La Convención Constitucional, que redacta una nueva Carta Magna para Chile que busca reemplazar la legada por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), aprobó este martes extender el plazo de su trabajo por tres meses.
De acuerdo con los estatutos, el órgano tenía nueve meses para redactar el borrador de la nueva Constitución, plazo que concluye el 4 de abril. La Convención tiene la facultad por una única vez de extender su labor por tres meses más.
“Hoy activamos la prórroga constitucional que nos permite extender el plazo de funcionamiento de esta Convención por tres meses más, hasta completar un año de trabajo”, dijo su presidenta, María Elisa Quinteros, al realizar una cuenta pública.
De esta forma, el próximo 5 de julio deberá entregarle al presidente Gabriel Boric una propuesta de texto constitucional, que será sometida a plebiscito.
La Convención, la salida institucional con la que Chile encauzó las violentas protestas sociales que estallaron el 18 de octubre de 2019, quedó instalada el 4 de julio del año pasado.
Inicialmente con 155 miembros, ha sido la única en el mundo de carácter paritario y que incluyó 17 escaños reservados para pueblos indígenas.
La semana pasada, sin embargo, fue aceptada la renuncia del integrante Rodrigo Rojas, quien en su campaña para ser elegido mintió al asegurar padecer un grave cáncer.
En sus 261 días de trabajo hasta hoy, el pleno ha logrado aprobar 135 normas contenidas en 84 artículos, los cuales serán incorporados al borrador de la Nueva Constitución.
Entre las normas más polémicas destaca la que consagra la posibilidad de abortar, en el marco del derecho a decidir de manera libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo.
Los artículos aprobados hasta ahora recibieron en promedio 122 votos, lo que representa el 80 % de los miembros. Para que sean incluidos en el proyecto de Constitución, necesitan dos tercios de los votos del pleno.
“¿Alcanzamos a terminar el 5 de julio?”, se preguntó Quinteros, para luego responder: “Lo vamos a lograr. Y sí, lo vamos a aprobar. Esa es mi más profunda convicción”.
“Golpe de realidad”
La primera semana del gobierno izquierdista de Gabriel Boric tuvo algunos tropiezos en Chile, particularmente el intento de diálogo que hizo la jefa de gabinete en una zona mapuche donde fue recibida a disparos, un baño de realidad ante las altas expectativas.
A cuatro días de asumir, Boric envió a Izkia Siches, la primera ministra del Interior en la historia de Chile, a la región de la Araucanía (sur), una zona en tensión por ataques incendiarios atribuidos a grupos radicales indígenas que reivindican tierras y que denuncian la operación de organizaciones de autodefensa de las empresas forestales y montajes de la Policía.
En el trayecto a la comunidad de Temucuicui, 600 kilómetros al sur de Santiago, donde Siches pensaba reunirse con el padre de un indígena asesinado por un disparo policial en 2018, la comitiva fue presa de una emboscada.
Un auto en llamas le cerró el paso y se escucharon disparos que obligaron al convoy a retroceder rápidamente, frustrando el ingreso de la segunda autoridad del país a una zona que impone sus propias normas y no permite el acceso de agentes del Estado.
“Las balas interrumpieron o dieron por terminado el período de instalación que iba muy bien (...) Fue un poco abrupto”, dijo a la AFP la analista y fundadora de Latinobarómetro, Marta Lagos.
En la región de la Araucanía se asientan gran parte de las comunidades mapuches que reivindican la restitución de tierras que consideran suyas por derechos ancestrales y que hoy están en manos de empresas forestales.
El frustrado viaje ayudó a sincerar la gravedad de lo que ocurre en la región, agudizado en los últimos años por el abandono de algunas zonas por parte del Estado, de acuerdo con Lagos.
*Con información de la AFP.