La mañana de este viernes, 6 de mayo, el Congreso de Perú confirmó la negativa de sus miembros a un proyecto de reforma constitucional que había presentado en días pasados el presidente de ese país, Pedro Castillo Terrones.

El primer mandatario proponía una modificación a la carta magna, con el objetivo de que se autorizara la convocatoria a un referendo en el que los peruanos decidieran si deseaban o no el llamado a las urnas para la conformación de una asamblea constituyente.

El proyecto de ley comenzó su trámite legislativo y, tras ser debatido en el seno de la Comisión Constitucional, fue sometido a votación. El resultado fue de 11 votos a favor de archivar el proceso, contra 6 que pretendían seguirle dando trámite.

La decisión tomada este viernes por los miembros de la Comisión Constitucional del Congreso de Perú se da después de que el pasado martes, 3 de mayo, el jefe del gabinete ministerial, Aníbal Torres Vásquez, acudiera ante ese órgano para exponer el proyecto del gobierno de Castillo.

Advirtieron que la profunda crisis política que atraviesa su país requiere de una “salida democrática” y de un espacio para la construcción de un nuevo pacto social.

Torres Vásquez había advertido que, si bien el llamado o no a un referendo —en el que fueran los ciudadanos quienes decidieran si se citaba a una constituyente— dependía del visto bueno del Legislativo —pues para ello se requiere una reforma constitucional—, la voz que debía oírse a la salida planteada por el gobierno era la del mismo pueblo.

“El poder emana del pueblo y es un deber del Estado generar condiciones favorables para que este se ejerza a través del derecho a la participación política”, dijo el funcionario, pidiendo al Congreso que permitiera el referendo.

“El Proyecto de Ley N° 1840 es una salida democrática, a fin de que el poder constituyente pueda desplegarse y abrir un momento de diálogo hacia un nuevo pacto social”, adujo el jefe de gabinete en su exposición.

También había advertido que, dada la condición actual que atraviesa ese país, “establecer reformas parciales ya no es una opción”. Recordó que su carta magna —dadas las múltiples reformas a las que ha sido sometida desde su promulgación en 1993, hace cerca de tres décadas— se había convertido en una ‘colcha de retazos’ llena de modificaciones; a estas, además, las calificó de mediocres y de que solo se formulan para responder a las necesidades del gobernante de turno.

El funcionario cuestionó la modificación hecha en 2021, explicando que limitó el derecho al referendo, en un contexto en el que se comenzó a abusar de las figuras constitucionales de la “moción de vacancia”, proceso del que recientemente logró salir avante el cuestionado presidente Castillo.

Señaló, por ejemplo, que “en el 2019, con el referéndum convocado por Martín Vizcarra, los peruanos aprobamos tres de las cuatro reformas constitucionales sometidas a referéndum”. No obstante, los cambios derivados de ellos para los sistemas político y de justicia son insuficientes.

La pregunta que no fue

De haber sido aprobado el llamado a referendo, según versa el proyecto ahora archivado, este se hubiese adelantado el próximo domingo 2 de octubre, fecha en que los peruanos se darán cita en las urnas para las elecciones regionales y municipales.

Sobre la pregunta que planteaba realizarse a la ciudadanía, esta era la propuesta por el Gobierno Castillo: “¿Aprueba usted la convocatoria de una asamblea constituyente encargada de elaborar una nueva Constitución Política?”.

En caso de haber sido aprobada, en el eventual referendo, la constituyente, esta habría contado con cuatro meses para ser conformada, con 130 miembros, y posteriormente habría necesitado 12 meses para que se formulara una nueva carta magna.