A través de un comunicado conjunto, los gobiernos de los cuatro países anunciaron su respaldo al removido presidente de izquierda. “Los gobiernos de la República de Colombia, de los Estados Unidos Mexicanos, de la República Argentina y del Estado Plurinacional de Bolivia expresan su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú”, dice.
La declaración dada a conocer por el Gobierno mexicano argumenta que desde el inicio de su período presidencial, Pedro Castillo “fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de Costa Rica”, aprobada el 22 de noviembre de 1969, para luego ser objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio del artículo 25 de la mencionada convención”.
Los gobiernos con también mandatarios de izquierda hicieron un llamado para que el establecimiento peruano reinstaure a Castillo en el poder, entendiendo que el líder político ganó en las urnas de manera democrática con la voluntad libre de la ciudadanía.
“Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”, dice el comunicado.
“Solicitamos de las autoridades que respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial en los términos consagrados en el artículo último citado”, finaliza la declaración conjunta de los cuatro países, en la que al reconocer a Castillo como mandatario, dan a entender que sus naciones no ven a Dina Boluarte como la líder legítima de Perú.
Pedro Castillo, un maestro rural alejado de las élites peruanas, gobernó menos de un año y medio en un período marcado por una profunda crisis política al no poder lograr estabilidad en su país y sumar numerosas denuncias de corrupción, lo cual no se menciona en el comunicado, esto a pesar de que la justicia peruana señala al expresidente como el supuesto líder de una organización criminal.
Al momento de su arresto, Castillo se dirigía a la Embajada mexicana para solicitar asilo político, el cual no logró cuando sus mismos escoltas lo entregaron a las autoridades. El argumento de los defensores del expresidente que el Congreso, dominado por la derecha del país, aprobó una norma que permite acelerar un juicio penal en su contra por los delitos de rebelión, más las investigaciones criminales que posee.
Por su parte, la vicepresidenta de Castillo, y recién nombrada como mandataria del país, Dina Boluarte denunció a su predecesor por intentar perpetrar un “golpe de Estado”, declaró en el momento en que tomó el poder. La ascensión de la nueva líder política ha sido respaldada por todo el Congreso y las fuerzas políticas del país, mientras que allegados a Castillo y el mismo expresidente la califican de usurpadora.
Toda la situación ha llevado a que durante el domingo y el lunes, el país enfrente multitudinarias protestas de gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas, sectores afines a Castillo que exigen la renuncia de Boluarte, esto a pesar del plan del nuevo Gobierno para adelantar las elecciones de 2026 a 2024, lo cual no ha debilitado las movilizaciones, que dejan cuatro civiles muertos en las últimas 36 horas.
Los manifestantes que han salido a las calles exigen la inmediata liberación de Pedro Castillo, así como el cierre del Congreso, medida que el expresidente intentó cuando se vio cerca de ser destituido por el órgano legislativo producto de las serias acusaciones en su contra por cuenta de los escándalos de corrupción que salpican a su familia, funcionarios y allegados.
Los manifestantes, algunos vestidos con sombreros y trajes tradicionales, quemaron casetas de seguridad y la iluminación de la pista de aterrizaje fue destruida. El aeropuerto sigue cerrado, con decenas de pasajeros varados. También en Arequipa, la fábrica de lácteos Gloria, una de las más grandes del país, fue ocupada a la fuerza por manifestantes, según imágenes de televisoras.