Este miércoles, el Congreso de Perú aprobó una moción de censura dirigida al ministro del Interior, Vicente Romero, en la que argumentó la falta de éxito en sus estrategias contra el crimen organizado y la delincuencia.
La moción obtuvo la aprobación con 75 votos a favor, 28 en contra y 14 abstenciones, superando los 66 votos necesarios para la censura. Ante esta decisión, se espera que el ministro presente su renuncia en los próximos 72 horas ante la presidenta Dina Boluarte, quien se encuentra en Estados Unidos y regresará este sábado.
El Congreso recibió dos mociones de censura contra Romero, fundamentadas en su “manifiesta incapacidad técnica, falta de liderazgo y carencia de idoneidad para el cargo”.
Durante el debate parlamentario, diversos legisladores expresaron su descontento argumentando que el ministro no ha presentado estrategias efectivas para combatir la creciente inseguridad y criminalidad en Perú.
Sobre el tema, Héctor Ventura, congresista de Fuerza Popular, lo describió como un ministro “sin ideas, estrategias ni un plan efectivo”. Por su parte, Adriana Tudela, parlamentaria de Avanza País, señaló que las iniciativas de Romero se han centrado en una “mano dura populista”.
Este acontecimiento marca la primera censura a un ministro desde que Boluarte asumió la presidencia en diciembre de 2022, tras la crisis política desencadenada por la detención del entonces mandatario Pedro Castillo, quien anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción.
Primer ministro de Perú, Alberto Otárola Peñaranda, es investigado por presunta corrupción
En los últimos meses, el panorama político peruano se ha visto sacudido con la noticia de que la Fiscalía comenzó una investigación al primer ministro, Alberto Otárola Peñaranda, por presunta corrupción.
La Fiscalía de la Nación anunció a través de un trino en su cuenta oficial que ha comenzado una investigación preliminar contra Luis (Alberto) Otárola, presidente del Consejo de Ministros, por su presunta participación en el delito de colusión, tanto en su modalidad simple como agravada, en perjuicio del Estado. Este caso estaría relacionado con la supuesta contratación de Rosa Rivera Bermeo en Devida, una entidad dedicada a la lucha contra las drogas.
La controversia surgió el 17 de septiembre, cuando el programa Panorama reveló que Rosa Rivera y Yaziré Pinedo habrían obtenido cargos en instituciones públicas después de reunirse con Otárola en diciembre de 2022 y marzo de 2023.
Según Panorama, el 2 de marzo pasado, Otárola y Rivera tuvieron una reunión de media hora en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros. A las dos semanas, Rivera firmaba dos contratos con Devida por un total de 27.000 soles, aproximadamente 7.000 dólares al cambio actual.
En cuanto a Yaziré Pinedo, el programa afirmó que ella se reunió con el ministro días antes de que él pasara de ser ministro de Defensa a Primer Ministro, en diciembre del año pasado. Pocos días después, Pinedo obtenía un contrato por 53.000 soles, más de 13.500 dólares al cambio actual.
Dos días después de la revelación, el primer ministro respondió a las acusaciones en una entrevista con la cadena radial RPP, argumentando que no se había cometido ningún acto irregular y cuestionando la crítica a las reuniones entre ministros y futuros colaboradores, alegando que es normal revisar currículos y documentos en tales encuentros.
*Con información de Europa Press