A través de un comunicado de prensa, la Corte Penal Internacional rechazó las presuntas amenazas provenientes desde Rusia, luego de notificar la orden de arresto contra el presidente Vladimir Putin.
“La Presidencia de la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma se refiere a las amenazas contra la Corte Penal Internacional, así como a las medidas anunciadas contra su Fiscal y Jueces involucrados en la emisión de órdenes de arresto en la situación de Ucrania”; indicó CPI al lamentar que se está intentando obstaculizar el proceso que están llevando a cabo para garantizar la rendición de cuentas por actos prohibidos por el derecho internacional.
Adicionalmente, la organización indicó que tanto la Corte, como sus funcionarios electos y personal, cuentan con el apoyo de la Asamblea de los Estados Partes. También “reafirman su plena confianza en la Corte como institución judicial independiente e imparcial y reiteramos el firme compromiso de defender y defender los principios y valores consagrados en el Estatuto de Roma y de preservar su integridad ante cualquier amenaza”.
Finalmente, la comunicación concluyó con que la CPI continuará con su compromiso de luchar contra la impunidad de los crímenes internacionales de gravedad, siendo una institución complementaria de las jurisdicciones nacionales. “Hacemos un llamado a todos los Estados para que respeten su independencia judicial y procesal”, señaló.
Las presuntas amenazas nacen de la orden de captura que el órgano internacional emitió el 17 de marzo en contra de Putin y la comisionada rusa para los derechos de los niños y niñas, María Lvova - Belova.
Después de investigar, la corte, con sede en La Haya (Países Bajos), acusó a ambos funcionarios de haber sido los responsables de la deportación forzada de 16 mil menores de edad desde Ucrania a Rusia en el marco de la guerra presente entre ambas naciones.
La CPI señaló que “los crímenes supuestamente se cometieron en el territorio ocupado de Ucrania al menos desde el 24 de febrero de 2022. Hay motivos razonables para creer que el señor Putin tiene responsabilidad penal individual por los crímenes antes mencionados, por haber cometido los actos directamente, junto con otros y/o a través de otros y por no ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos, o permitieron su comisión, y que estaban bajo su autoridad y control efectivos”.
Esta medida le dio la vuelta al mundo y varios países y figuras internacionales se refirieron al respecto. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró en medio de una conferencia lo siguiente: “Bueno, creo que está justificado. Pero la pregunta es que nosotros tampoco lo reconocemos internacionalmente. Pero creo que es un punto muy fuerte”.
Una de las instituciones internacionales que celebró la decisión fue Amnistía Internacional, calificándola como un importante avance en el conflicto con Ucrania y dándole un mensaje al planeta. Además, señaló que debe ser juzgado sin importar el poder que tenga.
La respuesta por parte de Rusia no se hizo esperar. El país instauró una acusación penal contra los miembros de la Corte y el fiscal jefe como represalia. Desde la agencia rusa Interfax se informó que, las autoridades en Moscú consideran que los jueces Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala y Sergio Gerardo Ugalde Godinez incurrieron en un delito contemplado en el Código Penal ruso al poner en cuestión la protección de la que teóricamente goza un jefe de Estado como Putin, según un comunicado del Comité de Investigación.
También señalaron que Karim Khan, fiscal de la CPI, de inculpar presuntamente a una persona inocente, quien es un mandatario extranjero protegido. Asimismo, reiteraron que Rusia no es responsable de la deportación de los mejores de edad y tampoco avalan la decisión, por el hecho que no reconocen a la institución internacional.