El Congreso de Perú ha tomado dos decisiones trascendentales para el país y para el presidente Pedro Castillo. Por un lado el parlamento aprobó el debate de vacancia presidencial para el día 7 de diciembre con el fin de saber si el jefe de estado puede o no seguir ejerciendo su cargo.
Otra decisión importante fue la tomada por la Comisión de Constitución de aprobar un dictamen con el que se pretende llevar a cabo una reforma constitucional que establezca la realización de elecciones generales en el 2023, a pesar de que están programadas para el año 2026.
“Con 11 votos a favor, la Comisión de Constitución aprobó el dictamen que propone la reforma constitucional para establecer el proceso electoral Elecciones Generales 2023″, ha informado el Parlamento en un comunicado en la red social Twitter.
Este sería el primer paso para la aprobación total de este dictamen que es impulsado por grupos parlamentarios de la oposición que pretende reformar la Carta Magna para acortar los mandatos del Gobierno y del Congreso. Los congresistas tendrán que reunir al menos 87 de los 130 votos en dos legislaturas consecutivas.
El proyecto de ley afirma que el Presidente de la República convocaría a Elecciones Generales “en un plazo máximo de cuatro meses desde la entrada en vigor de la ley” concluyendo así el mandato de la vicepresidenta, los congresistas, los parlamentarios andinos y el mismo presidente los días 26 y 28 de Julio del 2023.
No es la primera vez que el Congreso intenta reducir el tiempo de una legislatura. Durante el Gobierno del expresidente peruano Martín Vizcarra, se presentó una reforma constitucional que pretendía acortar el periodo legislativo y presidencial al año 2020, en lugar del año 2021.
Todas estas decisiones políticas tomadas por el Congreso de la República se llevan a cabo en un momento que coincide con el final de la visita de la misión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) que visitó Perú a finales del mes pasado para revisar la solicitud del presidente Pedro Castillo, quien alegó ante la entidad internacional “una nueva modalidad de golpe de Estado”.
Los hallazgos del Grupo de Alto Nivel (GAN) de la OEA, que se reunió hasta en 29 ocasiones con distintos poderes del Estado y representantes privados y de la sociedad civil, desvelan que Perú afronta una alta inestabilidad que dificulta gobernar y atender los asuntos más urgentes del país.
Esta inestabilidad se basa, según la OEA, en la alta fragmentación de las fuerzas políticas, en los constantes cambios de formación de gabinetes, el cuestionamiento en el nombramiento de funcionarios, o incluso en los reiterados pedidos de la oposición por recortar el mandato del Ejecutivo y que se adelanten las elecciones.
“El Grupo de Alto Nivel de la @OEA_oficial ha ratificado que mi gobierno viene recibiendo ataques desestabilizadores por un grupo político que hasta hoy desconoce el voto popular y pretende vulnerarlo”, tuiteó el presidente.
En su análisis de la situación política del país, la OEA ha mostrado su preocupación por un uso excesivo de herramientas de control político, asegurando que existen acusaciones cruzadas en las que cada parte se acusa de violar la jurisdicción por llevar a cabo acciones fuera de su competencia.
Con información de Europa Press*