Héctor Cárdenas pasó más tiempo buscando hospitalización que agonizando. Tras un fin de semana con síntomas y comprar por 20 dólares un oxímetro, se dirigió hacia un centro médico cuando la saturación de oxígeno le bajó a 90 por ciento. A sus 67 años, jubilado de toda una vida como educador universitario, Héctor solo podía apelar al precario sistema público.
Subió al vehículo de un vecino y pasó por uno, dos, tres, cuatro y hasta cinco hospitales. No era atendido. “No hay capacidad”, “No hay camas”, “Estamos abarrotados”, escuchó una y otra vez. De dar tantas vueltas, sus hijas –ambas migrantes en Chile– comenzaron a temer un desenlace fatal, a la distancia.
“Pensé que mi papá se iba a morir en ese carro”, dice Gabriela. Finalmente, en el hospital de Lídice el hombre pudo recibir oxígeno, pero no tuvo tratamiento ni ingreso. Pasó la noche en casa y al día siguiente volvió al “ruleteo”.
En la mañana pisó el sexto, El Llanito, al este de Caracas, donde un amigo de un amigo le consiguió una cama. Esperó durante varias horas ser atendido, sin oxígeno. Cuando finalmente fue internado, murió a las tres horas. En Venezuela la situación colapsó.
La organización Monitor Salud registra que 92 % de los equipos de imágenes de los hospitales del país no funcionan, 96 por ciento de las ambulancias no operan. El 80 % de los laboratorios no pueden despachar correctamente. Y más de 60 por ciento presenta fallas hasta de agua y jabón para lavarse las manos.
El Gobierno de Nicolás Maduro no especifica la cantidad de personas hospitalizadas. Según las cifras oficiales, más de 15.000 casos están activos. En todo el país hay unas 12.000 camas –no todas se usan para pacientes de covid-19–; apenas hay 160 camas de unidades de cuidados intensivos (uci) y tan solo 141 ventiladores mecánicos.
Así lo indican los informes de Monitor Salud con base en reportes de médicos de 80 hospitales del país. El estándar de la Organización Mundial de la Salud indica que Venezuela tenga 1.200 camas de uci, pero no llegan ni al 2 por ciento. En marzo de 2020, el entonces ministro de Información, Jorge Rodríguez, cuantificaba en 24.000 las camas disponibles y en más de 4.000 las de uci.
Desde entonces, tampoco se efectuaron inversiones extraordinarias para mejorar la capacidad, denuncia Mauro Zambrano, dirigente sindical de los hospitales capitalinos.
Por si fuera poco, Maduro anunció que todos los contagiados que el Estado detecte deberán ser internados. “No hay capacidad para eso y esa orden no tiene sentido, porque no todos lo requieren. La lógica epidemiológica llama a que aísles a la persona y cortes la cadena de contagio, pero no a que colapses los hospitales”, refuta José Manuel Olivares, médico y dirigente opositor, ahora en el exilio.
Dentro de los centros médicos lo que hay es miedo y abandono. “La falta de Estado se suplanta con la calidez humana”, cuenta Carolina Álvarez. Ella fue paciente de covid-19 y luego debió acompañar a su madre en el hospital El Algodonal, que estaba en cierre técnico en 2020 cuando fue declarado “centinela” para el coronavirus. El Ministerio de Salud reactivó algunas de sus áreas y atiende ahora un máximo de 60 pacientes. Eso sí, todos los gastos corren por cuenta del paciente.
En las salas de hospitalización de ese y otros centros de salud la gente se ayuda. Después de todo, las enfermeras están saturadas de trabajo y, en promedio, deben atender a 60 pacientes cada una.
Los galenos tratantes también son pocos. “A veces hay un solo médico residente. Los doctores atienden como mejor pueden”, ilustra Abelardo Rincón, un camillero de unos de los hospitales más grandes de Caracas. Pruebas de laboratorio, implementos sanitarios y comidas los pagan los interesados.
“Incluso, diariamente se le da una colaboración a las enfermeras por su trabajo”, apunta Carolina Álvarez. Así, 10 dólares se intercambian de manos en medio de la tragedia. Fuera de Caracas los costos aumentan. Gustavo Gómez ha pagado 20 dólares a la enfermera que atiende a su hermano en el hospital Alfredo Van Grieken, de Coro, al occidente. “Lo hemos visto limpio, en buen estado. Pero todo debe ponerlo uno, casi que hasta el sueldo del personal”.
El salario formal de una enfermera en Venezuela roza los 5 dólares mensuales, una realidad de la que tampoco escapan los médicos, residentes o especialistas. Desde hace varios años, la deserción es acelerada. Se calcula que en una década el país ha perdido a la mitad de su personal de salud.
Los que quedan sobreviven, reutilizando mascarillas y guantes, pues la dotación de bioseguridad es irregular. “Hemos tenido que compartir los face shields”, se lamenta una enfermera del hospital Magallanes de Catia, en Caracas. Otros han optado por comprar mascarillas por su cuenta. “Yo tengo que evitar como sea morirme aquí”, dice nerviosa una doctora del Hospital Universitario de Caracas. Como muchos de sus colegas, evita identificarse “porque dentro de los hospitales hay colectivos, comisarios políticos y mucha persecución”.
Hasta el 12 de abril se registraron 468 muertes por covid-19 en el personal de salud, que el Gobierno no reconoce, aunque las evidencias de una mortandad cada vez son más patentes. Las cremaciones por este coronavirus en un cementerio privado de Caracas triplican la cifra de muertes diarias de todo el país que informa el Gobierno de Maduro.
Mientras tanto, el régimen venezolano insiste en que es ejemplo mundial. Enarbola números reducidos para decir que lo han hecho mejor que otros países. Pero la opacidad es la que ha triunfado. En Venezuela se instalaron el año pasado 28 equipos para procesar unas 8.800 pruebas diarias de covid-19, según acuerdo entre Gobierno y oposición. Pero solo se están haciendo menos de 500. Hasta hay equipos sin estrenar.
La Organización Panamericana de la Salud ha develado que de los más de 300.000 kits de pruebas que llegaron al país se había usado menos del 5 por ciento. En contraste, las redes sociales se convirtieron en un sinfín de solicitudes de medicamentos y equipos de oxígeno, clamores por lograr hospitalizaciones, y campañas para solicitar fondos que se destinen a tratamientos y cuidados, y, en casos fatales, a pagar los elevados costos funerarios.
Solo en la plataforma GoFundMe se registran 2.350 campañas para ello en Venezuela, y cada semana de abril se crean más de 200. El país vecino sufre en silencio, pues la información que sale de sus fronteras es mínima, mientras que dentro de ellas el sufrimiento se maximiza.