La activista y defensora de Derechos Humanos Bianca Jagger informó en las últimas horas que el nicaragüense Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, habría sido liberado de prisión para ser enviado a Roma, después de que haya estado encarcelado durante más de tres meses tras ser condenado a 26 años de cárcel por traición a la patria.
“¿Dónde está el Obispo Álvarez? Me han informado de que anoche lo sacaron de la cárcel ‘La Modelo’, y que el régimen le enviará a Roma. ¿Es cierto? ¿Ha dicho Álvarez que está de acuerdo con irse de Nicaragua?”, ha indicado la activista en su perfil de la red social Twitter.
Jagger ha cuestionado que se haya informado a la familia del obispo de esta decisión y ha exigido conocer dónde se encuentra. “El (pasado) viernes la Universidad de Middlesex (Londres) me confirió el título de Doctor Honoris Causa, se lo dediqué a Álvarez (...) y exigí que el régimen de Ortega Murillo presentara una prueba de vida del obispo, tras lo que pedí su liberación inmediata”, ha relatado.
El dirigente opositor Félix Maradiaga ha confirmado que el obispo “ya no se encuentra en el centro de detención”, celebrando la liberación: “Ha estado sufriendo una detención arbitraria, bajo acusaciones falsas. Además, fue sentenciado a 26 años de prisión, despojado de su ciudadanía y trasladado de su arresto domiciliario a la cárcel”, ha criticado.
“Extraoficialmente, se ha mencionado, por parte de fuentes creíbles y bien informadas, que Monseñor Rolando Álvarez podría ser enviado fuera de Nicaragua en las próximas horas, probablemente mañana”, ha indicado Maradiaga.
Fuentes eclesiásticas y diplomáticas han confirmado al medio nicaragüense Confidencial que el obispo se encuentra bajo resguardo de la Conferencia Episcopal. “Sabemos que existen contactos entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal, y el Vaticano para liberarlo y enviarlo al exilio”, han declarado dichas fuentes al citado diario.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió la semana pasada la liberación del obispo, pidiendo a las autoridades nicaragüenses que garanticen “un trato digno” al prelado “mediante el acceso inmediato a servicios de salud, medicamentos y alimentación adecuada”, así como el contacto con “familiares y abogados”, puesto que el detenido se encuentra en una situación de “extrema vulnerabilidad”.
La Corte IDH, con sede en San José, dispuso “requerir al Estado de Nicaragua para que de forma inmediata proceda a la liberación de Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, Obispo de Matagalpa, asimismo para que adopte las medidas necesarias para proteger eficazmente su vida, salud e integridad personal”, informaron desde el tribunal continental a través de una resolución.
Álvarez fue condenado el 10 de febrero tras rechazar, un día antes de su sentencia, marcharse a Estados Unidos junto a 222 presos políticos excarcelados y expulsados del país. La Corte estableció un plazo hasta el 7 de julio para que Nicaragua tramite la liberación del prelado e informe debidamente del proceso de excarcelación al tribunal.
Mientras se gestionaba su liberación, la Corte Interamericana dispuso que se garantice “un trato digno mediante el acceso inmediato a servicios de salud, medicamentos y alimentación adecuada, así como a facilitar su contacto con familiares y abogados”.
El caso de Álvarez es uno de los temas de tensiones entre el gobierno de Daniel Ortega y la Iglesia Católica, mientras las relaciones diplomáticas de Managua con el Vaticano están al borde de la ruptura. A inicios del pasado marzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense sostuvo en un comunicado que “se ha planteado una suspensión de las relaciones diplomáticas” con la Santa Sede.
El encargado de negocios del Vaticano en Nicaragua, Marcel Diouf, abandonó el país el 17 de marzo. Hace un año Ortega expulsó el nuncio, Waldemar Stanislaw Sommertag.
El 10 de febrero, un día después de la excarcelación y expulsión de los 222 presos, un tribunal condenó al obispo Álvarez a 26 años y cuatro meses de cárcel y al pago de una multa de 1.600 dólares. Además, lo privó de su nacionalidad nicaragüense y de sus derechos ciudadanos a perpetuidad.
En los últimos meses, el Gobierno de Daniel Ortega ha privado de nacionalidad a disidentes, ha expulsado del país a embajadores y ha clausurado miles de ONG nacionales e internacionales, así como medios de comunicación y organizaciones religiosas.
Ortega ha criticado en numerosas ocasiones a la Iglesia Católica, a la que ha calificado de “dictadura perfecta” y de “usar” a sus obispos para “dar un golpe de Estado” en el país centroamericano, asegurando que algunos sacerdotes hicieron llamamientos al derramamiento de sangre durante la ola de protestas contra el Gobierno en 2018, que se saldó con la muerte de más de 300 personas.
Con información de AFP y Europa Press*