos que permitirían la participación de los reclusos en la reforma constitucional. Uno de los protocolos autoriza la realización de cabildos abiertos al interior de las prisiones.
En un video publicado en la cuenta de Twitter del ministerio, Larraín afirmó que quería “agradecer y felicitar el interés de la convención por escuchar a toda la sociedad y muy especialmente a los que nunca son oídos”, dijo refiriéndose a las personas privadas de la libertad. El ministro también afirmó que los reclusos podrían haber cometido errores que ya habían sido juzgados, pero que no dejaban de ser personas y “no han perdido su dignidad”.
Además de esto, el ministro aseguró que escuchar a la población carcelaria en la asamblea permite abrir paso a un nuevo y mejor proceso de resocialización.
Los acuerdos también establecieron criterios para la elección de los presos que formarán parte de la constituyente. Estos serán elegidos con base en la representatividad de su comunidad penal y ateniéndose también a criterios de diversidad, justicia territorial, paridad y pluralidad.
La constituyente
El proceso nacional constituyente en Chile inició luego de las protestas que sacudieron al país en el año 2019 y que empezaron por un alza en los precios del transporte público. Las demandas de dichas movilizaciones incluían reformas estructurales a la salud, el sistema pensional y el educativo, así como cambios en el sistema económico y transformaciones estructurales en el Estado.
Luego de meses de protestas, en 2020 se convocó al plebiscito para decidir si se aprobaba una reforma nacional constituyente. Las votaciones, que se llevaron a cabo en octubre, dieron el triunfo al sí y abrieron el proceso de creación de una nueva Constitución.
Respecto a los períodos de protestas en Chile, el día martes la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo en un informe que las fuerzas de seguridad chilenas habrían hecho un uso excesivo de la fuerza. En este mismo informe, la Corte condenó estos actos de violencia e instó a las autoridades chilenas a garantizar una reparación integral de las víctimas.
La convención nacional constituyente, que es la primera paritaria en el mundo, escogió a inicios de este año una nueva presidenta, Maria Elisa Quinteros, luego de un debate que duró casi 18 horas. Quinteros es dentista de profesión y tiene un doctorado en salud pública. Es parte además de un grupo de activistas independientes que se creó luego de las protestas en Chile.
El día de la elección, el actual presidente de Chile, Sebastián Piñera, felicitó a Quinteros en su cuenta de Twitter, afirmando que su equipo tendría la misión de llevar la asamblea constitucional a buen puerto, “lo que significa una buena Constitución para Chile y todos los chilenos, que dé unidad, estabilidad y proyección al país”.
La dinámica anunciada para la asamblea constitucional llega luego de que el presidente electo, Gabriel Boric, fuera noticia por la conformación de su nuevo gabinete. El gabinete estaría conformado, por primera vez en la historia de Chile, en su mayoría por mujeres. Entre estas se encuentran Izkia Siches, quien será la primera mujer en ocupar el Ministerio del Interior, y Maya Alejandra Fernández Allende, nieta del derrocado expresidente de Chile, Salvador Allende.