Las autoridades de Nicaragua deben liberar a todos los detenidos de manera arbitraria en el marco de la crisis desatada tras las manifestaciones antigubernamentales de 2018, dijo el lunes el órgano de la OEA que vela por los derechos humanos, denunciando “deplorables condiciones”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó al gobierno nicaragüense de Daniel Ortega a poner en libertad a quienes fueron detenidos “arbitrariamente”, así como a garantizarles el debido proceso y el acceso a una defensa adecuada, y “cesar todo hostigamiento en su contra”.
Al 31 de diciembre de 2021, 160 personas seguían detenidas en Nicaragua desde las protestas de abril de 2018, según cifras de la CIDH, una entidad de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
“El pasado 4 de enero, familiares denunciaron públicamente la persistencia de tratos crueles e inhumanos, insalubridad en celdas, despojo de pertenencias, falta de acceso al agua potable, alimentación insuficiente e insalubre, falta de atención médica adecuada, oportuna y especializada, así como de medicamentos”, remarcó la CIDH en un comunicado.
Además, señaló el “crítico estado de salud” de algunos detenidos, entre ellos líderes estudiantiles, y represalias contra mujeres “por su importante rol de liderazgo en el país”.
En el poder desde 2007, Ortega, quien asumió un segundo mandato el 10 de enero tras ser reelegido en cuestionados comicios, ha dicho que los opositores presos son “criminales” que planeaban un golpe de Estado con apoyo de Estados Unidos.
Más de 40 críticos del gobierno de Ortega fueron detenidos en Nicaragua entre junio y diciembre de 2021, incluidos siete potenciales rivales electorales del mandatario. A ellos se suman 120 personas encarceladas desde las protestas de 2018.
Empresarios nicaragüenses abogan por un diálogo con el Gobierno
La cúpula empresarial de Nicaragua planteó este jueves la necesidad de iniciar un diálogo con el Gobierno, por considerarlo el “único instrumento” viable para “reunificar a las familias”, en sintonía con una demanda similar hecha por familiares de opositores presos, que demandan su liberación.
El pleno del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) resolvió “por unanimidad considerar el diálogo como el único instrumento para que los nicaragüenses encontremos el camino hacia la reunificación de la familia”, indicó el gremio empresarial en un comunicado divulgado en sus redes sociales.
Según el Cosep, la propuesta acoge la petición de familiares de opositores presos, quienes el martes emitieron una declaración en la que solicitaron al Gobierno, a la Iglesia católica y a otros sectores sociales iniciar un proceso de “unificación ciudadana” que permita la excarcelación de sus parientes.
“Nos comprometemos de manera franca, a la búsqueda de soluciones viables, prontas y sin precondiciones, que prioricen solucionar la encrucijada que atraviesa la nación”, propuso el Cosep.
Según familiares, hay unos 170 opositores presos, de los cuales más de 40 fueron detenidos el año pasado en el contexto de la crisis política que vive el país desde las protestas antigubernamentales de 2018, cuya represión dejó 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Entre los detenidos figuran tres líderes de la empresa privada, un banquero, periodistas, estudiantes, líderes de partidos políticos y sociedad civil, a quienes el gobierno del presidente Daniel Ortega considera “criminales” que se organizaron para darle un golpe de Estado.
La posición del Cosep es de apoyo a la petición de los familiares de los detenidos porque “es importante que los presos salgan”, dijo a la AFP un empresario que prefirió el anonimato.
El Gobierno no se ha pronunciado sobre el ofrecimiento de diálogo.
Algunos familiares de los opositores presos han conocido que los jueces han notificado a los abogados de los reos la decisión de reanudar los procesos a partir de febrero.
Antes de las elecciones del 7 de noviembre, que ganó Ortega para un cuarto mandato consecutivo, diputados y funcionarios plantearon que se convocaría a un diálogo para impulsar una agenda para el desarrollo del país. Pero aún no hay una fecha para esta iniciativa.
En 2018, los empresarios se distanciaron del Gobierno, tras una alianza de negocios que duró más de una década, y decidieron apoyar las protestas antigubernamentales.
Con información de la AFP.