Colombia, uno de los países más reconocidas por su diversidad ambiental, ahora lidera una preocupante realidad, se ha convertido en el lugar más letal del mundo para los defensores del medioambiente. Según el último informe de Global Witness, en 2023 se registraron 79 asesinatos de líderes ambientales en el país, una cifra alarmante que subraya la gravedad de la situación que se vive en territorio nacional.
Con esto, según se reporta, la cifra de líderes colombianos fallecidos en el último año sería el equivalente a 40 % de todos dichos activistas de todo el mundo. “Nunca habíamos tenido una cifra tan desproporcionalmente alta”, dijo Laura Furones, asesora de la organización y directora del informe que pone la dura cifra para Colombia.
“En poco más de una década, se ha asesinado allí a 461 activistas. Actualmente, Colombia es el país con el mayor número de asesinatos documentados entre 2012 y 2023. Un total de 31 de las personas asesinadas en Colombia en 2023 eran indígenas y seis pertenecían a comunidades afrodescendientes”, dice el informe de la ONG.
Como contraste de la gran diferencia que hay entre Colombia y los demás países del informe, en el territorio nacional se han asesinado 79 líderes ambientales en el último año, liderando el ranking, mientras que en el segundo puesto está Brasil con 25 muertos, y en tercer y cuarto lugar, Honduras y México; cerrando el top 5 está Filipinas con 17.
Esta ola de violencia se dirige principalmente contra comunidades indígenas, afrodescendientes, pequeños agricultores y activistas que luchan por proteger sus territorios y los recursos naturales de la explotación ilegal, la deforestación y los megaproyectos. Los líderes ambientales se enfrentan a amenazas constantes, incluyendo asesinatos selectivos, hostigamiento, desplazamientos forzados y estigmatización.
“Se sospecha que grupos delictivos organizados han cometido la mitad de los asesinatos de personas defensoras acaecidos en Colombia en 2023. De hecho, sólo en un puñado de casos se han podido establecer vínculos entre los ataques a personas defensoras colombianas y las industrias que han suscitado el activismo comunitario: cinco relacionados con la minería, tres con la pesca, uno con la explotación forestal y uno con la energía hidroeléctrica”, se asegura en el informe.
También se reseña que el país ha sido escenario de un conflicto armado interno durante décadas, lo que ha dejado profundas cicatrices en la sociedad y ha generado una cultura de violencia. Los líderes ambientales, al defender los derechos de sus comunidades y el medio ambiente, se convierten en objetivos fáciles para aquellos que buscan controlar los territorios y los recursos naturales.
Según se reseña, la gran mayoría de los ataques hacia los defensores se producen en los departamentos de Cauca (26), Nariño (9) y Putumayo (7). “La violencia contra líderes sociales y quienes trabajan en pro de los derechos humanos parece ir en aumento. Según la organización colombiana Programa Somos Defensores, no se ha observado una mejora significativa en las tendencias generales de las agresiones”, se asegura.
“El Gobierno colombiano se ha comprometido a conceder una posición privilegiada a los activistas ambientales en la próxima reunión de la Conferencia de las Partes. La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Susana Muhamad González, ha afirmado que con el tema de la conferencia, paz con la naturaleza, se aspira a dar relieve a la opinión de quienes cuidan la biodiversidad y los territorios”, dice el informe sobre las labores que ha tomado el Gobierno.