SEMANA: Gerardo Reyes hizo una investigación que ha sacudido un poco el panorama de tres países en Italia, Estados Unidos y acá en Colombia. Es un tema que tiene un nombre muy llamativo, se llama el ‘Colombian Gate’. En principio, ¿de dónde sale este nombre tan particular?
Gerardo Reyes: Fue un nombre escogido por la prensa italiana para resumir un caso bien complicado, que consiste en que un grupo de personas empezaron a hacer un proceso de acercamiento al gobierno de Italia en nombre del gobierno de Colombia para un contrato de un volumen altísimo, de 4 mil millones de euros para adquirir aviones de combate, submarinos y embarcaciones en Italia de empresas muy reconocidas de ese país, incluida la empresa Leonardo. En ese proceso, se conoció una grabación entre el exprimer ministro italiano Massimo D’Alema y un exjefe paramilitar colombiano, alias Don Antonio.
En esa conversación, el exprimer ministro le da instrucciones a este señor paramilitar, que actuaba como un intermediario del Gobierno de Colombia para ese contrato. Le habla de comisiones que hay que pagar tanto a funcionarios colombianos como a funcionarios italianos y que la intermediación de esos pagos, supuestamente, se haría a través de una oficina en Miami. Como casi todos los escándalos de corrupción de América Latina, y ahora de Europa, una vez más, Miami está en ese mapa. Entonces, lo que yo aporté a esta investigación, porque los italianos han avanzado muchísimo, es cómo se ve ese escándalo en Colombia, que ahora tiene una conexión en Miami, una oficina de abogados que sería utilizada, según las instrucciones del primer ministro, para repartir estas comisiones por debajo de la mesa.
SEMANA: Estos tres puntos geográficos llaman mucho la atención y quisiéramos comenzar por Italia, el país en donde nace este escándalo. Suena muy raro que un exprimer ministro italiano esté buscando a un para en Colombia. ¿Quién es Massimo D’Alema y en calidad de qué estaría haciendo estos contactos con alguien en Colombia con tan malos antecedentes?
G.R.: Sí, y además con posición extrema en el vector ideológico, porque este D’Alema es un líder del partido Comunista de Italia y este líder paramilitar, pues supuestamente está en otro espectro de la ultraderecha, y en su caso la ultraderecha armada, porque ese señor fue condenado por paramilitarismo, por múltiples asesinatos, se declaró culpable ante Justicia y Paz, pidió perdón y le rebajaron la pena a ocho años. La verdad es que es un misterio cómo llegó esta legión de intermediarios y paracaidistas a semejantes alturas de la élite italiana, en este caso el exprimer ministro, para involucrarse en este negocio. D’Alema es una persona que continúa haciendo negocios privados.
Él ya lo explicó, pero cuando le preguntaron qué hacía él hablando con un paramilitar condenado, dijo que él no le revisaba los currículums a sus interlocutores. El caso es que la negociación continúa andando. Hay algunos personajes que se presentaron como delegados consultores externos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. El Ministerio me respondió que no hay ningún contrato de consultoría con ellos en ninguna de las sedes diplomáticas de Italia. Otros que también se presentaron allí fueron dos exmilitares de la Marina colombiana que presentaban credenciales como asesores de la Comisión Segunda del Senado. Así que ese es el entramado que hay.
SEMANA: ¿Cuál es la magnitud de este escándalo en Italia? Usted en su investigación relata unos fallos de un juzgado de ese país y también múltiples artículos de El Corriere della Sera, que es uno de los principales diarios de ese país desde este momento, ¿se podría decir que en Italia este es un tema prioritario?
G.R.: Es un tema que ha llegado a primeras páginas, hay que aclarar que no es que sea cualquier documento en el que baso la historia del relato de cómo ha pasado todo, es una orden de inspección de la Fiscalía napolitana a las oficinas, residencias y computadores de los implicados. Entre esos, uno de los presidentes de las compañías, es como si le hicieran un allanamiento al presidente de la Lockheed Martin, porque esa compañía, la Leonardo, en la que vendería los equipos militares, es muy importante en Italia y en Europa. Hay también que aclarar que esto fue una tentativa de soborno, hubo un momento en el que el negocio fracasó y una de las versiones es que fracasó porque no hubo acuerdo de cómo repartir las comisiones y, en este momento, continúa la investigación. Cada vez que se produce una novedad, es primera página de los diarios principales italianos y de los programas de televisión.
SEMANA: Gerardo, nos gustaría pedirle que nos ponga un poco en contexto para los que no conocemos el tema de armas. ¿De qué tipo de negocios estaba hablando? ¿Cuáles eran esos instrumentos que se querían comprar y cuánto valían?
G.R.: Se estaba hablando de aviones de combate, embarcaciones y dos submarinos por un total de 4 mil millones de euros y las comisiones serían el equivalente al 2 %, lo cual suma unos 80 millones de dólares o euros de comisiones que se repartirían en caso de tener éxito. Pero aún siendo una tentativa de soborno, la Fiscalía napolitana consideró que había un delito de corrupción internacional con ramificaciones en Estados Unidos y en Colombia.
SEMANA: ¿Hasta dónde alcanzó a gestionarse este negocio acá en Colombia? Usted menciona muy bien el papel que cumplió alias Don Antonio, ¿pero se sabe si Don Antonio alcanzó a hacer algún tipo de tratativas o acercamiento con funcionarios del Gobierno colombiano?
G.R.: Yo no entré en esa etapa, pero la prensa italiana ha especulado que hubo visitas de delegados de las empresas interesadas en el contrato a Bogotá y en las cuales habrían participado funcionarios colombianos y estos intermediarios extraños que aparecieron en el contrato. Hay incluso una foto de ellos, en la que supuestamente aparece Don Antonio, pero yo no entré ahí y no tuve forma de confirmar esos viajes, esas fotos. Pero lo que indica es que, si ya estaban en ese plan de viajes y contactos, es que había una posición de apertura del Gobierno de Colombia para embarcarse en ese contrato.
SEMANA: Hay que aclarar que estamos hablando del gobierno de Iván Duque y que una de las personas que ha sido mencionada a raíz de todo este escándalo es la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez. En su investigación, ¿en algún momento se encontró con el nombre de ella?
G.R.: El nombre de ella, en la única parte que lo encontré, oficialmente, es en el informe de inspección de la Fiscalía napolitana en el que se sugiere que ella sería una de las recipientes de los sobornos que nunca se pagaron. Ella ha sacado un comunicado diciendo que no tenía ninguna competencia en esos negocios y que no se había reunido con nadie, los demás involucrados colombianos no se han pronunciado, incluido Don Antonio, que, tengo entendido, vive en Colombia y se hizo un esfuerzo, a través de sus exabogados, para que me diera una entrevista y no fue posible.
SEMANA: ¿Cuál es el rol de Don Antonio hoy?, se entiende que ya habría pagado su condena
G.R.: Sí, pagó su condena, pero no, no tengo información a qué se está dedicando hoy, a qué tipo de negocios se dedica, no, no tengo mucha información.
SEMANA: ¿Hay otros nombres de funcionarios, aparte de la vicepresidenta mencionada, así sea como una probabilidad en este escándalo?
G.R.: Si, de acuerdo con el decreto de justificación de la inspección, tanto de la residencias como de las oficinas de los involucrados, las promesas de las comisiones se hicieron, aparte de Marta Lucía Ramírez, a Germán Monroy Ramírez y Francisco Prieto, que se presentaban como delegados de la Comisión Segunda del Senado y, por supuesto, también a Don Antonio.
SEMANA: Gerardo, ¿en qué momento usted se encuentra con este punto que hace muy novedosa su investigación, que es lo que usted llama la ‘conexión Miami’?
G.R.: A mí me causaba curiosidad que un caso tan importante se estuviera cubriendo en Colombia y en parte también en Italia como en en retazos, en pedazos, en episodios sueltos, que no ponían todas las cosas juntas y me dio por armar ese rompecabezas y vi que había un punto que me interesaba como periodista que trabaja en Estados Unidos, que era esa conexión en Miami que no se había reportado lo suficiente, de qué papel jugó, y hay que decirlo, con el abogado Buenavita, un abogado italiano- americano vinculado a una firma de abogados dedicada a la compraventa de yates y a asesorar a las personas con problemas que tienen que ver con la navegación privada.
Este señor aparece aquí en La Florida como socio de un contador del exprimer ministro italiano, entonces, a partir de eso, decidí contar toda la historia, pero concentrándome en esos vínculos que todavía no se sabe qué originó que un ex ministro italiano tuviera conexiones con una oficina de abogados en Miami, entonces lo que hice fue armar todo ese rompecabezas y concentrarme en la actividad o el papel que jugó este abogado en ese plan de repartición de comisiones.
SEMANA: ¿Qué viene judicialmente para este caso en Italia?
G.R.: Lo que sigue es abrir un juicio, hacer las acusaciones, tengo entendido que el sistema de Italia todavía mantiene el mismo modelo antiguo de Colombia, en el que el juez tiene más participaciones en las investigaciones y bueno, lo que se espera es que se pida la colaboración al gobierno de Estados Unidos, para entender esa escala del escándalo y formular cargos o declarar que no hay suficientes pruebas para comprometer, sobre todo, a estos dos, al primer ministro y a estos dos altos empresarios italianos.
SEMANA: ¿Usted tiene algún conocimiento de que estas personas colombianas que han sido mencionadas en el auto que usted cita de la Fiscalía puedan ser llamadas, así no sea en calidad de imputados, a dar su versión de lo que está ocurriendo en este lado del océano que tiene a los italianos tan interesados?
G.R.: Lo normal es que sí, que Italia pida la cooperación tanto de la Justicia de Estados Unidos como la de Colombia para indagar a los testigos o a los protagonistas del caso. Lo curioso es que no creo que en la Fiscalía, a pesar de que existan tantos indicios serios en Italia, se haya abierto una investigación para saber cómo se manejó en la parte colombiana este proyecto de sobornos, que también yo creo que tendrían consecuencias penales en nuestro país.
SEMANA: ¿Desde hace cuánto tiempo se conoce de estas sospechas de posibles irregularidades acá en Colombia?
G.R.: Desde comienzos de este año, que se dieron a conocer las grabaciones del primer ministro y el paramilitar Don Antonio: hablaban de qué hacer, cuál era el próximo paso y del papel que iban a jugar las oficinas de Miami.
SEMANA: ¿Sabemos de estas otras dos personas que se presentaron o que se cree que son de la Comisión Segunda del Senado? ¿Tenemos algún tipo de información adicional? ¿Usted ha podido tener algún tipo de información adicional de ellos dos?
G.R.: No, no se han pronunciado, no son de la nómina sino que se presentaban como delegados de la Comisión Segunda, la de Relaciones Exteriores.
SEMANA: ¿Qué viene en su investigación frente a este escándalo? ¿Usted va a seguir solamente con lo que usted llama la “conexión Miami” o va a abrir su lupa hacia el otro capítulo, el capítulo que más nos interesa acá, el colombiano, de lo que está sucediendo?
G.R.: Interesa averiguar cómo se adquirió un helicóptero en la Presidencia de la República durante la administración de Duque, vendido por una de las empresas que ahora está en el ojo del huracán por Leonardo. Ustedes recordarán que el gobierno de Colombia pagó un dinero que quedó de un siniestro, que a su vez pagó una compañía de seguros a un avión adscrito a la Presidencia, tengo entendido de la Fuerza Aérea de Colombia, que utilizó ese dinero para comprar un helicóptero moderno en la Presidencia y después fue escogida esta empresa. No estoy dudando porque no tengo ninguna prueba del proceso, pero sería interesante establecer quién representó a esta compañía en Colombia y cómo fue el trámite. Si hubo licitación o no, o si fue una adjudicación directa.
SEMANA: ¿Cuándo está pensando usted sacar esta segunda parte de su investigación?
G.R.: No, uno en esto no puede poner fecha porque hay tantos factores, diversas variables, que es difícil poner un día de publicación.