La noticia de esta decisión se hizo pública un día después de que las Naciones Unidas emitieran una seria advertencia sobre la situación de seguridad en Haití. En ese informe, se señalaba que el país, azotado por el control de pandillas violentas en vastas zonas, había experimentado un deterioro aún más pronunciado en su estabilidad, llegando a niveles sin precedentes de criminalidad y caos.
En octubre, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas había otorgado su aprobación para el despliegue de una misión multinacional liderada por Kenia, con el objetivo de brindar apoyo a una policía haitiana abrumada por la situación.
No obstante, esta decisión se vio frenada por la intervención de la Alta Corte de Nairobi, que emitió una orden provisional. Esta medida se dio en respuesta a un caso presentado por el líder de la oposición, Ekuro Aukot, quien argumentó que el envío de policías era inconstitucional y carecía de fundamento legal sólido. Este acontecimiento plantea interrogantes significativos sobre la legalidad y la constitucionalidad de la misión planificada.
“Esta corte se ocupó de este asunto antes que los demás y no tendría sentido que lo deje de lado o permita que se venzan las órdenes judiciales”, declaró el juez Enock Mwita, de la Alta Corte. Adelantó que el tema será analizado en una sesión abierta a partir del 9 de noviembre.
Ekuro Aukot, al enterarse de la nueva orden judicial, compartió su profunda satisfacción en entrevista con AFP. Esta decisión, que detuvo el envío de fuerza policial a Haití hasta que se resuelva el caso, representa un hito significativo para él y su causa.
Cabe destacar que, hasta este momento, los detalles específicos de cómo se llevará a cabo este envío policial no han sido concretados, y aún se requiere la aprobación del Parlamento. El gobierno, por su parte, anunció el 13 de octubre que había enviado este asunto para su ratificación legislativa.
Sin embargo, para Aukot, la aprobación parlamentaria sería una clara contradicción con la decisión del tribunal, lo que lo llevaría a emprender acciones legales contra todos los miembros del gabinete involucrados en esta iniciativa.
La controversia en torno a la participación de Kenia en esta misión de apoyo a Haití ha generado críticas locales, ya que muchos la consideran una empresa altamente riesgosa. Esta oposición local plantea preguntas importantes sobre la viabilidad y el consenso en torno a la participación de Kenia en el conflicto haitiano.
Grupos de derechos humanos sostienen que la policía de Kenia presenta un historial preocupante de emplear la fuerza letal en sus operaciones contra civiles. Esta preocupación se centra en la perspectiva de que, si se autorizara su despliegue en Haití, podría representar un riesgo inaceptable. Esto es especialmente crítico en un país que ya ha experimentado abusos perpetrados por fuerzas extranjeras en intervenciones anteriores.
Kenia, considerada una fuerza democrática en el Este de África, ha desempeñado un papel activo en misiones de paz en el continente africano, incluyendo su participación en zonas conflictivas como la República Democrática del Congo y Somalia. Sin embargo, la noción de enviar a sus fuerzas de seguridad a Haití plantea dudas fundamentales sobre cómo se adaptarían a un contexto tan diferente.
Por otro lado, Haití, la nación más empobrecida de América, ha enfrentado años de agitación y conflicto. Pandillas armadas operan ampliamente en el país, mientras que la economía y el sistema de salud público han sido gravemente afectados.
Un informe de la ONU publicado recientemente ha documentado un aumento alarmante en “matanzas indiscriminadas, secuestros, violaciones y ataques” en barrios urbanos que anteriormente se consideraban relativamente seguros. Esta situación plantea desafíos significativos para cualquier intervención extranjera en Haití.
*Con información de AFP.