El gobierno británico anunció este jueves sanciones contra los contratistas colombianos Álex Nain Saab Morán y su socio, Álvaro Enrique Pulido Vargas, por malversar ayudas públicas en Venezuela.

De acuerdo con la agencia AFP, Saab Morán y Pulido Vargas verán sus activos congelados en el Reino Unido, adonde tendrán prohibido de viajar “para garantizar que ya no puedan canalizar su dinero a través de los bancos británicos ni entrar en el país”.

Las autoridades británicas sancionaron a los contratistas por explotar dos programas públicos de Venezuela creados para suministrar a los venezolanos pobres alimentos y viviendas a precios asequibles.

“Se beneficiaron de contratos adjudicados indebidamente, en los que los bienes prometidos se entregaban a precios muy inflados. Sus acciones causaron más sufrimiento a los venezolanos, ya golpeados por la pobreza, para su propio enriquecimiento privado”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido en un comunicado.

Saab, quien al parecer ejercía como testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, fue detenido en junio de 2020 en Cabo Verde y está acusado por el departamento del Tesoro estadounidense de haberse aprovechado desde 2016 de contratos sobrevalorados vinculados al plan de ayuda alimentaria de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) venezolanos, en una trama que incluiría a tres hijastros del presidente venezolano, así como a 13 compañías en varios países y operaciones ilegales en el sector del oro en Venezuela.

Días atrás, y luego de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU solicitara frenar temporalmente la extradición de Álex Saab a los Estados Unidos, el fiscal de Cabo Verde, José Luis Landim, aseguró que este organismo “no tiene competencia para suspender el proceso judicial en curso contra Álex Saab, solicitado en extradición por los EE. UU. por lavado de dinero”.

El fiscal Landim agregó que “si existe una denuncia de violaciones de derechos humanos, lo que (el comité) tiene que hacer es investigar”. Del mismo modo, Landim dijo en una rueda de prensa que se llevó a cabo este martes que era “extraño” el comportamiento del Comité de Naciones Unidas al hacer esta solicitud.

“Ya hemos expresado esta posición en el proceso, que está rodeado de mucha, mucha prensa, muchas noticias falsas (...). Siempre tratamos de intervenir en el caso y dejar claro que no hay bases legales para suspender este proceso”, manifestó el fiscal de Cabo Verde. Y aseguró que la decisión respecto al caso de Saab, que a hoy está en manos del Tribunal Constitucional de Cabo Verde, se conocerá en los próximos días.

Vale la pena recordar que una carta de dos páginas, a la que tuvo acceso SEMANA, señala como medida provisional o temporal “de conformidad con el artículo 94 del reglamento del Comité, abstenerse de extraditar al señor Álex Naim Saab Morán a los Estados Unidos de América mientras su caso está siendo examinado por el Comité o hasta nuevo aviso”.

Esto impediría que se cumpliera la solicitud de extradición que hizo Estados Unidos desde 2019, en cuyo indictment señala que Saab es el aliado de Venezuela para establecer un complejo esquema de lavado de dinero calculado en mínimo 350 millones de dólares, con la finalidad de mover millonarias sumas de dinero del régimen fruto de negocios ilícitos de tráfico, venta de oro y compra de insumos para el país, pese a las sanciones que se le han impuesto al régimen.

Sin embargo, la última palabra sobre su extradición la debe tomar el gobierno de Cabo Verde que tiene detenido (en casa por cárcel) a Saab y estaba a punto de enviarlo a Estados Unidos. Pero la defensa del empresario considera que la decisión, tomada por Comité de Derechos Humanos de la ONU, es vinculante, por lo que sería obligatorio su acatamiento.

Otras sanciones del Reino Unido

Entre los otros sancionados por el Reino Unido se destaca Teodoro Obiang Mangue, vicepresidente de Guinea Ecuatorial e hijo del actual presidente.

El Reino Unido lo acusa de “malversación de fondos estatales hacia sus propias cuentas bancarias personales, acuerdos de contratación corruptos y solicitud de sobornos, para financiar un estilo de vida fastuoso” que incluye la compra de una mansión de US$100 millones en París y un jet privado de 38 millones de dólares.

También están en la lista el gobernador de la provincia iraquí de Nínive, Nawfal Hammadi Al-Sultan, y el empresario zimbabuense Kudakwashe Regimond Tagwirei.

“Las medidas que hemos tomado hoy van dirigidas a individuos que se han llenado los bolsillos a costa de sus ciudadanos”, afirmó el canciller británico, Dominic Raab.

Con información de AFP.