La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó este viernes a Guatemala a garantizar el “ejercicio de los derechos políticos” para que los candidatos puedan presentarse a las elecciones generales de junio, tras la exclusión de dos aspirantes. Los guatemaltecos acudirán a las urnas el 25 de junio para elecciones presidenciales, legislativas y municipales en las que el actual presidente Alejandro Giammattei no se postulará a la reelección.
El 21 enero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) comenzó a registrar a los aspirantes y ese dia “habría recibido al menos 11 expedientes de organizaciones políticas que buscarían inscribir a sus binomios presidenciales y más de 86 correspondientes a personas aspirantes a diputadas nacionales, distritales, corporaciones municipales y al Parlamento Centroamericano”, afirma la CIDH en un comunicado.
Aunque la inscripción terminará el 25 de marzo, la CIDH “fue informada sobre la negativa de la Dirección general del registro de ciudadano de registrar la candidatura para presidencia y vicepresidencia del partido político Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP)”, formada por la defensora indígena de los derechos humanos Thelma Cabrera y su compañero de fórmula Jordán Rodas.
Alega que Rodas tendría “cargos jurídicos y una denuncia” en su contra, añade este órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El 2 de febrero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó dicha decisión. Rodas promovió un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, que le fue negado, por lo que apeló ante la Corte de Constitucionalidad.
La CIDH llama al Estado de Guatemala a garantizar “la participación efectiva de personas, grupos y organizaciones y partidos políticos mediante normativas y prácticas que posibiliten el acceso real y efectivo a los diferentes espacios deliberativos en términos igualitarios”. Y pide que las autoridades judiciales “actúen en apego al marco normativo y los estándares interamericanos” para garantizar los derechos políticos.
Según la CIDH Guatemala señaló que “el TSE garantiza las condiciones del proceso electoral de conformidad con la Constitución” que establece que para optar a cargos públicos “no se atenderá más que razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez”.
Guatemala asegura, además, dice la CIDH, que “se ha permitido” que todos los interesados presenten recursos judiciales, “todo ello apegado a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, por lo que deviene improcedente llamar al Estado a garantizar la participación electoral”.
Estados Unidos advierte sobre la criminalización a la prensa
El gobierno del presidente Joe Biden está “preocupado” por las investigaciones contra periodistas en Guatemala y estima que “criminalizar” el trabajo de la prensa “socava las normas democráticas”, afirmó este jueves el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price.
“Estamos profundamente preocupados”, afirmó Price en un comunicado. “Instamos al sistema judicial guatemalteco a rechazar la criminalización de los periodistas independientes y apoyar el periodismo independiente como uno de los pilares de una sociedad democrática segura y próspera”, subrayó.
El martes, un juez guatemalteco abrió un segundo proceso penal contra José Rubén Zamora, presidente y dueño del diario opositor El Periódico que se encuentra en prisión preventiva desde julio pasado. Según la acusación formal, el periodista supuestamente intentó frenar una investigación en su contra por supuesto lavado de dinero en 2021.
Además, el magistrado aceptó la petición del Ministerio Público (Fiscalía) de investigar a varios periodistas y columnistas de ese rotativo, el cual ha publicado reportajes sobre la corrupción estatal en Guatemala.
“Criminalizar el trabajo de los periodistas y de la sociedad civil socava las normas democráticas y el respeto a la libertad de expresión”, sostuvo Price en la nota.
Washington recordó que “las sociedades pacíficas, prósperas e inclusivas dependen del libre flujo de información e ideas, incluida la libertad de buscar, recibir y divulgar información”, tanto en línea como fuera de internet.
Zamora será sometido a un polémico juicio el 2 de mayo por una primera acusación de supuesto blanqueo de fondos. Según la Fiscalía, participó en una trama de chantaje y lavado por unos 37.500 dólares contra empresarios a cambio de no publicar información que les perjudicaría.
El periodista, de 66 años, se autocalifica como un “perseguido político” y estima que las imputaciones fueron montadas por el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, y la fiscal general, Consuelo Porras, para silenciar sus publicaciones sobre corrupción.
*Con información de AFP.