La Corte Penal Internacional publicó esta semana un informe en el que afirmó que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela cometió crímenes de lesa humanidad, debido a que se comprobó que hubo detenciones u otra privación grave de la libertad física, los cuales deben ser investigados por la justicia, según quedó en el documento.
El texto, que se realizó bajo el mandato de la exfiscal Fatou Bensouda, quien fue remplazada por Karim Khan, resalta que estos delitos se han venido cometiendo desde mediados de 2017 y en ellas han participado diferentes miembros de las fuerzas armadas y civiles.
“La fiscal ha concluido que la información disponible proporciona una base razonable para creer que desde al menos abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas y personas progubernamentales han cometido crímenes de lesa humanidad de encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional”, según se lee en el informe sobre Actividades de Exámenes Preliminares.
Desde la CPI también se confirmó que los casos que surjan de las investigaciones “serían admisibles de conformidad con el artículo 17 (1) (a) - (d) del Estatuto de Roma”, que es el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional.
“Luego de un proceso exhaustivo e independiente, que se ha beneficiado de la cooperación constante del Gobierno de Venezuela, así como de otras partes interesadas, la Fiscal ha concluido que existe una base razonable para creer que los delitos de la competencia de la Corte se han cometido en Venezuela”, destaca el informe que tiene como fecha el 15 de junio, pero que salió a la luz el martes de esta semana.
Además de las detenciones mencionadas, la Corte Penal también afirma que en el vecino país se han presentado casos de tortura, violencia sexual y persecución por motivos políticos.
La fiscal detalló que estos crímenes fueron propiciados por la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) , la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorción y Secuestro (CONAS), y otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
“Además, la información disponible indica que personas afines al gobierno también participaron en la represión de opositores reales o presuntos al Gobierno de Venezuela, principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su aquiescencia”, añade el informe.
En este sentido, la CPI también acusa al régimen de no haber perseguido ni investigado estas actuaciones, por lo que serían investigados “en términos de inacción”.
“Las autoridades no están realmente dispuestas a investigar y/o enjuiciar esos casos. Esto se debe a que, según la información disponible, se han iniciado procesos internos o se han tomado decisiones nacionales con el propósito de proteger a las personas de la responsabilidad penal”, asegura el informe.
A inicios de junio, la fiscal Bensouda había anunciado que estaba esperando que se resolviera un recurso presentado por el país sudamericano para determinar si la CPI podría entrar a investigar la violación de derechos humanos en Venezuela, país que ha argumentado un trato “discriminatorio” y “desigual”.
Sin embargo, días después la fiscal salió de su cargo sin hacer ningún anuncio al respecto, por lo que ahora la decisión está en manos del nuevo dirigente de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien sustituyó a Bensouda desde el pasado 15 de junio.
Cabe recordar que Nicolás Maduro es presidente de Venezuela desde el 23 de noviembre de 2013, luego de la muerte de Hugo Chávez, y desde ese momento ha estado involucrado en diferentes polémicas y escándalos, relacionados con violación de los derechos humanos, una pésima situación económica y escasez de alimentos y medicinas.