Panamá y Costa Rica informaron este viernes 1 de septiembre que trabajarán de forma conjunta ante los desafíos humanitarios y de seguridad que supone el aumento sin precedentes de migrantes en la peligrosa jungla del Darién, rumbo a los Estados Unidos, en una realidad que consideran injusta e inequitativa, al ser abordada por los dos países solos.
Autoridades panameñas y costarricenses se reunieron en una provincia fronteriza para abordar la crisis generada por la migración irregular que, en lo que va de año, supera las 330.000 personas y ya rebasó la cifra histórica de desplazamientos de 2022.
La canciller panameña, Janaina Tewaney Mencomo, subrayó que en las conversaciones se planteó “tener una sola voz en la comunidad internacional, no solo hacia los países del Sur, sino también a los organismos internacionales que nos apoyan de alguna manera”.
Por su parte, el canciller costarricense, Arnoldo André Tinoco, dijo que “no es justo ni equitativo que sea Panamá y Costa Rica quienes tengan que incurrir en nueva deuda para atender un problema” que no han causado.
El canciller Tinoco subrayó que “el desafío migratorio es prácticamente idéntico entre Panamá y Costa Rica”. Y señaló que las causas de la migración son conocidas por todos: “Las pésimas condiciones de vida, por un lado, en los países del sur, en especial Venezuela por el régimen que allí impera, pero también la tolerancia que tiene Colombia respecto del paso por el Darién”.
También se refirió al “crimen organizado, la trata de personas que incluye a migrantes de África y migrantes de Asia”.
En el encuentro, celebrado en la occidental provincia de Chiriquí, fronteriza entre ambos países, participaron los cancilleres y los ministros de Seguridad de Panamá y Costa Rica.
Los dos países han insistido en las últimas semanas en que el flujo de migrantes se ha desbordado y rebasa sus capacidades de atención. Panamá además ha reprochado a su vecino Colombia, con quien también comparte frontera, por no contribuir desde su lado de la jungla a contener los desplazamientos.
Incluso, las autoridades panameñas anunciaron el pasado jueves 24 de agosto que tomará medidas “contundentes” para frenar la ola migratoria que trata de llegar a Estados Unidos por la inhóspita selva del Darién, en la frontera con Colombia, según señalaron sus autoridades. También denunciaron una supuesta falta de cooperación internacional.
“La comunicación y el manejo que ha tratado de darle Panamá (a la migración) a través de la cooperación internacional ha caído en oídos sordos, hay países del sur que no le están prestando la debida responsabilidad a este tema”, dijo en conferencia de prensa el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, en una clara alusión a Colombia.
“Lógicamente, Panamá debe tomar sus decisiones internas y externas”, comentó Pino, quien agregó que, así las cosas, su país adoptará “medidas y acciones contundentes” para frenar la migración, aunque no dio detalles.
El flujo de migrantes es encabezado principalmente por venezolanos, ecuatorianos, haitianos y colombianos. También figuran extracontinentales, procedentes de África y de Asia.
La cita, en la que también se abordaron temas de seguridad y cooperación binacional en la zona fronteriza, ocurre como antesala a un eventual anuncio de medidas que tomará Panamá controlar el exponencial flujo.
El paso de migrantes por el Darién lleva más de dos décadas, pero el fenómeno se disparó en los últimos años. Panamá ha subrayado que ha manejado responsable y humanitariamente la situación y que ha gastado en los últimos cuatro años más de 60 millones de dólares en la atención de todas esas personas que llegan a los remotos poblados panameños.
El ministro panameño de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, dijo que los temas tratados en la reunión “permiten proyectar los principales factores y amenazas que afectan las zonas fronterizas de ambos países”.
A Panamá, a demás del tema de seguridad, también le preocupa el impacto ambiental de los migrantes en las áreas protegidas de la jungla darienita que se extiende hasta Colombia.
El gobierno panameño ha dicho que la crisis migratoria está dejando una huella ambiental imborrable con la acumulación de unas 9.000 toneladas de basura, afectando fuentes de agua para el consumo en remotas comunidades indígenas, entre otras alteraciones.
*Con información de AP y AFP.