La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un veredicto sobre la responsabilidad del Estado venezolano “por la violación a los derechos políticos, la libertad de expresión, la igualdad ante la ley, las garantías judiciales y la protección judicial” del excandidato a la Presidencia de ese país y líder de la oposición, Henrique Capriles, en el marco de las elecciones del año 2013.
Capriles no tardó en pronunciarse al respecto y envió un mensaje a través de sus redes sociales.
“11 años después (la JUSTICIA, además de hacer prevalecer la verdad tiene que ser EXPEDITA) obtuvimos sentencia en relación con la demanda que interpusimos por la elección presidencial del año 2013 ante la CIDH”, dijo Capriles en un mensaje publicado a través de su cuenta de X.
“Siempre hemos buscado caminos en el marco de nuestra Constitución para recuperar la democracia, la institucionalidad. Espero que llegue ese día en que se respete y prevalezca el sagrado derecho a decidir los venezolanos en PAZ su futuro”, agregó el excandidato.
“La responsabilidad internacional por violaciones a diversos derechos en prejuicio de Henrique Capriles”, señaló la sentencia del organismo internacional.
El tribunal continental, con sede en San José, culpó al Estado “por la violación a los derechos políticos, la libertad de expresión, la igualdad ante la ley, las garantías judiciales y la protección judicial” de Capriles antes, durante y después de los comicios, según la sentencia.
Venezuela celebró elecciones el 14 de abril de 2013, un mes después de la muerte del expresidente Hugo Chávez (1999-2013), para elegir mandatario entre el oficialista Maduro, entonces vicepresidente en ejercicio interino de la Presidencia, y Capriles, líder de una coalición opositora.
La Corte IDH explicó que, antes de las elecciones, Maduro, por ser vicepresidente, no podía presentarse a unas elecciones, pero fue “favorecido” por la decisión de la Sala Constitucional de habilitarlo.
Además, destacó la sentencia que “obtuvo ventajas capaces de incidir en el equilibrio de la contienda electoral mediante el uso de recursos estatales a favor de su campaña”, como cobertura “desproporcionada” en medios públicos o participación de funcionarios en los actos electorales.
“Las acciones y omisiones del Estado, tomadas en su conjunto, y en un contexto de deterioro institucional, tuvieron tal magnitud que afectaron la integridad del proceso electoral y los derechos políticos, la libertad de expresión y la igualdad ante la ley del señor Capriles”, indicó la CIDH.
Las autoridades electorales de Venezuela, afines al chavismo, declararon victorioso a Maduro con 50,61 % de los votos contra 49,12 %, de Capriles, quien impugnó esos resultados.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) determinó “infundadas” las reclamaciones del opositor, le impuso una multa, y pidió a la Fiscalía investigarlo penalmente.
Estos hechos “constituyeron un uso abusivo del aparato estatal dirigido a favorecer al candidato oficialista”, así como “una falta de garantía” en la investigación del proceso electoral.
Maduro se ha mantenido en el poder con otras dos reelecciones cuestionadas por buena parte de la comunidad internacional.
Como reparación, la Corte le ordenó a Venezuela implementar “medidas que materialicen las garantías mínimas para preservar la integridad electoral, la transparencia en los procesos electorales, el acceso a los medios de comunicación públicos”.
*Con información de la AFP.