Joshua Holt estuvo preso en Venezuela por dos años y fueron los peores de su vida. En ese momento, tenía un poco más de 20 años y decidió viajar a Venezuela para contraer matrimonio con una feligresa mormona que conoció por internet.
Lo que no se imaginó Holt fue que un día, las fuerzas policiales venezolanas entrarían en la casa de su novia y lo culparían por “acumular armas de asalto y granadas”. En televisión pública lo tildaron de “terrorista de la CIA” que tenía como objetivo derrocar al presidente Maduro.
El norteamericano perdió 27 kilos durante sus primeros seis meses detenido, sufrió de cálculos en los riñones, bronquitis y se le rompió un diente mientras permanecía en una pequeña celda que ni siquiera contaba con un inodoro, eso sin contar que no existía un tratamiento médico adecuado.
Por esta y otras razones, el norteamericano demandó al presidente Nicolás Maduro, acusándolo de encabezar una “organización delictiva” que secuestra, tortura y encarcela injustificadamente a ciudadanos estadounidenses.
La denuncia fue interpuesta en una corte federal de Miami y es la más reciente en una serie de demandas presentadas por estadounidenses en contra del gobierno de Maduro por sus supuestos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que Estados Unidos considera un grupo terrorista.
En su denuncia de 99 páginas, Holt detalló cómo, después de ser detenido, fue trasladado hasta una obra en construcción abandonada, en donde fue colocado contra un muro mientras lo que parecía ser un pelotón de fusilamiento le apuntaba con sus armas y disparaba.
“Fue una ejecución falsa: las armas no estaban cargadas”, de acuerdo con la demanda. “Holt pensó: ‘Aquí es donde voy a morir, uno de esos policías va a tener una bala’”.
Su esposa Thamy Holt también fue encarcelada y se le presionó en reiteradas ocasiones para que confesara por escrito que su marido formaba parte de un complot de la CIA, a lo que nunca accedió.
El norteamericano fue puesto en libertad en 2018 como resultado de las negociaciones que encabezó un colaborador del senador Bob Corker, un republicano que presidió la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado antes de jubilarse en 2019.
Luego de que Holt fuera liberado, Gustavo González López -quien en ese momento era director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin)- reconoció que los cargos en su contra habían sido fabricados, de acuerdo con la denuncia.
Otros estadounidenses encarcelados en el país sudamericano han tenido éxito en sus demandas contra Maduro y su círculo de allegados con argumentos jurídicos similares.
En 2022, un juez federal en Miami otorgó 73 millones de dólares como indemnización a la familia de un opositor de Maduro que falleció bajo custodia después de caer inexplicablemente del décimo piso de un edificio del Sebin.
Y el año pasado, un abogado venezolano exiliado obtuvo 153 millones de dólares luego de que volvió al país debido al secuestro de su padre, solo para terminar encarcelado por cargos fabricados de trabajar como “terrorista financiero” para socavar al gobierno de Maduro.
Al igual que en los casos previos, la demanda de Holt acusa a Maduro de encabezar al Cartel de los Soles, un supuesto grupo de narcotraficantes que incluye a algunos altos miembros del Gobierno de Venezuela y a guerrilleros de las Farc, y que presuntamente envía 200 toneladas de cocaína a Estados Unidos cada año.
Pero cobrar estas indemnizaciones ha resultado una tarea complicada. No se tiene conocimiento de que Maduro ni sus colaboradores cercanos tengan propiedades o cuentas bancarias a su nombre en Estados Unidos. Cualquier riqueza que los funcionarios hayan robado posiblemente esté resguardada tras una serie de prestanombres cuyos bienes son difíciles de rastrear e incautar.
Entre los seis colaboradores de Maduro acusados como presuntos responsables del encarcelamiento de Holt se incluye al fiscal general de Venezuela, al comandante de las fuerzas armadas y al presidente del Tribunal Supremo de Justicia.
*Con información de Associated Press.