El Congreso de Estados Unidos continúa estructurando el próximo presupuesto nacional, en el cual se incluyen US$461 millones de dólares para las colaboraciones bilaterales de este país con Colombia.
En medio de los debates la Cámara de Representantes aprobó un proyecto en el cual se condiciona la entrega de recursos que se dirigen a la Policía Nacional, con el fin de que el Departamento de Estado certifique que Colombia y la institución sí adelantan acciones de investigación en contra de los uniformados que se ven involucrados en casos de violación de los derechos humanos.
La decisión, que deberá ser votada y aprobada también en el Senado de EE. UU., implica que a futuro el 30 % de los recursos que aporta el país para combatir el narcotráfico en territorio nacional y que son los que recibe la Policía, dependan de esta certificación, medida que existe desde hace más de una década para los recursos que se giran al Ejército Nacional.
De los más de US$400 millones, US$65 necesitan esa certificación para que sean recibidos por el Gobierno colombiano, un cambio que fue celebrado por diferentes congresistas americanos y que fue apoyado por organismo internacionales como Human Rights Watch (HRW), a raíz de las múltiples protestas y denuncias de violación de los derechos humanos que se han originado en el país desde el pasado 28 de abril, cuando inició el paro nacional.
Fue el representante a la Cámara, James McGovern, quien adelantó dichas gestiones en la audiencia. “¿Cuál es nuestra responsabilidad aquí en los Estados Unidos? Muchos de mis colegas y yo hemos pedido la suspensión de la asistencia directa de Estados Unidos a la Policía Nacional de Colombia hasta que veamos la responsabilidad judicial por la brutalidad policial”, señaló.
En medio de su intervención, el congresista presentó las condiciones de pobreza y desigualdad de millones de familias en el país, situaciones que se intensificaron con la pandemia del coronavirus. Asimismo, recalcó que desde noviembre de 2019 los colombianos han salido masivamente a las calles en tres oportunidades, siendo la más extensa el reciente paro nacional de las centrales obreras.
“Las áreas más críticas, aisladas y desconectadas [en Colombia] están fuertemente correlacionadas con los lugares donde hay un importante enfrentamiento armado y actividades económicas ilegales como el cultivo de coca y algunas actividades mineras”, destacó McGovern, explicando las razones por las que la política antinarcóticos y el apoyo de EE. UU. deberían reconsiderarse.
Ante la aprobación de las nuevas condiciones, el director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, quien también participó en dicha petición, celebró. “Excelentes noticias del Congreso de EE. UU. El subcomité de apropiaciones de la Cámara aprobó un proyecto para condicionar la asistencia de EE. UU. a la Policía de Colombia a mejorías en DD. HH. Hoy esa exigencia solo existe para fondos destinados al Ejército”, escribió en Twitter.
En la misma línea se pronunció el senador Iván Cepeda: “Gran noticia: por primera vez Congreso de EE. UU. condiciona entrega de recursos que se autorizan para la Policía. Se reafirma la urgencia de una reforma profunda de esa institución y la necesidad de cerrar el Esmad”.
En medio del plan de colaboraciones bilaterales, Joe Biden solicitó US$453,8 millones de dólares (ahora la cifra ha crecido en el Congreso) como ayudas para Colombia, lo que representa un incremento de US$41 millones de dólares en relación con la asignación que se dio en el gobierno de Donald Trump, que fue de US$412 millones de dólares.
Los recursos estarían destinados a la lucha contra el narcotráfico, el impulso al desarrollo económico, el fortalecimiento de los planes de salud y la asistencia humanitaria.