El Congreso de Estados Unidos ordenó una investigación al Departamento de Estado sobre el asesinato en julio de 2021 del expresidente haitiano Jovenel Moïse.
El Senado votó por unanimidad que se emita un informe en un plazo de 180 días con una “descripción detallada” sobre las circunstancias que rodearon el asesinato de Moïse.
El informe, ya autorizado por la Cámara de Representantes, también analizaría si hubo interferencia en la investigación oficial y si alguno de los responsables del crimen trabajó en algún momento para el gobierno estadounidense.
A principios de este mes, la fiscalía estadounidense acusó a un exsoldado colombiano, Mario Palacios, de conspirar para secuestrar o matar a Moïse en una operación en la que murieron tres mercenarios colombianos y otros fueron detenidos.
A día de hoy persisten interrogantes sobre el móvil del asesinato de Moïse, quien había prolongado su mandato en el país caribeño en medio de gran polémica, ya que la oposición estimaba que había concluido en febrero.
Según la policía colombiana, los detenidos afirmaron que tenían previsto secuestrar a Moïse y entregarlo a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos.
El primer ministro haitiano, Ariel Henry, afirmó recientemente que quiere “que triunfe la justicia por el asesinato infame” de Moïse.
La ley aprobada por el Congreso también exige que el Departamento de Estado informe sobre los derechos humanos y el uso de la ayuda desde el terremoto que devastó al país en 2010.
“Estamos muy preocupados de que un gobierno haitiano que es tan inestable como corrupto permita o fomente más abusos contra los derechos humanos”, señaló este viernes el senador demócrata Ben Cardin, uno de los promotores de la ley, en un comunicado.
Estados Unidos “debe actuar con urgencia para ayudar a nuestros vecinos haitianos”, añadió, precisando que Unicef ha informado de que 1,6 millones de personas en Haití, incluidos 800.000 niños, necesitan urgentemente asistencia humanitaria.
La normativa también exige una investigación y presiona para que se rindan cuentas por la masacre en el barrio La Saline de Puerto Príncipe en 2018, en la que murieron decenas de personas.
“Durante demasiado tiempo, el pueblo haitiano ha soportado las penurias de la corrupción, las bandas criminales, los disturbios civiles y los devastadores desastres naturales”, afirmó este viernes el senador republicano Marco Rubio, en un comunicado.
Sin un parlamento funcional desde hace dos años y con un poder judicial paralizado, Haití, el país más pobre del Caribe, se hunde en una crisis de gobernanza.
El creciente control de las pandillas sobre el territorio nacional lastra las esperanzas de una mejora de las condiciones de vida para la población, víctima de secuestros cometidos a diario por bandas armadas.
Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Haití, Jean Victor Généus, reveló este viernes que las autoridades están estudiando la posibilidad de reclamar a Estados Unidos la extradición del ciudadano colombiano Mario Antonio Palacios, principal sospechoso del magnicidio del presidente Jovenel Moïse.
Généus ha explicado que el tratado internacional de extradición firmado en 1904 entre ambos países, y puesto que el asesinato se produjo en territorio haitiano, permite a las autoridades reclamar la extradición de Palacios, quien la semana pasada confesó ya en Estados Unidos que el grupo de mercenarios colombianos en el que se encontraba era consciente de que el objetivo era matar a Moïse.
En esa línea, indicó también que se está trabajando en la extradición del empresario haitiano-palestino Samir Handal, detenido a mediados de noviembre en Turquía acusado de haber participado en la trama para matar a Moïse, para lo que ya se ha enviado la información requerida por Ankara a su Embajada en República Dominicana, según ha dicho en una entrevista para el diario Le Nouvelliste.
Généus confirmó que no han abordado todavía con el Gobierno dominicano la reciente detención en aquel país del empresario haitiano Rodolphe Jaar, considerado uno de los narcotraficantes más importantes del país y de quien también se sospecha que pudo haber participado en el asesinato de Moïse.
“No se ha tratado la cuestión de la detención de Rodolphe Jaar”, pero “hemos insistido a las autoridades dominicanas en la necesidad de fortalecer la cooperación entre los dos países en la lucha contra el crimen transnacional” y “de ello depende la estabilidad y la paz en ambos lados de la frontera”, señaló.
Unas cuarenta personas permanecen arrestadas por el asesinato de Moïse el pasado 7 de julio en su residencial particular de Puerto Príncipe. Entre los detenidos hay una veintena de mercenarios colombianos que en algún momento sirvieron en el Ejército Nacional, así como el haitiano-estadounidense Enmanuel Sanon, acusado de ser uno de los autores intelectuales del crimen.