Los legisladores que investigan el asalto mortal al Capitolio de Estados Unidos se expresaron por unanimidad el martes a favor de acusaciones penales por desacato contra Steve Bannon, exasesor de Donald Trump que se ha negado a participar en las pesquisas.
“El señor Bannon cumplirá con nuestra investigación o enfrentará las consecuencias”, advirtió el demócrata Bennie Thompson, quien encabeza la comisión bipartidista encargada de investigar los ataques del 6 de enero contra la sede del Congreso, y criticada por Trump y sus aliados.
“No podemos permitir que nadie se interponga en el trabajo de la comisión especial mientras trabajamos para esclarecer los hechos. Lo que está en juego es simplemente demasiado”, agregó ante un voto unánime de los nueve miembros a favor de la imputación de Bannon.
Steve Bannon fue citado ante esta comisión especial de la Cámara de Representantes que investiga el papel del expresidente republicano en el ataque de sus simpatizantes contra la sede del Congreso, el pasado 6 de enero, cuando los legisladores certificaron la victoria de la elección presidencial de Joe Biden.
Esta recomendación de la comisión de investigación debe votarse ahora en el pleno de la Cámara, donde los demócratas son mayoría, con miras a transmitirla al Departamento de Justicia.
El secretario de Justicia, Merrick Garland, decidirá si procesa a Steve Bannon, quien en teoría enfrenta hasta un año de prisión.
Bannon, de 67 años, fue uno de los arquitectos de la exitosa campaña presidencial de Donald Trump en 2016 antes de ser expulsado por el multimillonario republicano.
Aunque no ocupó ningún cargo oficial el 6 de enero, al parecer habló sobre la protesta con el presidente en los días previos al asalto, según la comisión.
El asesor político de derecha le había dicho al panel que retendría testimonios y documentos hasta que se resolviera la apelación de Trump de “privilegio ejecutivo”, que permite a los presidentes mantener en secreto ciertas conversaciones con sus asistentes. Para los demócratas esa prerrogativa solo se aplica a los presidentes en ejercicio.
Trump demandó para mantener secretos los registros
Donald Trump presentó una demanda para bloquear la divulgación de registros de la Casa Blanca relacionados con la insurrección del 6 de enero, según documentos judiciales revelados el lunes.
El expresidente alega el “privilegio ejecutivo” para impedir que exayudantes entreguen pruebas al Congreso, en un escalamiento de esfuerzos para obstaculizar a los investigadores del Congreso que siguen la pista del mortal asalto al Capitolio, en Washington.
La impugnación probablemente desencadenará un prolongado enfrentamiento de alto nivel en los tribunales que pondrá a prueba la autoridad constitucional del Congreso para investigar al Ejecutivo.
“La petición del comité no es otra cosa que una vejatoria e ilegal” ofensiva “abiertamente respaldada por Biden y designada para investigar de forma inconstitucional al presidente Trump y su administración”, dice la demanda interpuesta ante el tribunal del distrito de Washington.
Los investigadores del Congreso buscan testimonios de funcionarios que puedan explicar qué tanto sabía Trump - quien considera la posibilidad de volver a postularse para un segundo mandato en 2024- del ataque antes de que ocurriera, y qué hizo mientras tuvo lugar.
Desde finales de agosto, los Archivos Nacionales ha estado enviando a Biden y Trump voluminosos registros requeridos por los investigadores, dándoles 30 días para revisar el material.
La Corte Suprema ha dictaminado que el presidente puede mantener algunos documentos y conversaciones confidenciales para permitir conversaciones más sinceras con sus ayudantes.
Pero ningún tribunal se ha pronunciado sobre si el privilegio se extiende a los expresidentes. Por ahora Biden tiene la última palabra y ha permitido que se libere un primer lote de documentos pese a las objeciones de Trump.
La demanda pide a un juez federal declarar inválido cualquier pedido del comité legislativo e impedir a los Archivos Nacionales entregar más material.
Aunque parece probable que pierda la demanda, el intento podría atrasar la divulgación de los archivos por meses o años, amenazando con posponer el informe del ataque a una fecha más cerca de las elecciones de medio mandato de 2022, lo que permitiría acusaciones de sesgo por parte del entorno de Trump.
El expresidente ha pedido que los ayudantes de más alto nivel desafíen la citación a comparecer ante el selecto comité.
*Con información de AFP.