La Policía de Nicaragua anunció este jueves que el sacerdote Jaime Iván Montesinos, que forma parte de la Diócesis de Matagalpa, fue detenido por “menoscabo” a la nación en un nuevo golpe a la Iglesia desde que la Justicia nicaragüense condenara en febrero a 26 años de cárcel al obispo Rolando Álvarez.
Montesinos, quien es párroco en la Iglesia Juan Pablo Segundo del municipio de Sébaco, en Matagalpa, fue detenido el pasado martes sobre las 9.00 horas (pero solo se informó hasta ahora) por “cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de la nación”.
“Se encontraba en actitud sospechosa, en estado de ebriedad y en compañía de una joven (...) La Policía Nacional realiza las diligencias investigativas pertinentes y remitirá al investigado a las autoridades competentes para su enjuiciamiento”, precisa el comunicado de la Policía, al confirmar la captura.
Esto se produce después de que el martes la Diócesis de Estelí anunciara que los sacerdotes Leonardo Guverara y Eugenio Rodríguez, este último fue mediador para conseguir la liberación de varios jóvenes que fueron detenidos durante las protestas de 2018, fueron arrestados por la Policía, indicó el diario La Prensa.
El caso del obispo Rolando Álvarez, de la Diócesis de Matagalpa, fue el más sonado por ser arrestado por la Policía en agosto de 2022 y permanecer detenido en su domicilio durante meses.
Finalmente, el prelado fue condenado el pasado mes de febrero a 26 años de cárcel tras ser declarado “traidor a la patria”.
Pero el de Rolando Álvarez no es el único caso. La justicia de Nicaragua declaró como culpables de “conspiración” contra el Estado nicaragüense a cuatro sacerdotes, Ramiro Tijerino Chávez, José Luis Díaz Cruz, Sadiel Antonio Eugarrios Cano y Raúl Antonio Vega. Igual medida se adoptó contra dos seminaristas, Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno y un reportero, Sergio Cadena Flores.
El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, ha tildado a la Iglesia de “dictadura perfecta” y de “usar” a sus obispos para “dar un golpe de Estado” en el país centroamericano, asegurando que algunos sacerdotes hicieron llamamientos al derramamiento de sangre durante la ola de protestas contra el Gobierno en 2018, que se saldó con la muerte de más de 300 personas.
“Disolución voluntaria” de universidad católica en Nicaragua
Hace una semana el Gobierno de Ortega aprobó la “disolución voluntaria” de una universidad del Arzobispado de Managua, que se suma al cierre de otras dos universidades nicaragüenses ordenado en marzo por “incumplimientos” legales.
El diario oficial La Gaceta publicó el cierre de la Asociación Universidad Inmaculada Concepción de la Arquidiócesis de Managua (UCICAM), que había solicitado la “disolución voluntaria acordada por sus miembros” en asamblea extraordinaria del 10 de enero.
La resolución firmada por la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, señala que tras aceptar la disolución, el ministerio acordó “proceder a la cancelación del Registro y Número Perpetuo asignado” como asociación sin fines de lucro a la UCICAM.
En marzo, las autoridades dispusieron el cierre de la Universidad Juan Pablo II y la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN), decretado por “incumplimientos de sus obligaciones conforme a las leyes que los regulan”, y ordenaron que sus bienes pasaran a manos del Estado.
Ese mes abandonó el país el encargado de negocios del Vaticano, en un momento en el que las relaciones diplomáticas entre Managua y ese Estado europeo quedaron al borde de la ruptura tras unas declaraciones del papa Francisco, que calificó al gobierno de Ortega como “dictadura grosera”.
Los cierres de las universidades se suman a otras medidas del gobierno de izquierda del presidente Daniel Ortega que le han valido sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea.
Más de 2.000 organizaciones privadas han sido proscritas en Nicaragua acusadas de violar las leyes, incluidas varias universidades privadas y organizaciones gremiales de empresarios.
Centenares de opositores fueron detenidos en ese país en el contexto de la represión que siguió a las protestas que estallaron en 2018 contra Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en elecciones puestas en entredicho.
Las protestas de 2018 se extendieron por al menos tres meses en distintas zonas de Nicaragua, con bloqueos de carreteras, así como choques entre manifestantes opositores y oficialistas que dejaron más de 300 muertos, según la ONU.
El Gobierno consideró las protestas como un intento de golpe de Estado promovido por Estados Unidos, mientras organismos internacionales acusaron al Ejecutivo de impulsar una represión contra la oposición.
*Con información de Europa Press y AFP.