Más de 40 países, entre ellos España y Estados Unidos, alertaron ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas del “ritmo alarmante” al que empeora la situación en Venezuela y de la “persecución judicial” emprendida contra el principal candidato opositor en las elecciones presidenciales del 28 de julio, Edmundo González Urrutia.
La ministra de Exteriores de Argentina, Diana Mondino, se dirigió al Consejo en nombre de este grupo de países para trasladar la “profunda preocupación” por “la grave crisis estructural de Derechos Humanos que atraviesa Venezuela”, acentuada en los últimos meses, especialmente a raíz de la jornada electoral.
En este sentido, han dado cuenta de “detenciones arbitrarias” de opositores, periodistas y manifestantes, de un “uso desproporcionado de la fuerza” y de la “persecución” emprendida contra González, que el pasado sábado salió de Caracas rumbo a España para pedir asilo político.
Mondino dijo que es “especialmente preocupante el daño que estas acciones ocasionan al Estado de derecho, la democracia y el respeto a las libertades civiles y políticas del pueblo venezolano, y que redundan en un deterioro de la obligación de respeto y garantía de los Derechos Humanos por parte de Venezuela”.
Los países que secundan esta declaración, entre los que hay siete latinoamericanos (Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Panamá y Uruguay), quienes han reclamado al gobierno de Nicolás Maduro la liberación “incondicional e inmediata” de “todas las personas detenidas arbitrariamente”, así como el cese de “la ola de represión contra los opositores políticos y manifestantes”.
También le han emplazado a reanudar la colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y a permitir la entrada de una misión de investigación de la organización internacional, con vistas a que haya observación externa sobre el terreno.
Contra Maduro ya pesa una denuncia presentada ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad, una medida con la que busca ejercer una mayor presión sobre el presidente a medida que se ahonda la crisis política en el país caribeño.
Se trata de una denuncia que lleva vigente desde 2018 y que fue presentada en primer lugar por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú. Argentina, que retiró su apoyo a la misma en 2021 durante la Presidencia de Alberto Fernández, solicitó el año pasado su reincorporación.
Los países demandantes instaron ya hace seis años al tribunal a investigar posibles crímenes de lesa humanidad y abusos de Derechos Humanos ocurridos en Venezuela desde 2014 bajo el gobierno de Maduro.
El pasado 6 de septiembre, más de 30 expresidentes de América Latina y España, entre ellos José María Aznar, Felipe González y Mariano Rajoy, han presentado un escrito ante la fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) para buscar la “urgente” detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y del nuevo ministro del Interior, Diosdado Cabello, por crímenes contra la humanidad.
El exmandatario colombiano Andrés Pastrana entregó en La Haya la petición en nombre de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Idea-Democrática), que ha decidido actuar atendiendo un “deber moral” y por “convicciones democráticas”.
Con este documento, buscan demostrar que Venezuela es “un Estado militar represor” que ejerce “terrorismo de Estado”, como explicó Pastrana en un video divulgado en redes sociales. Señalan directamente a Maduro, Cabello y la “cadena de mando” que orquesta y permite las violaciones de los Derechos Humanos.
*Con información de Europa Press.