El Congreso argentino inició este martes sesiones extraordinarias convocadas por el presidente ultraliberal Javier Milei, quien asumió el poder hace dos semanas. Lo hizo con el fin de que esa instancia debata posibles leyes complementarias a un megadecreto de desregulación económica.
Sin embargo, tal decreto ha sido resistido por la oposición y las centrales obreras, que le piden a la justicia declararlo inconstitucional, lo cual el Gobierno argumenta que no es cierto.
“Los diputados y senadores deberán elegir entre acompañar el cambio que ha votado la gente o seguir obstruyendo y poner palos en la rueda”, dijo este martes el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa en el que pidió a los congresistas darle el aval a la radical reforma económica que plantea el Gobierno Milei.
El paquete complementario que debatirá el Congreso hasta el 31 de enero también incluye reformas impositivas a la ley electoral y a las funciones del Estado. Pero el foco sigue estando puesto en el decreto con más de 300 leyes que el presidente Milei firmó la semana pasada y cuyo contenido despertó grandes protestas callejeras, reacciones negativas de la oposición y la convocatoria a una manifestación de las centrales obreras este miércoles para pedir que la justicia declare como inconstitucional la reforma planteada por el gobierno ultraliberal.
Este martes se oficializó, además, la anulación por decreto de los contratos de unos 7.000 empleados públicos en el marco de la reducción del gasto del Estado, que aspira llegar al equivalente 5 % del producto interno bruto (PIB).
Según el mandatario y su gobierno, la reforma estatal es totalmente necesaria para evitar que Argentina caiga en una hiperinflación por los gastos que generan muchas instituciones públicas y que han aumentado la deuda de la nación.
Así mismo, la polémica está sobre la mesa porque el decreto limita el derecho a huelga de los ciudadanos, deroga la ley de alquileres con la cual se limitaban los precios de los arriendos, elimina normas de protección a los trabajadores y de resguardo al consumidor frente a aumentos abusivos de precios. Esto, cuando la inflación anual supera el 160 % y la pobreza, el 40 %.
También quita topes a las comisiones bancarias y tasas punitivas, libera las cuotas de los seguros de medicina privada, deja sin efecto la legislación que establecía aumentos trimestrales a las jubilaciones, así como allana el camino a la privatización masiva de empresas públicas y la conversión de los clubes deportivos en sociedades anónimas, lo cual generó rechazo desde los equipos de fútbol.
El decreto, contra el cual la justicia ya admitió un amparo colectivo de organizaciones civiles, debe ser refrendado en el Congreso, pero no fue incluido en el temario de las discusiones extraordinarias que se debaten en el recinto estatal para la promulgación de la reforma económica. Esta hizo parte de las propuestas de Milei para llegar a la Presidencia de la República.
Entrará en vigor el viernes, diez días después de su firma, independientemente de su análisis en el Congreso, que solo puede aprobarlo o invalidarlo en su totalidad, sin modificar su contenido. Para rechazarlo es requisito que tanto la Cámara de Diputados como el Senado voten en contra, siendo la única forma para que no sea una realidad en el país.
El partido de Milei, La Libertad Avanza (ultraderecha) tiene 40 de los 257 diputados y siete de 72 senadores, en tanto la oposición conserva la primera minoría en ambas cámaras. Las demás fuerzas son tres partidos de centro y de derecha de la coalición Juntos por el Cambio, que tienen la segunda minoría, además de una pequeña representación de la izquierda y otras agrupaciones provinciales.
*Con información de la AFP.