Una comisión del Congreso de Perú votó este miércoles y aprobó tramitar una denuncia de la Fiscalía para iniciar un antejuicio al presidente izquierdista Pedro Castillo, a quien acusa de liderar una organización criminal.
“La denuncia constitucional 307 ha sido aprobada por mayoría”, anunció la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones. El documento contra Castillo y dos exministros de su gobierno, fue presentado al Congreso el pasado 11 de octubre por la fiscal general, Patricia Benavides. La votación arrojó 13 votos a favor y ocho en contra. La sesión y debate previo lo transmitió el canal de televisión del Congreso.
Según la Fiscalía, todos los denunciados son “presuntos integrantes de una organización criminal que habría actuado en agravio del Estado, la cual estaría encabezada por el propio mandatario”.
La imputación al presidente peruano se basa en más de 190 elementos probatorios acumulados por los fiscales. La admisión a trámite de la denuncia representa el puntapié formal de un largo proceso que puede acabar con la salida de Castillo del poder. “Es el inicio de todo un proceso”, declaró a la radio RPP el exmagistrado del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume.
Esto se produce a menos de tres días del arribo a Lima de una misión de la OEA que analizará la aguda crisis política en Perú por los recurrentes choques entre Ejecutivo y Legislativo.
La subcomisión debe evaluar la denuncia y si la declara procedente remitirla a la Comisión Permanente del Congreso, penúltimo peldaño antes de ser enviada al pleno. El pleno del Congreso es la única instancia que puede decidir la suerte del presidente, que fue elegido el año pasado para gobernar hasta julio de 2026.
La tesis de la Fiscalía es que el mandatario dirige una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político. Es la primera vez que la Fiscalía denuncia a un presidente en funciones de Perú.
Desde su llegada al poder, Castillo ha vivido bajo el cerco de la Fiscalía y el asedio de un Congreso dominado por la derecha, que exige su renuncia y ya intentó destituirlo en dos ocasiones. El presidente, maestro rural de 53 años, dice ser víctima de una campaña para sacarlo del poder.
La denuncia es la segunda contra Castillo en el Congreso. Una previa, le imputa traición a la patria al considerar un posible referendo popular para conceder una salida al mar a Bolivia. La acusación de traición aún debe ser debatida por la Comisión Permanente, lo que puede ocurrir este viernes. Dicha acusación pide que se le imponga “la sanción de inhabilitación por cinco años para el ejercicio de la función pública”.
Gobierno de Pedro Castillo tiene una desaprobación del 66 %
La gestión del presidente de Perú, el izquierdista Pedro Castillo, mantiene un 66 % de desaprobación, una cifra similar a la registrada en octubre, según un sondeo del grupo Ipsos.
En tanto, la aprobación a la gestión del mandatario pasó de 26 % en octubre a 27 % en noviembre, señala esta encuesta publicada por el diario El Comercio. La cifra de personas que no respondió subió a 7 %. El sondeo del 10 de noviembre tiene un margen de error de 2,8% y consultó a 1.209 personas en varias ciudades del país.
El Congreso, dominado por la derecha opositora y enfrentado a Castillo desde que llegó al poder hace casi 15 meses, siguió concentrando el rechazo generalizado de los peruanos con su desaprobación, motivada por denuncias de ilícitos contra algunos parlamentarios, entre otras razones.
El sondeo del 10 de noviembre tiene un margen de error de 2,8 % y consultó a 1.209 personas en varias ciudades de Perú. En octubre, cosechaba un rechazo de 74 % y una aceptación de 16 %.
La encuesta fue divulgada una semana antes de la llegada de una Comisión de alto nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) para analizar la aguda crisis política en Perú. Castillo, en el poder desde julio de 2021 para un mandato de cinco años, ha debido enfrentar dos intentos de destitución por parte del Congreso, y responder a seis investigaciones fiscales por presunta corrupción suya y de su círculo familiar y político más cercano.
*Con información de AFP.