La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó este lunes 14 de febrero la petición de Bolivia de investigar por crímenes de lesa humanidad al expresidente Evo Morales y a los organizadores de una movilización para bloquear carreteras.
El Gobierno boliviano pidió a la CPI en septiembre de 2020 que investigara la campaña que, según denunció, había provocado la muerte de 40 enfermos de coronavirus porque no se podía suministrar oxígeno a los hospitales. Pero el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, dijo que no abriría una investigación formal, ya que los supuestos actos no eran competencia del tribunal con sede en La Haya.
“Tras una evaluación exhaustiva e independiente de la información de que dispone mi oficina, he determinado que no se cumplen los criterios establecidos en el Estatuto de Roma para abrir una investigación”, dijo Khan en un comunicado. “He llegado a la conclusión de que la presunta conducta no satisface los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad”, añadió.
El Estatuto de Roma establece las normas en virtud de las cuales se creó la CPI en 2002 para juzgar los peores crímenes cometidos en el mundo. Los estados pueden remitir formalmente los presuntos delitos a la CPI, que lleva a cabo una investigación preliminar antes de decidir si inicia una investigación completa.
La remisión de Bolivia acusaba a Morales y a los organizadores del bloqueo de carreteras de impedir deliberadamente, durante su campaña de 12 días, la llegada de suministros médicos urgentes a los hospitales. El bloqueo empezó en septiembre de 2020 después de que el Gobierno aplazara varias veces las elecciones.
Khan dijo que algunos manifestantes “pueden haber actuado con imprudencia”, aunque los líderes de la protesta les instaron a dejar pasar los medicamentos. Pero incluso si se hubieran probado los supuestos actos durante el bloqueo, no habrían sido calificados como un “ataque” coordinado contra la población civil y, por tanto, como crímenes contra la humanidad, dijo Khan.
El fiscal jefe explicó que sus conclusiones “no deben considerarse como una toma de posición sobre ninguno de los acontecimientos o dinámicas relativas a los supuestos incidentes o sobre la experiencia que el pueblo de Bolivia tuvo de esos acontecimientos”. Morales, el primer presidente indígena de Bolivia, había huido al exilio en 2019 tras 14 años en el poder en medio de protestas por su propia y controvertida reelección ese año.
La otra cara de la moneda
En contraste con el caso del exmandatario, el juicio contra la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez por un supuesto golpe de Estado en 2019 contra su predecesor, Evo Morales, arrancó el pasado jueves en medio de controversias. La derechista de 54 años, encarcelada en La Paz desde hace 11 meses y en huelga de hambre desde el miércoles, es juzgada junto a ocho exmilitares.
Se le imputa haber asumido la Presidencia de manera inconstitucional en noviembre de 2019 tras la renuncia de Morales (2006-2019) en medio de protestas multitudinarias por un supuesto fraude electoral denunciado por la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Asumí la Presidencia de Bolivia sin pedirlo, sin buscarlo y mucho menos esperarlo... con la única misión de llamar a elecciones y pacificar el país en convulsión”, aseveró el martes la exmandataria, que gobernó entre 2019 y 2020, en una carta que firmó como “presa política”.
Su abogado Luis Guillén afirmó que el documento de apertura del juicio es una “presentencia”, pues califica a la expresidenta como “de facto” e “inconstitucional”. La Fiscalía anunció que presentará los testimonios por escrito, lo que la defensa rechaza al considerar que impide que ellos y los jueces les hagan preguntas.
Con información de la AFP.