La masacre de un grupo de migrantes en México no solo volvió a exponer su infierno, sino los vínculos entre policías y criminales, un mal que según analistas parece no tener remedio por el descontrol e improvisación del Estado. Hasta ahora han sido identificados 14 guatemaltecos y dos mexicanos entre las 19 personas calcinadas el pasado 22 de diciembre en Tamaulipas, estado fronterizo con Estados Unidos, sacudido desde hace años por sanguinarios narcotraficantes.

Según la fiscalía estatal, en los hechos habrían participado 12 policías de élite de Tamaulipas, detenidos la semana pasada. También fueron arrestados ocho agentes migratorios. Detrás estarían bandas que se pelean el tráfico de migrantes hacia Estados Unidos, pues uno de los mexicanos fallecidos se dedicaba a esa actividad. “Este caso es extremo, inadmisible, de gente que estaba en la policía pero que realmente eran criminales”, afirma María Elena Morera, directora de la ONG Causa en Común, enfocada en seguridad y Estado de derecho.

Aunque la matanza está en investigación, Morera señala que la corrupción policial en México sigue a la orden del día por una pobre capacitación, malas condiciones laborales y amenazas de los delincuentes. “Esto hace que los policías se corrompan”, asegura.

Barbarie

Un 79 % de los policías estatales y municipales tienen aprobados los exámenes que evalúan su conducta y competencia. En Tamaulipas la cifra llega a 80 %, lo que siembra dudas sobre la calidad de las pruebas.

Un estudio de Causa en Común de 2019 estableció que los policías mexicanos ganan en promedio US$ 587 mensuales, mucho más del salario mínimo (US$ 212), pero insuficiente ante los riesgos que enfrentan. En 2020 fueron asesinados 524 agentes, según la ONG.

La lista de crímenes que involucran a policías es extensa, siendo uno de los más graves el caso Ayotzinapa, donde agentes coludidos con sicarios participaron en el secuestro y desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero, en septiembre de 2014.

En enero de 2015, policías federales asesinaron a seis civiles en Apatzingán (Michoacán, oeste), según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, ombudsman). Cuatro meses después, 42 presuntos miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron abatidos por federales en un supuesto enfrentamiento donde murió un policía, en Tanhuato, Michoacán.

La CNDH señaló que 22 habrían sido ejecutados y halló evidencia de torturas. Mientras, un comando policial mató en noviembre de 2017 a seis personas, incluida una menor, en lo que fue presentado como un enfrentamiento con el CJNG en Morelos (centro).

Ya en el gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, otro aparente choque resultó un montaje para ocultar la ejecución de ocho civiles en septiembre de 2019 en Tamaulipas. Las víctimas fueron vestidas de camuflaje.

Más de lo mismo

Para Gustavo Fondevila, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, las autoridades “se han resignado a no gobernar a las policías”. Por años, el “acuerdo tácito” ha sido otorgarles recursos y autonomía para su operación y administración, pero en México eso se “convierte en impunidad con muchísima facilidad”, advierte.

La salida habitual de sucesivos gobiernos ha sido crear nuevos cuerpos, como la Policía Federal, instaurada en 2009 por el presidente Felipe Calderón (2006-2012), o la Gendarmería, en 2014, por Enrique Peña Nieto (2012-2018). En paralelo, los militares asumieron gran parte del combate al crimen organizado desde 2006, lo que desató una espiral de violencia que deja 300.000 asesinatos y 80.000 desaparecidos.

En 2019, López Obrador echó a andar un nuevo experimento al suprimir a federales y gendarmes y crear la militarizada Guardia Nacional, que según él “ya se está ganando el respeto del pueblo”.

La confianza ciudadana en la Guardia alcanza 82,8%, frente a 57,6% de las policías estatales, publicó en diciembre el instituto de estadística, INEGI. Pero “a largo plazo (la Guardia) va a traer exactamente los mismos problemas que la policía”, prevé Fondevila, quien cuestiona la formación relámpago de sus efectivos y que no se ataquen los problemas de fondo.